Montoro cree que los inmigrantes copan la ‘lista Forbes’

Son relativamente pocos los contribuyentes españoles que tienen bienes en el extranjero. Además –aunque lo digo con las reservas naturales de todos los estereotipos-, esos contribuyentes por el IRPF de nacionalidad española con cuentas bancarias, acciones o inmuebles en el exterior suelen ser personas de rentas elevadas y también presentan un perfil socio-cultural superior a la media de la población. Y, por supuesto, pueden pagar sin demasiados problemas los servicios profesionales relacionados con su patrimonio en el extranjero, como los prestados por abogados, asesores fiscales o especialistas en finanzas. Por tanto, esos contribuyentes gozan de una excelente posición material de salida para presentar la nueva declaración informativa sobre bienes en el extranjero, correspondiente al año 2012, en el plazo establecido al efecto (del 1 de febrero al 30 de abril de 2013). La declaración es ciertamente compleja y los errores involuntarios en su elaboración pueden resultar muy caros en forma de cuantiosas sanciones administrativas. Pero, como se ha dicho, los obligados tributarios de nacionalidad española, si no todos la mayoría, gozan de condiciones materiales de privilegio para salir airosos de la prueba.

El problema, sin embargo, afecta de manera mucho más grave –quizás por una falta de previsión razonable por parte del ministro de Hacienda- a cientos de miles de personas de recursos bastante más precarios que los individuos antes señalados. Afecta a muchas personas que ni siquiera están sujetas al deber de presentar la declaración del IRPF, a perceptores de rentas íntegras del trabajo inferiores a 22.000 euros anuales. Porque la nueva obligación de informar sobre bienes situados en el extranjero pesa sobre las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español. Todas ellas deben presentar el modelo 720 y suministrar una información exhaustiva sobre cuentas bancarias (siempre que el saldo conjunto de las mismas supere 50.000 euros), valores, seguros y bienes inmuebles. Sin embargo, no son pocos los emigrantes extranjeros con residencia en España que, además de su familia, tienen el grueso de sus ahorros y su casita en el país donde nacieron y desde el que partieron a trabajar rumbo a España, ese país natal al que muchos desean regresar en su vejez, si la recesión española no les ha forzado ya a volver a su lugar de origen o les obligará a retornar a corto plazo. Asistentas bolivianas, camareros ecuatorianos o inquilinos de las múltiples torres de Babel erigidas a lo largo de la Península Ibérica en los años de bonanza financiera y puertas abiertas a la mano de obra barata.

No presentar en plazo la declaración informativa, o presentarla de forma incompleta, inexacta o falsa constituye infracción tributaria muy grave. La Ley General Tributaria establece para estos casos unas sanciones verdaderamente brutales: tanto el incumplimiento total del deber de informar sobre cada grupo de bienes o su declaración incompleta, inexacta o falsa comportará una multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien (omitido o erróneo), con un mínimo de 10.000 euros. Por otra parte, la presentación del modelo 720 por medios distintos a la vía telemática por Internet se castiga con multa cuyo importe mínimo será de 1.500 euros. Y eso no es lo peor, porque a dichas sanciones debe añadirse una pena (legalmente disimulada), como es, a efectos del IRPF, la consideración de ganancia patrimonial no justificada de la tenencia de esos bienes sitos en el extranjero si el contribuyente no prueba que la misma se corresponde o con rentas declaradas o con rentas obtenidas en periodos impositivos en los cuales no hubiera sido contribuyente por el IRPF. Con el agravante de que la obtención de dicha ganancia patrimonial –absolutamente ficticia- no prescribe, en un acto de desafío radical –por parte de la Ley 7/2012, instauradora de esta obligación informativa- al artículo 9 de la Constitución. Cristóbal Montoro puede ser un ultraliberal o un estalinista trasnochado. Supongo que todo depende de su estado de ánimo circunstancial. En este caso ha hecho un flaco favor a los trabajadores más humildes y desamparados. En nombre de la equidad, debe rectificar.

Los inmigrantes no tienen ni la voluntad ni la posibilidad real de dañar gravemente a la Hacienda Pública española. Tienen un patrimonio en el extranjero, cuando lo tienen, muy modesto y precisamente por el hecho de ser extranjeros. Además, su encuadramiento económico y jurídico en España suele ser precario y dependiente de las organizaciones de compatriotas que les prestan asistencia y protección. Mezclar y confundir jurídicamente a cientos de miles de inmigrantes de origen muy diverso, poca cualificación profesional en la mayoría de los casos y recursos limitados con contribuyentes españoles pertenecientes a las decilas de rentas más altas y con una posibilidad efectiva de evadir sus impuestos gracias a sus contactos en el exterior, como hace la Ley 7/2012, es un desatino integral. Someter a los inmigrantes a una normativa tributaria muy compleja, amenazarles con graves sanciones en caso de error, y obligarles a aplicar e interpretar por su cuenta leyes mal redactadas en declaraciones cuya modalidad obligatoria de presentación es de carácter telemático (como si fueran sociedades mercantiles o grandes contribuyentes individuales) es, a mi modesto entender, un abuso del Ministerio de Hacienda, probablemente no deseado, que debe rectificarse de inmediato. No es de recibo que un inmigrante con rentas salariales bajas esté legalmente expuesto a pagar un IRPF del 52% (más sanciones e intereses de demora) sobre el valor de su casa en Bolivia, Rumanía o Marruecos y, además, a abonar una multa mínima de 10.000 euros.

El Derecho no puede medir de la misma forma a quienes son intrínsecamente desiguales, a un potentado español con fondos de alto valor en el extranjero y a la asistenta hispanoamericana forzada por causas económicas a abandonar su tierra que cuida de nuestros hijos pequeños o atiende a nuestros ancianos. Estas personas merecen cierta consideración y respeto. No es justo que se les aumente arbitrariamente el tamaño de sus cargas.