Una alternativa fiscal para la reforma de las pensiones

Manuel Lagares es un prestigioso catedrático de Hacienda Pública que, habiendo desempeñado cargos políticos (en 1977 fue subsecretario de Economía con el ministro Fuentes Quintana), debe sin embargo su merecida reputación a la sabiduría académica que atesora. Lagares ha estado en “la cocina” de proyectos decisivos para la economía de nuestro país y –desde su participación en los Pactos de La Moncloa-  ha sido el alma máter de numerosos “grupos de trabajo”. Vestido con su indumentaria técnica, don Manuel ha ayudado a diversos poderes ejecutivos como experto partero de futuras leyes de indudable trascendencia social. Con gran predicamento en el Partido Popular desde los tiempos gubernamentales de José María Aznar, goza actualmente de la confianza plena de Mariano Rajoy, que ha encomendado a este profesor onubense la artillería doctrinal pertinente para ejecutar dos reformas de gran calado. Una de ellas es la del sistema público de pensiones.  

En efecto, el maestro Lagares ha sido uno de los doce miembros –en su caso como vocal- del “Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones” creado por el Gobierno y, como tal, suscribió sin ningún reparo el ya archifamoso Informe entregado a su mandante el último 7 de junio. Todos sabemos que, con una ligera funda de “terciopelo” que le ha puesto Fátima Báñez para suavizar sus aristas, el Informe es la piedra angular del Proyecto del Ejecutivo que hoy se tramita en el Parlamento.

Pues bien, en un extenso artículo publicado el 30 de septiembre en el diario El Mundo (al que está vinculado como miembro de su Consejo Editorial), Lagares se ratifica sin ninguna fisura en su voto de apoyo al Informe, cuyo contenido, por haber sido objeto de una difusión permanente desde su misma publicación, no me parece necesario comentar aquí. Sólo me interesa ahora, después -según nos dice el profesor mencionado- de la mejora gubernamental de “las condiciones previstas por los expertos para las nuevas pensiones”, detenerme un poco en las precisiones adicionales de Lagares. Entre ellas destaca la opinión periodística del profesor sobre los “sistemas de reparto” (como el que rige en nuestro país), de la que extraigo  y cito literalmente el siguiente párrafo: “Esos sistemas suelen ser muy apreciados por quienes no se preocupan demasiado del futuro y también por quienes, situados en una zona baja de salarios, creen con cierta ingenuidad que saldrán beneficiados”. Después, Lagares afirma que esos sistemas de reparto, que, según confiesa, nunca le han gustado del todo, se vienen “estrepitosamente abajo cuando el envejecimiento de la población ha empujado con fuerza, como lo está haciendo hoy en nuestro país y en la mayor parte de los países avanzados”. Se impone por tanto un cambio radical de rumbo (aunque no afecte teóricamente a la naturaleza “de reparto” del sistema), pues, incluso “logrando el pleno empleo para tener más cotizantes y utilizando el fondo de reserva de la Seguridad Social mientras ese deseado objetivo se consigue”, las pensiones actuales serán insostenibles dentro de “poco tiempo ante una presión demográfica que aumenta con inusitada rapidez”.

Ante la evidencia que ofrecen los hechos desnudos de la realidad, el profesor Lagares se muestra sorprendido por “las reacciones adversas al proyecto de ley, pues ese proyecto supone una clara garantía para las pensiones futuras”. Sobre todo porque, admitiendo en abstracto la eventualidad de que la Seguridad Social reciba transferencias de ingresos impositivos desde los Presupuestos del Estado, esta facultad de allegar recursos fiscales al sistema es casi inviable, según Lagares, por el escaso margen de maniobra que tiene el Gobierno. Tampoco “los elevados costes que ya soporta la mano de obra permitirán elevar mucho las cotizaciones”, por lo que un incremento de las cotizaciones empresariales sería también una ruta cegada desde el principio, amén de abusiva e irracional. Lagares remata su artículo con un tirón de orejas al Gobierno de Mariano Rajoy, que incluye una apostilla final en forma de advertencia a las Cortes Generales. Pues “los cambios introducidos por el Gobierno –se refiere a la famosa propuesta de revalorización del 0,25% anual- tienen un importante coste, por lo que tendrán un impacto negativo sobre el fondo de reserva de la Seguridad Social y harán algo más difícil el ajuste global de nuestra economía. Circunstancias que no deberían olvidarse en el próximo debate parlamentario”.

