La tributación del reparto de los gananciales

Aprovecho la última consulta vinculante sobre la cuestión emitida por la Dirección General de Tributos (de fecha 21 de noviembre de 2011, referencia V2757-11) para recordar los impuestos que pesan sobre la liquidación de la sociedad de gananciales (frecuentemente, como consecuencia de la ruptura matrimonial). Este análisis también es válido para cualquier caso de disolución de una comunidad inter vivos (por ejemplo, el patrimonio compartido por una pareja de hecho), y en mi opinión cobra un interés especial después de la subida del IRPF decretada por el Gobierno a finales de diciembre. Parto de uno de los supuestos más corrientes, el de las familias que sólo poseen su vivienda habitual, adjudicándosela uno de los cónyuges a cambio de una compensación en metálico de la mitad que le cede el otro consorte o comunero. Vaya por delante que la fiscalidad de la operación perjudica a quien generalmente es la parte más débil, es decir, a las personas que pierden la propiedad y el uso de la vivienda hasta entonces común, y que deben buscarse un nuevo domicilio. Y, además, que la liquidación de los bienes gananciales no está exenta de paradojas, porque la misma es tratada de manera diferente por las Administraciones fiscales, dependiendo de los diversos impuestos que cada una de ellas gestiona. Hay aquí una falta de simetría legal que ambos cónyuges deben de tener muy en cuenta.

En principio, podría estimarse que la compensación en metálico significa un exceso de adjudicación sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Pero ya desde 1997 el Tribunal Supremo entiende que en estos casos realmente no existe una transmisión patrimonial, pues la cosa común –la vivienda- resulta indivisible, por lo que el cónyuge que se atribuye su totalidad mediante el pago de una compensación económica al que cede su parte no está “comprando” la cuota que corresponde a la mitad del inmueble. No hay compraventa, tan sólo una adjudicación o un ajuste interno, y el cónyuge que “redondea” la titularidad de la vivienda –adjudicándosela en su integridad- no debe soportar por ello el ITP (con unos tipos de gravamen, normalmente del 7% u 8%, que oscilan según cada Comunidad Autónoma). El Tribunal Supremo considera que no se da un exceso de adjudicación “verdadero”, pues la compensación económica funciona “como elemento equilibrador de la equivalencia y proporcionalidad que deben presidir toda división o partición de comunidad” (Sentencia de 28 de junio de 1999).

Sin embargo, otra cosa muy distinta ocurre con la situación del cedente de la mitad del inmueble, del cónyuge o comunero que pierde sus derechos en la titularidad del mismo, pues es más que posible que la cesión le depare una ganancia patrimonial en el IRPF (que es lo que sostiene la consulta de la Dirección General de Tributos a la que se ha hecho referencia al principio). El motivo es que la Ley del IRPF considera “ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél”. Es verdad que dicha Ley entiende que no existe alteración en los supuestos de división de la cosa común o en la disolución de la sociedad de gananciales, pero siempre y cuando –según la Administración Tributaria- las adjudicaciones se correspondan con las cuotas respectivas de titularidad. En otro caso (por ejemplo, cuando la vivienda común, único bien ganancial, se adjudique a un cónyuge mediante abono por este último al otro de una compensación económica), existirá una ganancia o una pérdida patrimonial que, en el supuesto de la vivienda hasta entonces común, se integrará en la base del ahorro del cedente de su mitad, que a estos efectos será considerado como un simple “vendedor” de su cuota de participación en el inmueble.

La operación puede ser fiscalmente costosa. Las plusvalías de importe igual o inferior a 6.000 euros tributan en el IRPF al tipo del 19%, y los excesos sobre la cantidad indicada al 21%. Pero, después del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la corrección del déficit público, la cuota íntegra estatal de los ejercicios 2012 y 2013 se incrementará aplicando sobre la base liquidable del ahorro los tipos adicionales del 2% (para bases de hasta 6.000 euros), 4% (para bases entre 6.000 y 24.000 euros) o del 6% (para bases superiores a 24.000 euros). Además, las Comunidades Autónomas también pueden establecer recargos extraordinarios. Así que cuidado, mucho cuidado. El “vendedor” deberá consultar la escritura de compra otorgada en su día por el matrimonio; dividirá entre dos el precio de compra y los gastos de adquisición. Al resultado de esta operación le aplicará el coeficiente de actualización que corresponda, según el año de la compra, y de esta forma hallará el valor de adquisición de su mitad del inmueble. La diferencia entre esta cantidad y la compensación en metálico recibida del otro cónyuge (previa aplicación, en su caso, de los oportunos porcentajes de abatimiento, según la antigüedad de la adquisición del inmueble) le dará la ganancia sujeta al IRPF (o la pérdida computable).

Los cálculos anteriores pueden parecer algo farragosos, pero aplicándolos con un poco de paciencia nos dirán sin problemas si existe o no una ganancia patrimonial sujeta al IRPF y, si fuera el caso, también su importe. Sea como fuere, merece la pena echar las cuentas oportunas antes de que los hechos consumados nos sorprendan posteriormente con una factura fiscal que no habíamos previsto.