La obsesión enfermiza de los empresarios con los parados de larga duración

José Luis B. Benayas *

No hay duda. El desempleo es la gran lacra de la España de estos años. Según la EPA, 5,93 millones de ciudadanos están en el paro, aunque ya hay más de dos millones que no obtienen ningún tipo de prestación y son 800.000 los hogares en los que no entra ni un solo ingreso. Y eso solo son los datos fríos, porque detrás de esos casi seis millones de personas se esconden historias de todo tipo.

Hay personas que emigran de España. Las hay que se quedan y pelean por un puesto de trabajo pero no reciben ni siquiera una respuesta de las empresas a las que se lo solicitan. Hay otras que, hartas, entran en el pantanoso terreno de la economía sumergida. Y las hay, también, que juegan sus bazas con el tiempo que dura la prestación y, o bien activan la búsqueda de empleo cuando está a punto de agotarse la ayuda, o bien se reciclan con cursos, másteres o idiomas. Y claro, luego hay algún que otro aprovechado, pues 5,93 millones dan para mucho.

Sin embargo, y a ojos de numerosos representantes de organizaciones, lobbies y patronales empresariales, este último grupo, el de los aprovechados, es mayoritario entre el colectivo de desempleados. O al menos es lo que se desprende de sus declaraciones, especialmente duras –y en ocasiones ofensivas- desde que el Gobierno del PP aprobara la reforma laboral en febrero de 2012. José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y presidente de la comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, inauguró la colección de declaraciones altisonantes en torno a los parados. “En España se cree que el paro es una renta”, aseguró, planteando además que un desempleado dejase de cobrar la prestación en el momento en el que rechazase una primera oferta de empleo. “Es inconcebible” ese rechazo, continuó, para remachar: “Como si es en Laponia”. Claro, que a irse a Laponia, Suecia, Gran Bretaña o Chile es a lo que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, denominó “movilidad exterior” para pasmo de los parlamentarios que en aquel momento la escuchaban.

¿Salarios basura?

Juan Rosell, un habitual de la prudencia, patinó también en 2012 cuando aseveró que las estadísticas dejaban patente que una mayoría de desempleados encontraban “milagrosamente” el último mes con derecho a prestación. Rosell calculó a ojo de buen cubero que esta actitud le estaba costando al Estado unos 30.000 millones de euros anuales –cantidad por cierto inferior a la empleada para el rescate de la banca-, y por ello, las Administraciones debían obligar al parado a aceptar un trabajo “le guste o no”.

Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios –lobby empresarial de tendencia liberal-, ostenta el honor de, al menos, haber efectuado unas declaraciones polémicas con petición de disculpas posterior. De Oriol, lanzada, pidió hace un mes al Gobierno “una segunda vuelta de la reforma laboral”, una rebaja del Salario Mínimo Interprofesional para trabajadores sin formación y un replanteamiento del sistema de prestaciones, pues el Estado ha de sufragar a las personas “aunque no valgan para nada”. El paro es una fábrica de “situaciones de parasitismo”, aseguró. Ahí es nada.

“No podemos hablar de empleos basura o salarios basura, no estamos en una situación como para ponernos exquisitos”, aseveró hace unos días el presidente de la patronal empresarial valenciana Cierval, José Vicente González, a la sazón vicepresidente de CEOE. Al menos González efectuó estas desafortunadas declaraciones en el contexto “dramático” de una España con un 25% de paro, y al menos matizó también sus declaraciones para defenderse de la polvareda que levantó en cuestión de minutos. Eso sí, cuando pronunció esas palabras, pareció olvidar las sucesivas encuestas que determinan que el trabajo es cada día más precario y los salarios, para mejorar esa competitividad que nos demanda Europa, no dejan de ir a la baja.

Pero aún hay más. Los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calcularon en su día que los desempleados que no cobran prestación ni subsidios tienen el doble de probabilidades de encontrar un empleo, algo relacionado, “por supuesto, con la intensidad de la búsqueda de trabajo”. Por este motivo, Fedea recomendó que se implantase un sistema de cobro del seguro de paro que reduzca su cuantía "con más intensidad" a medida que el desempleado pasa más tiempo recibiendo la prestación. Su ex director ejecutivo, Michele Boldrin, le puso las palabras a ese estudio: “El seguro del paro en España es ultrageneroso y dura una cantidad de tiempo descomunal”. El Gobierno, por cierto, rebajó la cuantía de la prestación a partir del sexto mes de cobro.

Lo curioso es que todos estos economistas y dirigentes empresariales parecen no ponerse de acuerdo con sus propias reflexiones, pues tampoco se muestran satisfechos con el actual sistema de pensiones. “La jubilación debería ser a los 75 años salvo en el caso de trabajos físicos”, decía hace un tiempo el catedrático Jaime Requeijo, muy vinculado a FAES. Una idea que comparte Juan Iranzo, ex del IEE y ahora presidente del Colegio de Economistas de Madrid. Lo que no explican es cómo será posible reducir la tasa de paro si la edad laboral se extiende hasta los 75 años. Y es cierto que ahora vivimos mucho más, y procuremos hacerlo porque, si morimos, es posible que nuestros hijos ni siquiera puedan disfrutar de un permiso laboral por defunción. José de la Cavada, ex director de Relaciones Laborales de la CEOE, reclamó revisar los cuatro días legales “porque los viajes no se hacen en diligencia”.

(*)  José Luis B. Benayas es periodista.