Luis de Guindos mete la bala del IVA en la recámara

Estaba cantado y al ministro de Economía y Competitividad sólo le faltaba emplazarnos al estreno de la subida del IVA y de los impuestos especiales. Luis de Guindos ha dicho que será en 2013, con una batería de argumentos que van desde lo razonable hasta lo milagrero y asombroso. El primer calificativo que utilizo se refiere a la espera en el tiempo: subir ahora el IVA habría significado introducir otro palo en la rueda de la economía, deprimir aún más el consumo y agravar la recesión. Es urgente esperar y el ministro lo sabe mejor que nadie. Pero, además de una dilación en el tiempo, el verbo “esperar” también connota una creencia en que va a suceder una cosa (que el ministro estima será “favorable”).

Y aquí las hipótesis racionales se apartan del camino y dejan paso a lo milagrero. Porque creer que la economía española crecerá lo suficiente de aquí a ocho o diez meses para absorber de manera casi natural el incremento de la imposición al consumo, y sin constituir ese aumento un input muy perjudicial en el sistema de producción de bienes y servicios, es creer en los milagros. Y si, como también ha dicho el ministro, de lo que se trata es de reestructurar el sistema fiscal aumentando la imposición indirecta y gravando más el consumo a cambio de disminuir la tributación y la presión sobre las rentas del trabajo, la irracionalidad alcanza un peldaño superior y llega a la cima del asombro y la superstición. En otras palabras: que las supuestas intenciones del Gobierno sólo convencerán a los incondicionales del Partido Popular, en el caso de que todavía quede alguno. Lo más grave es que el Gobierno ni siquiera puede engañarse a sí mismo, pues su propio cuadro macroeconómico para el ejercicio 2013 apenas da más consuelo que el que ofrecía Dante a los condenados al Infierno. Lasciate ogni speranza.

Entonces, ¿de qué va la canción? A mi modesto entender, se trata de otra reasignación o redistribución de los costes sociales de la recesión para reducir el déficit y financiar la deuda. Se está usando, con cierta propiedad, la expresión economía de guerra para calificar la estrategia del Gobierno, no frente a la “crisis” (que es un préstamo conceptual de la medicina para designar una coyuntura), sino frente al bucle alojado en una etapa del capitalismo que nadie sabe cómo concluirá. Y quizás menos que nadie el Gobierno. Pero, a lo que iba: sólo de manera aproximativa se puede hablar de economía de guerra cuando no disparamos, todos a una y repartiendo los costes de forma equitativa en el interior de la comunidad, a un enemigo externo, que en nuestro caso no comparece en el campo de batalla de forma visible.

La estrategia del Gobierno le ha llevado, en mi opinión, a una economía de guerra civil, a un estado de excepción fiscal permanente (en lo que va de año ha aprobado nada menos que dieciséis decretos-leyes) en el que los costes económicos se imponen forzosamente a quienes menos resistencia pueden ofrecer a la hora de encontrar la salida financiera al marasmo actual de la economía española. El Gobierno no se regodea con autocomplacencia en la crueldad. El Gobierno intenta ganar la partida de ajedrez sacrificando a los peones para asegurar las posiciones (y los intereses) de las piezas clave de la economía, confiando en su arrastre para una resurrección posterior del cuerpo social. Mientras tanto, nadie que estorbe debe salir de su tumba. Es la dialéctica nada sentimental de la derecha y el capitalismo de toda la vida, en sus distintas modalidades de adaptación a los tiempos. Y la izquierda hace treinta años que dejó de jugar su partida y ahora falla todos los penaltis que tira.

Con el aumento del IVA pasa lo que tenía que pasar. A mi juicio, el compás de espera de Luis de Guindos busca los resultados de todo “efecto anuncio” cuando se proyecta hacia el futuro como un elemento de la oferta económica. Se anuncia que se va a endurecer la ley, se concede un interregno determinado antes de la fecha de arranque legal, y mientras tanto se estimulan la actividad, el consumo y la inversión de los agentes económicos a costes fiscales más bajos que los del futuro. Este truco, una variante más de la política del palo y la zanahoria, es similar al que se sacaron de la manga los socialistas en los Presupuestos de 2010: el 1 de enero de ese año anunciaron que, desde el 1 de julio siguiente, el IVA (su tipo general) se incrementaría en dos puntos, y su tipo de gravamen reducido en uno. Los resultados, como saben, no fueron los esperados. Tampoco lo serán ahora, máxime cuando la oferta gubernamental es mucho más imprecisa y ambigua (aunque, sin duda, poco a poco se irán poniendo las cartas boca arriba), y el clima económico es mucho peor que entonces. En todo caso, y dado el diferencial (más bajo) del tipo de gravamen ordinario del IVA español respecto al promedio de la Unión Europea, el nuevo reajuste del Gobierno significa una apuesta por el sector exterior (con la excepción del turismo) como motor de tracción de la economía, y un castigo al marco cerrado de nuestra economía doméstica.

Sin embargo, la última afirmación sólo es válida para la razón abstracta. La realidad únicamente la desvela la razón práctica, y aquí volvemos otra vez al juego de la reasignación de costes de acuerdo con la riqueza y la pertenencia a la clase (o segmento) social de cada individuo. En una sociedad razonablemente igualitaria, cohesionada y próspera, tomar como base de imposición la renta gastada como alternativa a la renta ganada no supone una injusticia sustancial. Como en esa sociedad casi todos los individuos y familias obtienen un excedente de ahorro sobre sus necesidades vitales, no existe mucho desequilibrio entre esas dos clases de rentas. Sin embargo, en una sociedad –como la española- inundada por la marea del desempleo masivo, la precariedad laboral y la caída, acelerada y proporcional, del factor trabajo en la composición del PIB, la renta ganada por la mayoría de la población es, sencillamente, una renta de supervivencia, el contravalor de la satisfacción de las necesidades básicas, el consumo estricto de bienes de primera necesidad (sobre todo ahora, cuando baja la participación del Estado como proveedor de servicios públicos), y apenas aporta remanentes de ahorro. En definitiva: subir el IVA significa, sustancialmente, hacer tributar dos veces al factor trabajo. Primero a la entrada del ingreso en el hogar de las familias (renta ganada). Y después con ocasión de su salida para atender exclusivamente la satisfacción de sus necesidades básicas (renta gastada). Los demás efectos sociales del incremento de la imposición indirecta sólo son chucherías y juegos de artificio. Más aún cuando todo indica que el contrapunto a la subida del IVA va a ser una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social (una disminución añadida del valor de cambio de la fuerza de trabajo sin ninguna compensación por otras vías, públicas o privadas).

Así estaremos…hasta pasado mañana. Porque habrá más. Una mancha de vino con otra se quita, y el Gobierno del Partido Popular sólo puede olvidar las mentiras que contó en la competición electoral diciendo mentiras más grandes según transcurre el tiempo. Que no más piadosas. O sí: depende de la posición de cada individuo y clase (o segmento social). Del valor que represente cada interlocutor del Gobierno más allá (y después) del juego cuantitativo que desarrollan todos los participantes en una contienda electoral.