No creo que se pueda discutir el rigor científico y profesional del hacendista Lagares. Otra cosa muy distinta sucede con su entronización personal –digámoslo así- en el debate sobre las pensiones de un inevitable, fatal y apocalíptico determinismo técnico que abriría las puertas, en caso de apartarnos espontánea y conscientemente de los dictados de los expertos, al fracaso económico definitivo de la sociedad española. A mi juicio, no existe ninguna autonomía absoluta del conocimiento técnico o “científico” respecto a la decisión madura y voluntaria de los individuos o de las comunidades en asuntos ajenos a las leyes del cosmos o de la naturaleza material del mundo. La técnica es la auxiliar, no la señora de la casa. El propio Lagares es un ejemplo perfecto de dependencia ideológica en lo que dice y también en lo que calla (entre otras cosas porque ha sido consejero de la aseguradora Mapfre). Voy a referirme brevemente a la segunda de dichas facetas. O, lo que es lo mismo, voy a insistir, como tantos otros, en que la supuesta fatalidad que amenaza a la Seguridad Social tiene alternativas. La realidad económica pone a disposición de la comunidad distintas opciones viables. Aunque los que tienen la potencia legal de ejecutarlas y hacerlas efectivas las desechen.

En mi modesta opinión, la afirmación de Lagares sobre “los elevados costes que ya soporta la mano de obra” no es un dato sino una mera opinión valorativa. Comparto sin embargo la conclusión a la que llega: aumentar las cotizaciones a la caja de la Seguridad Social sería insuficiente. Pero ese resultado previsible ni autoriza a poner patas arriba el sistema (como quiere hacer el Gobierno, “dulcificando” un poco las recomendaciones de los expertos por él designados), ni tampoco justifica las soluciones recomendadas por los expertos para salvarnos,  según nos dicen, de la catástrofe demográfica que se avecina. Igualmente, un eventual incremento de las cotizaciones no lo prohibirían los estrechos márgenes empresariales (que, por cierto, de promedio están remontando) que señala Lagares debido a un supuesto encarecimiento de la mano de obra; ni mucho menos la financiación de la Seguridad Social se encuentra maniatada por los impedimentos fiscales del Gobierno a los que alude el experto Lagares. Porque es precisamente en este último capítulo donde, según mi modesta opinión, se deben explotar unas fuentes de recursos que, de manera voluntaria y reiterada, han sido taponadas progresivamente en los últimos años, y no me refiero sólo a las políticas del PP (¿quiénes estaban en el puesto de mando en mayo de 2010, fecha de arranque de la devaluación de los salarios?), aunque también (y con mucha mayor saña ideológica que sus predecesores).

Las cotizaciones a la Seguridad Social serán insuficientes, sobre todo, por los prolongados (y tremendos) ajustes sobre el empleo a través de la sistemática destrucción de puestos de trabajo, precarización de la mano de obra y disminución de su precio que, producidos en gran medida por la lógica implacable de los responsables políticos de nuestro país en los últimos años, van a continuar siendo el leit motiv del futuro económico de España. Por ello considero –siempre que, naturalmente, nuestro juicio fundamental de valor lo constituyan la justicia y la dignidad de los mayores jubilados-, que la “técnica” de financiación de la Seguridad Social debe ser mixta y tiene que dirigir la mirada al aumento de las transferencias de los Presupuestos del Estado con cargo a los futuros –y nuevos- impuestos como complemento de los ingresos específicos y propios del sistema. Sin embargo, los expertos del Gobierno fundamentan su reforma del lado de la reducción del gasto sin tocar los ingresos del sistema. Por el contrario, una buena “técnica” de la justicia y la solidaridad intergeneracional exige construir la casa por los cimientos –los ingresos- y no por arriba rebajando a priori el techo de las prestaciones públicas que van a recibir nuestros viejos (un grupo al que, si Dios quiere, pretendo unirme).

