Messi, chivo expiatorio del fútbol español

El miércoles se conoció la presentación de una querella por la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona contra el futbolista Leo Messi. Según el relato del Fiscal, el jugador blaugrana, ayudado por su padre, habría cometido varios delitos contra la Hacienda Pública al no declarar en el IRPF de los años 2007, 2008 y 2009 los ingresos obtenidos (más de 10 millones de euros) por la explotación de sus derechos de imagen. Messi habría evadido unas cuotas superiores a 4 millones de euros usando como pantalla e interponiendo como testaferros a varias sociedades instrumentales domiciliadas en paraísos fiscales o en territorios de baja tributación, como Uruguay y Belice.

Si el Juez admite a trámite la querella comenzará un complicado proceso de levantamiento del velo hasta llegar, si es el caso, al auténtico titular de esos ingresos y al cobro por el Fisco español de la deuda que le corresponde, incluidos los intereses de demora.  Y, por supuesto, el litigio criminal puede desembocar en la imposición de una pena privativa de libertad y una multa pecuniaria muy elevada para el jugador. Pesa sobre el Fiscal la carga de la prueba, aunque las investigaciones previas de la Inspección Tributaria y la propia narración de hechos de la querella parecen bien fundamentadas.

Desde un enfoque estrictamente jurídico, ya hemos hablado en cuartopoder.es de ilícitos como los ahora supuestamente protagonizados por Leo Messi. El jugador hispano-argentino no es el primer deportista de alto nivel ni será el último en tener problemas con el Fisco relacionados con sus ingresos por patrocinio y cesión de la explotación mercantil de su imagen. Hoy, sin embargo, no quiero analizar ningún caso individual, sino encajar el lío en que se halla envuelto Messi en el contexto del fútbol profesional en España. En dicho marco resalta la paradoja del parasitismo fiscal de este espectáculo de masas. Todo el entramado institucional que lo explota y organiza es como un vampiro que chupa para alimentarse la sangre de muchos recursos tributarios del Estado, al mismo tiempo que mantiene impagadas unas deudas enormes por devengo de impuestos y cuotas de la Seguridad Social. Y lo hace a medias con el apoyo oficial del Estado y a medias con su consentimiento tácito. Es en este terreno en el que ha entrado como un signo contradictorio y como la manifestación de la faceta más legítima de la Ley del Estado (precisamente contra su lado más vergonzante) la actuación de la Fiscalía en el “affaire” Leo Messi. Pero podemos darle la vuelta al calcetín.

El pasado sábado se publicó en el BOE un Real Decreto cuya finalidad exclusiva es regular el reparto de la recaudación obtenida gracias al Impuesto sobre actividades del juego que grava las apuestas mutuas deportivas. En desarrollo de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, con el visto bueno del Consejo de Ministros celebrado el 7 de junio de 2013, ha estampado su firma en una disposición que mandata al Consejo Superior de Deportes a distribuir el 45,50% del producto de dicha recaudación tributaria a la Liga Nacional de Fútbol Profesional. ¿Qué es lo que más destaca en esta regulación fiscal? Pues dos notas a mi juicio ligeramente perversas e impropias de un sistema tributario eficiente. La primera es la afectación de la recaudación de un impuesto (no de una tasa) a una finalidad predeterminada: el mantenimiento del fútbol profesional. La segunda es la privatización de casi la mitad del rendimiento de un impuesto a favor de un club de empresarios.

El balompié español es una actividad económica insostenible enchufada a la bombona de oxígeno del Estado. Equipos de fútbol en concurso de acreedores, deudas millonarias a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, impagos masivos a los proveedores y a las agencias de viajes…Incluso el Decreto mencionado reconoce “la drástica disminución de ingresos en el ámbito del deporte” y obliga a la Liga Nacional de Fútbol Profesional a soportar una deducción del 10% (hasta un máximo de 4 millones de euros por año) de los impuestos que recibirá en los ejercicios 2013 y 2014 para destinarla al mantenimiento de la actividad deportiva general, siendo aquí preferentes los “gastos de desplazamiento a la península de equipos y deportistas insulares y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que participen en competiciones deportivas de ámbito estatal”. Es decir, caen unas pocas migajas sobre los parientes pobres de Messi.

Los empresarios del fútbol gozan de una impunidad fiscal casi absoluta. Por su parte, los grandes futbolistas que juegan en nuestro país suelen eludir una proporción considerable de su teórica carga fiscal. El tinglado del fútbol de alta competición se mantiene gracias a un sector público presionado por la demanda popular de panem et circenses. Ahora que la cesta del pan está casi vacía, el Reino de España sólo puede legitimarse con las hazañas de los acróbatas, mientras las tribus bárbaras de Germania acampan en las fronteras de su diminuto Estado de Bienestar, prontas a liquidarlo. Yo interpreto la voluntad de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona como una gota de decencia en un océano de permisividad oficial hacia el deporte de élite, como un acto noble de un grupo de funcionarios a los que el Estado que les paga les ha encomendado la tarea de simular que todos somos iguales ante la Ley. Messi es el chivo expiatorio y mediático de una dictadura de hierro a la que se han adherido voluntariamente muchos de nuestros compatriotas. Puede que Messi necesite un poco de mercromina y un par de tiritas.  El fútbol, sin embargo, continuará siendo la religión popular de nuestro país, protegida por el Estado con más ahínco, utilidad y fervor sentimental que los empleados por el Gobierno en su labor de financiación de la Iglesia Católica.

Digo todo lo anterior con un respeto absoluto a la figura y los méritos profesionales del genio del balón que es Leo Messi.