Castilla ‘inventa’ la amnistía que favorece a los pobres: el dinero negro financiará un plan especial de empleo

Castilla y León también ha perdonado a “sus” defraudadores. La Junta presidida por Juan Vicente Herrera Campo ha escogido el último 18 de julio -¡vaya por Dios!- para amnistiar a los que habían alzado sus bienes rebelándose contra la legalidad tributaria castellanoleonesa. En la posmodernidad española las guerras son incruentas y ya no se lucha con la finalidad de  obtener la dominación política o religiosa, sino para burlar la regulación económica o fiscal de la Autoridad, civil por supuesto.

Castilla y León ha sido la primera autonomía de régimen común en dar un paso al frente y desde el 18 de julio de 2012 ya tiene su “regularización fiscal”. La vía utilizada para este objetivo son las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de tal forma que los residentes en dicha Comunidad que entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 hubieran adquirido, incluso indirectamente, bienes o derechos situados en el extranjero sin declararlos, podrán hacerlo ahora sin el pago de recargos, intereses y sanciones. Y lo que es aún más importante: esas personas disfrutarán de una “bonificación variable” que puede llegar hasta el 85% de la cuota tributaria. Las mencionadas medidas de gracia afectarán positivamente a los propietarios de bienes adquiridos de forma gratuita y por negocios inter vivos (donaciones y similares), siempre que presenten la oportuna declaración antes del 31 de octubre de 2012.

La Junta castellanoleonesa, como si se tratara de la peste, ha huido de las peores críticas que ha recibido la amnistía estatal diseñada por Cristóbal Montoro. La Junta ha excluido de su amnistía regional al “dinero metálico” y ha regalado a los ciudadanos honrados un caramelo del que les hablaré enseguida. Pero me parece peligrosísimo este juego de las amnistías autonómicas. Formalmente, Castilla y León hace uso de sus competencias en materia de tributos cedidos, en este caso las que le permiten regular las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. ¿Nada que objetar entonces? No lo creo, porque estas atribuciones, tal como se han ejercido, pueden invadir la determinación del hecho imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que constituye una competencia exclusiva del Estado. La decisión regional del presidente Herrera, por ejemplo, estimula el “florecimiento” oficial de incrementos injustificados de patrimonio (sujetos en el IRPF al tipo marginal máximo) con un coste fiscal bajísimo. Es decir, promueve la aparición “milagrosa” de bienes y derechos supuestamente donados, cuando verdaderamente pueden ser rentas sujetas al IRPF no declaradas en su día. Con ello se perjudican las expectativas de recaudación del Estado por el tramo del IRPF no cedido, ya suficientemente depreciadas gracias a la “generosidad” del ministro Montoro  (y también las regionales correspondientes al tramo autonómico).

Llueve sobre mojado y ahora el gobierno de Valladolid abre del todo las compuertas del dinero negro para que fluya por cauces legales y refuerza todavía más los agravios al interés general y a los derechos legítimos de los ciudadanos del resto de territorios. Igualmente profundiza la quiebra del principio de equidad  legal que debe aplicarse a los contribuyentes con abstracción de su residencia y también fragmenta –un poco más- la unidad del mercado nacional. El mismo efecto pernicioso pueden tener los “valores de adquisición” aflorados por los contribuyentes del IRPF en Castilla y León, aduciendo como pretexto la regularización de sus donaciones ocultas. Porque ello supondrá, en el IRPF, unas bases inferiores en la determinación de las “ganancias patrimoniales” futuras, en unos momentos en los que el Gobierno central exige un plus de solidaridad fiscal a los ciudadanos a través de unos elevados recargos en el IRPF. En fin, se llame “amnistía” o simplemente “regularización”, no creo que sea una buena idea que las comunidades autónomas transiten por un campo ya suficientemente minado por las ocurrencias del Gobierno de Mariano Rajoy.

Concluyo saboreando el caramelo del presidente Herrera. Se le quita el papelito y al principio su gusto tan dulce parece que nos permitirá tragar el favor otorgado a los defraudadores: “Los recursos que se obtengan…se destinarán a la financiación de un plan especial de empleo, que será dotado en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2013”. No dudo de las buenas intenciones del señor Herrera, sobre todo de las buenas intenciones de lavar la imagen política de un presidente que renuncia a perseguir los ilícitos tributarios (y a subir los impuestos patrimoniales cedidos) a cambio de que los magros ingresos públicos que efectúen ahora los defraudadores alivien un poquito el desempleo reinante en Castilla y León. Pero sólo la miseria moral y política que hemos alcanzado en nuestro país hace posible que una cláusula como la mencionada haya logrado introducirse a la luz del día en una norma jurídica. La épica actual consiste en “deconstruir” a Robin Hood y darle la vuelta. El héroe contemporáneo sólo comparte su bolsa con los que le ayudan a llenarla hasta reventar. Entretanto las depauperadas clases medias y populares pagan la fiesta y, por imperativo legal, reciben las sobras. Ya decían los antiguos que justicia es dar a cada uno lo suyo. Después de tanto progreso alocado, el tiempo les ha dado finalmente la razón. Abran el repertorio de las leyes fiscales más recientes de nuestro país y lo comprobarán.