La suerte de Alfredo Sáenz (y también la de Adelson), en manos del Banco de España

Mariano Rajoy y sus ministros suelen presumir de excelencia y profesionalidad. Ellos no son unos amateurs de la política, como el boina de Zapatero, cuyas chapuzas voluntaristas han sido tan devastadoras para España que sólo unos profesionales tan buenos como los dirigentes del PP son capaces de enmendar. Si nos atenemos a la marcha de la economía y el empleo, la autosatisfacción puede que se congele un poco y eche mano del verbo “empeorar”, pero ya se encargará el campeón Arenas de que no maduren los ánimos deprimidos. Adelante, pues. Lo de Rajoy y los suyos son las filigranas del billar a tres bandas o de fantasía. Ellos nunca rompen el tapete, tampoco ganan con trampas o gracias a carambolas imprevistas. Dan a las bolas de marfil el efecto perseguido. Son tan certeros que, cuando le conviene a la cosa pública, matan dos pájaros de un único tiro. Aunque sean dos pájaros de las finanzas. Pero conviene analizar el vuelo de esas dos águilas bancarias por separado porque lo que ha previsto Rajoy para una de ellas puede tener consecuencias no calculadas para la otra.

Sabido es que Alfredo Sáenz, Consejero Delegado del Banco Santander, podrá continuar ejerciendo la actividad bancaria pese a haber sido condenado por sentencia firme como autor de un delito doloso. Del automatismo inhabilitante para la profesión de banquero que supone tener manchada la hoja de antecedentes penales, Sáenz ha pasado a la situación expectante de no darlo todo por perdido si un tercero –en su caso Luis María Linde, Gobernador del Banco de España- le concede su venia y con el pulgar levantado al cielo dice: “que siga”. O bien: “vete, Alfredo, y no peques más”.

Gracias a la aprobación urgente del Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, esa condena firme no será decisiva y la suerte de Sáenz dependerá en última instancia, como se ha dicho, del juicio sobre su idoneidad que emita el Banco de España. La honorabilidad comercial y profesional de los banqueros es un diploma estampado por la evaluación del Banco y dicha entidad podrá declarar idóneos a los individuos condenados por delitos, faltas o infracciones administrativas, “teniendo en cuenta oportunamente circunstancias atenuantes como la firmeza o no de la sentencia, la gravedad de la sanción, el tiempo transcurrido u otras análogas”. Los criterios sobre la honorabilidad deben ser amplios, y no será el menos válido “la trayectoria de cumplimiento profesional y personal del cargo evaluado”. Una condena contra un directivo bancario no tiene necesariamente por qué arrojar “dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la entidad”.

Obviamente, el Real Decreto 256/2013 es una disposición general y en él no se cita el nombre de Alfredo Sáenz. Que salga beneficiado por su contenido puede ser, simplemente, una casualidad. Pero también, como digo en las primeras líneas, puede significar la enmienda final a los yerros cometidos por Rodríguez Zapatero al indultar en su día a Sáenz sin darse cuenta –según observó después el Tribunal Supremo- de la intangibilidad de los efectos administrativos de la condena penal, a tenor de las normas bancarias vigentes a la sazón. Desconozco, claro, las que son ahora las intenciones últimas del Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, objetivamente, hay que reconocer que el marco legal ha cambiado. El Decreto aprobado el viernes en el Consejo de Ministros se fija en la idoneidad de los accionistas significativos de las entidades de crédito, en la de los miembros de los órganos de administración y en la solvencia moral y profesional de los directores generales y de los titulares de funciones clave. Pero, cuidado, que el Gobierno es muy listo y en su afán de encontrar la pureza ha ido mucho más allá de las entidades de crédito y quiere que la nueva normativa se aplique a un amplio rango de actividades financieras, entre las que se encuentran los establecimientos financieros de crédito (incluidas, si es el caso, sus entidades dominantes). Ahí es donde quizás ha comenzado  el juego de las carambolas y los agujeros en el tapete.

La Comunidad de Madrid, en su Ley 8/2012, de 28 de diciembre, ha creado los Centros Integrados de Desarrollo, que pivotarán en torno a los casinos y otros establecimientos de juegos. Como esos Centros van a ser una oportunidad única de negocio en Europa y van a sacar a España de la miseria del desempleo, las autoridades madrileñas han concedido a sus titulares –actuales o futuros- prebendas de todo tipo, empezando por la modificación de la Ley del Juego de la Comunidad de Madrid, que data de 2001. En lo que ahora nos interesa, “las empresas titulares de Casinos de Juego podrán conceder préstamos, créditos o cualquier otra modalidad equivalente de financiación a los jugadores”. El artículo 24 de la Ley 8/2012 va aún más lejos: “se autoriza a los operadores de casinos y otros establecimientos de juego en Centros Integrados de Desarrollo la concesión de operaciones de crédito a jugadores, en los términos y condiciones regulados en la normativa aplicable”.

No es un secreto para nadie que Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, considera al magnate Sheldon Adelson como el empresario idóneo para sacar a la región de su letargo económico con su proyecto Eurovegas. Adelson será algo así como la Reina de Saba en Alcorcón. Para algunos la reputación profesional del millonario norteamericano anda más bien por los suelos, pero ya desde los tiempos de Esperanza Aguirre está claro que los dirigentes madrileños del PP han entronizado a Adelson en el Olimpo de las divinidades empresariales y financieras. Al Banco de España sólo le competen estas últimas. De cara a la futura autorización de sus chiringuitos de crédito, ¿tendrá la misma opinión el Banco de España que Ignacio González sobre la capacidad del americano para gestionar de una forma sana y prudente sus establecimientos de crédito en Madrid? ¿Una gestión sana y prudente para quién: a favor del gestor o en beneficio de los gestionados? Esperaremos a ver dónde conduce la puerta que acaba de abrir Rajoy en los despachos del Banco de España.