Presupuestos para la desunión europea
El nuevo marco presupuestario europeo para el 2014-2020 añadirá nuevas incertidumbres al proceso de integración y complicará la salida de la crisis y la lucha contra el paro juvenil, pese a ser aprobado por unanimidad el pasado viernes por la cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno. Si no es vetado o enmendado tras su debate en el Parlamento Europeo, la reducción real sobre las cifras de los siete años anteriores superará más de un 10%, pues a los 35.000 millones de euros de reducción nominal (en torno al 3,6%) habrá que añadir la inflación media del periodo. Por tanto, es previsible que mantenga a los 27 como el grupo de países significativos con peores resultados en crecimiento, empleo y otras variables, aun cuando beneficie a España por no recortar como se esperaba los fondos regionales y dotarla de 1.000 de los nuevos 3.000 millones de euros contra el paro juvenil, ya que en esto bate récords europeos e incluso mundiales.
En términos de rentas totales, desde el 1% de tope que se fijó en el anterior marco plurianual que vence este año los Presupuestos prevén una paulatina reducción anual desde el 0,98% del año 2014 hasta el 0,91% del año 2020. Por tanto, se ampliará aún mas la enorme distancia respecto a los estados federales, que como los EEUU multiplican al menos por 20 los recursos centralizados, lo que consagra a la UE cada vez más como una unión de normas son las mínimas transferencias fiscales entre los países. Justo la dirección contraria recomendada por las teorías de la integración y de las áreas monetarias óptimas para compensar las deficiencias en la movilidad del trabajo o de los capitales.
Hachazo a la cohesión
Será la primera vez que la UE reduce sus ya ridículos presupuestos (hasta 959.988 millones de euros en términos de compromisos y 908.400 millones en pagos), porque será también la primera vez que se recorta la política de cohesión. Reforzada desde los años ochenta ante la perspectiva del inicio de la unión monetaria y el impulso de la económica, la cohesión económica, social y territorial se verá mermada en 29.700 millones del 2011 (un 8,4% sin contar la inflación), cifra que por sí sola se se aproxima al descenso total medio de unos 35.000 millones de euros en este marco presupuestario (las cifras varían para compromisos y pagos).
Este descenso de la cohesión tradicional será compensado con creces por el aumento de 34.100 millones de euros en los presupuestos de las partidas para la competitividad en favor del crecimiento económico y del empleo, que ascenderán a 125.614 millones. En este contexto se situará el nuevo fondo de unos 6.000 millones de euros contra el paro juvenil, de los cuales sólo la mitad serán realmente recursos adicionales pues los demás procederán de reasignación de partidas. Entre este gran grupo de competitividad y el anterior de cohesión la suma será de 446.310 millones de euros (el 1% mas en términos solo nominales), bajo el rótulo que se denomina crecimiento inteligente e inclusivo, objetivos de la estrategia 2020 que pasan por contribuir a que la UE y sus Estados miembros alcancen para ese año tasas de empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años.
Sin embargo, a golpe de restricciones presupuestarias, la UE lleva camino de conseguir durante esta década similares resultados a los de su llamada Estrategia de Lisboa para la década pasada, cuando pretendía superar a los EEUU como mayor economía del conocimiento del mundo y realmente, al terminar esos diez años, había retrocedido en términos relativos no solo ante la mayor potencia, sino que avanzó menos que otras. La buena noticia será que, al menos, aumentarán algo en términos nominales los fondos para la investigación, la innovación y la educación, además del citado para el empleo juvenil. La mala para los países receptores será que aumentará considerablemente la condicionalidad macroeconómica para recibir todos esos fondos, según se desprende de la lectura de las 48 páginas del comunicado final.
Para ello, se alinearán todos los fondos estructurales y de cohesión (al igual que el Fondo Europeo para el Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) bajo un Marco Estratégico Común, con el fin de maximizar su eficacia y optimizar las sinergias. Esta condicionalidad macroeconómica previsiblemente generará demoras y problemas en la recepción de los fondos, además de sanciones y mayor vigilancia de los países receptores.
