El dogma fiscal del PP se derrumba

¿Se acuerdan de la afirmación categórica de que “bajar los impuestos es de izquierdas”? Mientras los impuestos bajaban de forma discriminatoria (mucho más a unos contribuyentes que a otros), el mismo fabulador que acuñó esa frase para la posteridad hinchaba las burbujas sin saberlo. Los precios inmobiliarios y los bursátiles tocaban el cielo con las manos y bastantes desprevenidos pensaron que a ellos, que no pertenecían al grupo de privilegiados de este país, también les había tocado la lotería. Todo era fruto de una pésima pedagogía social, del arribismo y la complacencia de los últimos socialistas en el Gobierno, “captados” hacía ya mucho tiempo por el mito neoliberal del crecimiento económico indefinido. No existía mejor política redistributiva –nos decían- que mover el interruptor de la oferta fiscal hasta su máximo nivel en “on” y laminar gradualmente todos los tributos patrimoniales (Sucesiones, Donaciones y el mismo Impuesto sobre el Patrimonio). Las tres figuras citadas son de naturaleza progresiva (a mayor patrimonio, mayor impuesto), pero, bajo el dominio ideológico de esa pedagogía “de progreso”, muchos individuos de las clases medias sólo pensaban en su pequeño ahorro particular, sin caer en la cuenta de lo que el Tesoro dejaba de ingresar por los regalos fiscales concedidos “a los de arriba”.

La desregulación financiera y tributaria es una explicación convincente de la recesión y de sus secuelas, de las que la más importante es la posibilidad real de que la Hacienda Pública quiebre. De esos polvos vienen estos lodos y la consiguiente –y desesperada- marcha atrás de los viejos profetas desreguladores. Ahora toca subir los impuestos y, paradójicamente, lo hacen los que no creen en ellos, los propietarios de primera mano de las ideas neoliberales. Rodríguez Zapatero no tenía el copyright del invento, perdió la silla por filisteo y hoy nos expropian con todo el dolor de su corazón “liberal” los populares. Pero a este último despropósito no le falta un frío cálculo en una escala de jerarquías: el incremento es muy acusado y de carácter universal en la imposición sobre el consumo, menor en intensidad en los tributos personales (IRPF y Sociedades) y testimonial y “contrarrevolucionario” en lo que afecta a los gravámenes sobre la riqueza patrimonial, llegándose incluso a la concesión de medidas de gracia a favor de los dueños de bienes y derechos ocultos.

Dentro de la improvisación y la urgencia para evitar la catástrofe vale todo también del lado de la reducción del gasto y algunos neoliberales ya han establecido la ecuación fiscal-farmacéutica “una receta, un euro”. Mientras tanto, los tributos patrimoniales se comportan como gatos panza arriba, resistiéndose a entrar en la cocina para ser parte del guiso. Hasta la fecha les ha ido bien en las subastas fiscales de un Estado controlado por quienes consideran esos tributos como la perla más preciada de una economía pura de mercado, sin mancha ni pecado original. Sin embargo, el deterioro de las cuentas públicas es de tal calibre que varios gobiernos autonómicos del Partido Popular están empezando a sacrificar a sus primogénitos en el altar de la realidad.

Baleares –y no se trata de la única Comunidad gobernada por el PP- ya ha anunciado el restablecimiento con carácter efectivo del Impuesto sobre el Patrimonio durante dos ejercicios. Esta iniciativa es legalmente posible porque el mismísimo Gobierno de la nación (que dispone de la llave en todo este asunto) ha propuesto al Parlamento la extensión de la vigencia provisional del Impuesto sobre el Patrimonio (prevista hace poco más de un año sólo para 2011 y 2012) al período impositivo 2013. Pero lo más relevante está sucediendo en Castilla y León. La mayor rigidez de las finanzas públicas de esta Comunidad, especialmente por el lado de los ingresos, proyecta su lógica de hierro sobre la necesidad imperiosa de modificar el escenario legal para recaudar “de otra forma”, aunque el baño de realismo debería traspasar las fronteras de la región y acercarse al río Manzanares. El caso es que, con efectos de 1 de enero de 2013, quedará suprimida la bonificación del 99% en las adquisiciones hereditarias y también en las efectuadas  por donación de las que disfrutan el cónyuge, los descendientes y, en menor medida estadística, los ascendientes de la persona que transmite los bienes.  Es lo que se desprende de un Proyecto de Ley presentado a la aprobación de las Cortes regionales por la Junta de Castilla y León.

A la fuerza ahorcan. Pero con el campo repleto de bajas y después de un sufrimiento injusto y prolongado inferido a la mayoría de la población, que mira con ansiedad sin detectar la raya del horizonte. No nos resignemos. Castilla y León es el aperitivo. A ver si en Madrid, en Cataluña y en otros sitios, los que gobiernan comprenden de una vez por todas que los ciudadanos no somos conejillos de Indias.