Muerte a plazos

En el Consejo de Ministros celebrado el último viernes, el Gobierno acordó remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley sobre diversas medidas tributarias que afectarán, primordialmente, al Impuesto sobre Sociedades. De esta manera –según las notas colgadas en la web de Moncloa- “se continúa con la reforma emprendida en el año anterior de ampliar las bases imponibles de las grandes empresas”. ¿Significa esto que el Gobierno de Mariano Rajoy y el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro buscan una mayor justicia tributaria? La respuesta es muy sencilla: no. El Ejecutivo persigue un fin diferente. Y lo peor del asunto es que el Gobierno continúa empeñado en su guerra química contra la opinión pública. Cada semana rocía a los ciudadanos con unos cuantos botes de gas mentira. El ambiente político es ya demasiado embrutecedor. Además, la política permanente de la mentira no sólo es tóxica para la salud mental (me refiero a la de los miembros del Gobierno). También es estéril para los fines que pretende.

Este año 2013 era el segundo y último del estado de excepción fiscal de anticipos y recargos extraordinarios decretado por Rajoy nada más alcanzar el poder, en diciembre de 2011. Es lo que nos habían prometido. En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, esos anticipos en el ingreso de cuotas fiscales se han traducido en unos pagos fraccionados mínimos (de los que, por cierto, Rajoy excluyó a la Iglesia Católica) del 12% de las bases imponibles trimestrales para las entidades con una cifra anual de negocios superior a veinte millones de euros, y en la limitación a la compensación de bases imponibles negativas. Es decir, no se busca gravar la realidad económica de las empresas, sino que el sector privado (y, dentro de él, las grandes empresas -las pequeñas ya no pueden hacerlo por defunción o por estar en una situación de respiración artificial-) financie por anticipado las necesidades de gasto de la Hacienda Pública. Lo que ahora ha hecho el Consejo de Ministros del viernes es ampliar el toque de queda hasta el 31 de diciembre de 2015. Si a eso el Gobierno lo llama una política de “reformas”, ¿qué quieren que les diga?

En el ejercicio 2007 (cuando, según el Gobierno de Rajoy, las bases imponibles de las empresas eran ficticias y se medían legalmente a la baja), el Impuesto sobre Sociedades fue capaz de recaudar cerca de 44.900 millones de euros. En 2011 tocó fondo (unos 16.600 millones) y en 2012 –cuya declaración se presenta en los próximos días- los ingresos previsibles y finales que el Impuesto sobre Sociedades aportará al erario no alcanzarán siquiera la mitad de los recaudados en 2007, a pesar de todas las restricciones legales y anticipos obligatorios que, uno tras otro, se han implantado desde hace más de un año. Montoro y Rajoy, como obedientes monaguillos de la Comisión Europea, se han confundido de sacramento. Nada de comulgar con los fieles, ni de miramientos y reverencias a la actividad económica y la creación de empleo. Lo suyo es reunirse alrededor del enfermo y, si se recupera, administrarle a guantazo limpio la extremaunción.

La política de austeridad y consolidación fiscal acabará matando la demanda interna, cuya debilidad, y no la de la recaudación fiscal, es el mayor problema de la economía española en estos momentos. Con cada nueva vuelta de tuerca fiscal empeora la demanda, contagiando al empleo, la inversión y, en definitiva, minando la confianza de los individuos. Por eso han fallado todas las previsiones temporales en las subidas de impuestos decretadas a toque de corneta por el Gobierno. Por eso no se cumplen los calendarios fiscales y se ha alojado dentro de la sociedad, en medio de las mentiras del Gobierno, una agonía fiscal permanente que amenaza, no a las grandes empresas, sino al común de los trabajadores y consumidores, mucho más indefensos ante la mano de hierro de la política fiscal. Este último sábado se ha publicado el Decreto que sube (en un 10%) la fiscalidad de las bebidas alcohólicas, salvo el vino y la cerveza, y también incrementa la tributación sobre las labores del tabaco, al mismo tiempo que anuncia la prolongación hasta 2015 de los recargos extraordinarios en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Los del IRPF continuarán al menos en 2014, en contra de lo que prometió en su día el Gobierno…El desprecio del Gobierno a la Ley como fuente de predecibilidad de la reacción del Estado al comportamiento económico de los ciudadanos no puede ser más ruin. Su ataque a la autonomía personal y a la libertad individual es digno de la monarquía bananera que las altas instituciones del Estado español han regalado a la ciencia política.

Muerte a crédito. Muerte a plazos. El Gobierno nos mata lentamente con su interminable cantinela fiscal. Con frialdad absoluta. Sin excusas ni una petición sincera de perdón. Nunca tantos fueron objeto de burla de tan pocos.