Montoro descubre al Robin Hood que lleva dentro
La recesión, según algunos, es sólo un pretexto para liquidar el Estado Social. La política de austeridad presupuestaria –de acuerdo con esa corriente de opinión- iría contra la racionalidad económica y sería exclusivamente un capricho premeditado del Gobierno de Mariano Rajoy para desmantelar servicios públicos esenciales y entregarlos al sector privado. A esta motivación ideológica obedecerían los recortes draconianos en la educación y sanidad públicas, la privatización de algunas funciones hasta ahora estatales y los despidos masivos de empleados públicos, por no hablar de las ayudas millonarias a la banca o de las subidas de impuestos a los trabajadores y a las clases medias. O la reforma del mercado de trabajo.
Esta explicación, que cuenta con muchos adeptos, resulta plausible pero deja al desnudo sus insuficiencias. Porque, desde una óptica contraria, los partidarios más radicales del principio de libertad de empresa –a los que se les supone el rol de aliados naturales del Gobierno del PP- tampoco carecen de argumentos para quejarse, en medio de la crisis, de algunos rigores de intervencionismo estatal inéditos en legislaturas anteriores gobernadas por el PSOE. Éste sería el caso de dos enmiendas aprobadas la semana pasada a propuesta del Grupo Popular en el Senado, dentro de la tramitación de un Proyecto de Ley fiscal, que a partir de 1 de enero de 2013 perjudicarán gravemente los intereses de los altos directivos y los de sus empresas, en su mayoría multinacionales de matriz española.
La primera enmienda pertenece al ámbito del IRPF. En su virtud, resultará obligatoria la imputación –como rendimiento del trabajo- de las primas abonadas por las empresas en los contratos de seguro colectivo de su personal de alta dirección, en la parte que supere la cifra de 100.000 euros anuales. No es que estas retribuciones en especie estuvieran exentas hasta ahora, sólo que la imputación anual era voluntaria y la Ley permitía el diferimiento del pago fiscal hasta el rescate del seguro. Las consecuencias del cambio de criterio legal son obvias: el alto ejecutivo pagará anualmente el IRPF sobre el exceso indicado al tipo marginal máximo (para 2013, el 52% en Madrid). La misma enmienda va mucho más lejos de donde llegó el Gobierno de Rodríguez Zapatero (usando la Ley de Presupuestos para 2011) en materia de rentas irregulares. También a partir del próximo ejercicio empeora la fiscalidad de “las indemnizaciones u otras retribuciones” derivadas de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil (administradores sociales). La vigente reducción del 40% (hasta una renta máxima de 300.000 euros) comenzará a decrecer para las rentas superiores a 700.000 euros, hasta desaparecer por completo, desde el primer euro (base de la reducción del 40% = cero) para las indemnizaciones superiores a 1 millón de euros.
Relacionada con este último extremo, la segunda enmienda del Grupo Popular –ya en la esfera del Impuesto sobre Sociedades- impedirá a las empresas computar como gasto deducible los excesos antes señalados sobre 1 millón de euros (o, si es superior, sobre el importe exento en el IRPF) en los casos expresados de indemnizaciones satisfechas por la extinción de la relación laboral (o mercantil). Esta medida es la más sorprendente de todas, especialmente por venir de un partido liberal de derechas. Además de apartarse de la lógica contable del Impuesto sobre Sociedades, ese límite en la deducibilidad del gasto significa tanto como considerar una “liberalidad empresarial” los pagos de las sociedades mercantiles más allá de determinada cantidad. Como si el dinero dejara de ser socialmente productivo traspasada la frontera de una determinada “tasa administrativa”, algo así como un capricho empresarial que nadie merece por su trabajo. Estupendo. Da mucho gustirrinín observar al proteico Cristóbal Montoro impartiendo justicia distributiva a lo Santo Tomás de Aquino en la era del capitalismo más global y feroz de los Messi, Ronaldo o Goirigolzarri, por poner a un delantero centro de Bilbao.
Montoro es un péndulo: a veces se pasa y a veces no llega. Después de las ayudas públicas a los bancos, las designaciones de cargos para los amiguetes y las amnistías fiscales concedidas por el Ejecutivo al que pertenece, ¿cómo no ligar esas concesiones a los más fuertes con algunos “palos” compensatorios de Montoro –para consumo de la opinión pública- a ciertos miembros del mundo empresarial, a los que aquélla visualiza dentro del mismo club de privilegiados? Aunque esos palos chirríen por más de uno de sus costados.
Desengáñense. El capitalismo global se basta y se sobra a sí mismo para destruir el supuesto Estado Social de países medianos e ineficientes como España. LA REALIDAD (que tanto invoca el Jefe del Gobierno) no necesita capataces o testaferros políticos para dejar poco más que los restos. Aunque es verdad que estos restos son los juguetes con los que se entretiene el populismo de los marianos, los alfredos y las sorayas. Hasta dejarlo todo como un solar.