Por tanto, no estamos solo ante unos presupuestos mínimos para una unión mínima y ajustada a los intereses de las coaliciones de Alemania y Reino Unido frente a las de los países mediterráneos. El resultado de dos cumbres europeas, la del 23 de noviembre y la de este jueves y viernes, no solo ha logrado "la mayor cifra posible para la unanimidad" entre los Estados miembros, en palabras del presidente de la Comisión, Durao Barroso, sino también introducir dificultades adicionales para los receptores.
Entre las grandes partidas, la más erosionada será la política agraria y en general la etiquetada bajo el rótulo de crecimiento sostenible y recursos naturales, pues estos presupuestos la recortan un 17,5% (casi en 60.000 millones de euros, para quedar en 277. 851). Será la primera vez que baja de un tercio del total de los presupuestos, pese a la consagración del desarrollo sostenible en los Tratados desde Maastritch para acá como uno de los grandes principios. Desde su inicio con el Tratado de Roma de 1957 llegó a superar los dos tercios. Su descenso remarca la pérdida de influencia francesa, además de la transformación del sector, aunque ello afectará también a los países de las últimas ampliaciones, tanto mediterráneos como del Este.
Además, la nueva tarta presupuestaria europea se tendrá que repartir en los próximos años al menos en tres países más que la aprobada el 2007. Ahora serán los 28, pues a los 27 actuales se sumará Croacia el 1 de julio de 2013, mientras que entonces eran 25 socios y no contaba tampoco con las nuevas competencias otorgadas por el Tratado de Lisboa.
Perspectivas de inestabilidad política
Todo ello genera nuevas perspectivas de inestabilidad y no solo de ineficiencia política entre los países europeos y dentro de los mismos. Al margen de cómo se resolverá la incógnita de las elecciones generales alemanas de septiembre y del anunciado referendum británico sobre la permanencia en la UE, a los nuevos horizontes del desgobierno italiano que anuncian los sondeos electorales tenderán a sumarse otros países donde la secesión o el independentismo encontraba un cierto freno en las políticas de cohesión territorial, como es el caso de España, que en los años ochenta realizó la descentralización estatal hacia dentro (el traspaso de competencias económicas y administrativas a las comunidades autónomas) casi al mismo tiempo que la descentralización hacia fuera (similares traspasos hacia la UE , principalmente).
De las primeras reacciones al nuevo marco presupuestario europeo destaca la insatisfacción de Andalucía, unas de las regiones con mayores golpes asimétricos negativos durante la crisis, lo que ha elevado sus tasas de paro. La Junta de Andalucía rechazó el retroceso ayer, indicando que recibirá de 7.600 a 7.700 millones de euros de los fondos comunitarios merced a las nuevas líneas presupuestarias, lo que supone una reducción de "5.131 millones de euros" respecto al actual Marco.
Las reacciones de las dos principales fuerzas políticas que gobiernan las regiones españolas han sido controvertidas. Por el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó ayer en Turín que las actuales políticas europeas de derechas "ponen en riesgo" la base de la unidad de la UE y suponen una "máquina de crear antieuropeos"; resaltó que una UE que ha prestado 40.000 millones de euros para los bancos sólo presta 6.000 millones para empleo juvenil (así, sin precisar que los realmente nuevos serán 3.000 millones). Por el gobierno del PP, tras los elogios de Mariano Rajoy al acuerdo porque permitirá mantener la aportación neta a España en casi el 0,2% del PIB, el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que "ha sido un éxito y un auténtico espaldarazo político [para España]...."Las regiones españoles mantendrán la asignación especial que tenían antes de 1.824 millones de euros, a las que suman 50 millones de euros para Ceuta y Melilla (…) En agricultura, España no pierde ni un euro y mantiene los 43.800 millones entre ayudas directas, desarrollo rural y una asignación especial de última hora que se le dio a nuestro país".