El sistema público de pensiones debe recoger el principio de estricta separación de fuentes financieras, que, en sustancia, hoy sólo rige para el pago –mediante impuestos- de los haberes no contributivos. Junto a las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores, el sistema debe ser capaz de asegurar una parte de las pensiones (complementos a mínimos) o incluso su cifra íntegra (pensiones de viudedad), con independencia en estos últimos casos del factor trabajo y con un anclaje constitucional en el factor ciudadanía. A mi juicio, para medir con suficiencia los ingresos tenemos que dejar en un segundo término el valor económico de la contribución individual a la Seguridad Social y anteponer el valor moral de la sociedad en su conjunto que apela a la protección de los ciudadanos que han llegado al fin de su vida laboral. No es una entelequia retórica, porque la moral cuesta dinero. Y dinero hay en una medida suficiente. Si conceptualmente (aunque la realidad sea otra, por desgracia) hemos conseguido pactar una sanidad igual para todos (al margen de la renta de cada enfermo) y con cargo, no a las cotizaciones sociales, sino al sistema fiscal, ¿qué nos impide aproximarnos un poco a la misma idea en el régimen de las pensiones y subir el escaso porcentaje actual que financia su pago con impuestos? Semánticamente, esta forma de ver las cosas exige que los poderes públicos hablen menos de pensiones de jubilación y más de pensiones de vejez, como con su gran agudeza visual para los matices nos enseña la profesora Piña Garrido. El éxito de una carrera laboral determinada es algo apreciable (y sus rentas pueden ahorrarse y “activarse” en pensiones privadas), pero la justicia pública debe centrarse en la condición de ciudadanía, que demanda una vida digna aunque uno sea viejo y pobre. Como ha dicho el profesor Zubiri, “la Seguridad Social no es una gran empresa aseguradora que deba igualar ingresos a gastos”.

Pero, ¿de qué impuestos se trataría? No desde luego de los actuales, como el IRPF, en los que el grueso de la recaudación descansa ya sobre las rentas salariales. Eso sería tanto como penalizar todavía más a las maltrechas rentas del trabajo. Tampoco debe echarse mano del IVA o de otros impuestos ineludibles para el consumo básico de las familias, por su naturaleza regresiva y contraria al principio de solidaridad que se pretende. Lo que nos lleva a poner un acento especial en el principio de capacidad económica.  

La sostenibilidad de las pensiones de vejez –al menos en el importe mínimo que sea digno para sus titulares- depende de la fiscalidad. En mi opinión, el futuro de las pensiones está ligado a la represión efectiva de la evasión tributaria y también a la reimplantación de los gravámenes sobre la riqueza patrimonial abandonados en los últimos años, con una dimensión normativa tan alejada de posibles consecuencias confiscatorias como de la insolidaridad individual, clasista o territorial que, lo deseen o no, es el resultado al que llegan los expertos. El Gobierno de Mariano Rajoy, como quien no quiere la cosa, está proyectando por separado dos cambios legales de envergadura que afectarán a corto plazo a la Seguridad Social y al sistema tributario. Sin embargo, el momento parece idóneo para la convergencia de ambos proyectos. Son dos instrumentos jurídicos que no se entienden el uno sin el otro, y la sociedad, si lo considera oportuno, debe exigir ese debate conjunto al Gobierno y al Parlamento. Aunque no conviene exagerar unas expectativas que, hoy por hoy, son más bien ilusorias. Porque la reforma de los impuestos, como ha sucedido con la de las pensiones, ya cuenta con el inevitable comité de expertos teledirigido por el Gobierno. Y ese comité fiscal lo encabeza un presidente que no es otro que Manuel Lagares.