Falsa conciencia

En mi opinión acertó Josep Pla cuando dijo que “crear es combinar”. Como Pla no era precisamente marxista, halagaba sin pretenderlo a quien, por vez primera, combinó dos categorías, rivales entre sí, pero imprescindibles la una al lado de la otra para definir el capitalismo. Desde la descripción del potaje compuesto por la alienación del trabajo y la plusvalía del capital que realizó un oscuro seguidor de Hegel hace ya más de 150 años, a ninguna cocina política le ha sido indiferente esa lucha entre contrarios, ya sea para considerarla un plato de mal gusto o, al revés, para ponerla todos los días sobre la mesa. Los partidarios de la segunda actitud, despreciando el capital, alegaron el valor exclusivo del trabajo en la producción de la riqueza social, empeño en el que fracasaron. Después, más moderada y pacíficamente, se conformaron trasladando el protagonismo de ese valor a la fase de distribución, con lo que hicieron conciliables el trabajo y el capital. Ése ha sido el objetivo ideológico de la socialdemocracia: reconocer la legitimidad del capital a cambio de una distribución más justa de los beneficios del capitalismo, repartiéndolos mejor entre los que lo hacen posible, que son los trabajadores. Y ambas partes, los dueños del capital y sus empleados, convinieron en que la forma más equitativa de atender los intereses del trabajo era incluirlos en el sistema fiscal, privilegiando (o al menos no empeorando) su situación frente a otras fuentes de la renta personal, como los rendimientos del capital mobiliario.

¿Se ha ajustado a este patrón ideológico la socialdemocracia española? Sólo en parte. Pero eso no es sorprendente. Nadie es perfecto. Lo que de verdad llama la atención es cierto travestismo político de los partidos españoles que ha puesto en el furgón de cola al PSOE como supuesto representante de las ideas y programas socialdemócratas. Un furgón, además, en el que el paso del tiempo ha hecho estragos en lo que se refiere a sus señas de identidad originales. No es un juicio de valor, lo acreditan los hechos. Unos datos que, en su desnudez, desmienten asimismo la continuidad de una (imaginaria) línea de progreso en la política y economía españolas cuya autoría en régimen de monopolio suelen atribuirse los socialistas.

Si vemos las cosas en perspectiva, da que pensar el hecho de que las mayores cotas de igualdad fiscal (nunca muy elevadas) a lo largo de la democracia se alcanzaran durante el breve Gobierno de la Unión de Centro Democrático. Sólo en el primer Impuesto sobre la Renta tras la reinstauración de la democracia (aprobado por la Ley 44/1978, de 8 de septiembre) existió alguna paridad de trato entre las rentas de capital y las del trabajo, tributando, en general, la suma de ambas de acuerdo con la misma escala de gravamen. Todas las rentas tributaban igual y sólo los incrementos de patrimonio a largo plazo y las rentas irregulares lo hacían a un tipo medio especial sensiblemente más reducido que los tipos marginales. Pero eso era lógico, ya que en los dos casos el proceso de maduración del rendimiento se había dilatado en una fase plurianual que hacía pertinente limitar la progresividad del Impuesto.

Los socialistas, desde finales de 1982, heredaron y mantuvieron esta situación durante el siguiente decenio. Pero ya en su reforma del Impuesto sobre la Renta de 6 de junio de 1991 (Ley 18/1991) eximieron de tributación a numerosas rentas y ganancias de capital obtenidas en nuestro país por no residentes, “con vistas a la integración de la economía española en el Mercado Único” de 1993. Y no sólo eso, pues otra de las principales novedades de la reforma del 91, relativa a las ganancias de capital, consistió en “la sustitución de los tradicionales coeficientes actualizadores del valor de adquisición por un sistema que reduce los incrementos y disminuciones de patrimonio en función del tiempo de permanencia del elemento patrimonial en el patrimonio del sujeto pasivo, de suerte que, transcurrido un determinado lapso temporal…se alcanza la no sujeción”. Las citas son de la exposición de motivos de la Ley 18/1991.

Durante las dos legislaturas populares de José María Aznar (1996-2004) la estructura básica del Impuesto sobre la Renta se rigió por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, que profundizó la línea iniciada por una serie de Decretos-leyes de 1996. La discriminación a favor de las rentas del capital siguió operando, aunque quizás con menos regresividad que en los últimos Gobiernos de Felipe González. La idea dominante de los ministros Rato y Montoro fue dividir la base imponible en dos partes: la general (que absorbió casi todas las fuentes de renta, entre ellas los rendimientos del capital mobiliario y también los del trabajo), gravada por los tipos ordinarios de la escala, con un marginal máximo del 45%; y la parte especial, comprensiva de las ganancias de capital con un período de maduración superior a dos años (que después se redujeron a uno), gravadas al tipo fijo y proporcional del 17% (que luego, igualmente, descendió hasta el 15%).

Como la situación era muy injusta, el PSOE de Rodríguez Zapatero acudió a las urnas en marzo de 2004 enarbolando el estandarte de la equidad fiscal y comprometiéndose, si obtenía la victoria, a someter las rentas del capital mobiliario, igual que sucedía con los rendimientos del trabajo, a los tipos de la tarifa general. Sin embargo, conquistado el poder llegó el oportuno volantazo ideológico. Los impuestos no sólo continuaron bajando, sino que ahora ya lo hacían a resguardo y con la cobertura intelectual de que esa política tributaria expansiva era genuinamente “de izquierdas” (Rodríguez Zapatero dixit). Pero las rebajas no fueron idénticas para todos. El PSOE alcanzó el tope de la contrarrevolución fiscal al crear en el IRPF (Ley 35/2006, de 28 de noviembre) la base imponible del ahorro, gravada al tipo del 18% (muy por debajo del marginal máximo de la escala general, situado entonces en el 43%). E incluyó en esa base del ahorro (una decisión que nunca se había atrevido a tomar el partido de Aznar) a todos los rendimientos periódicos del capital mobiliario y a todas las ganancias de capital, con independencia en ambos casos de su cuantía y de la naturaleza especulativa o no de las rentas obtenidas. Éste es el esquema (con algunos aumentos presupuestarios de los tipos de gravamen como consecuencia de la recesión) que ha recogido de la mano del PSOE el Gobierno de Rajoy, que, en la subida general del IRPF decretada el 30 de diciembre, ha mantenido en lo sustancial la discriminación favorable a las rentas del ahorro.

El 38º Congreso del PSOE, en un acto de filibusterismo político inolvidable, ha dado valor programático a la lucha por la igualdad, señalando dentro de su labor de oposición al Gobierno del PP la urgencia de regular de la misma forma la tributación de las rentas del trabajo y la de los rendimientos del capital. Esta ocurrencia extemporánea me recuerda al homicida de sus padres que en la vista pública pidió a los jueces que le absolvieran de su horrendo crimen porque era huérfano. Lo de los socialistas, sin embargo, no llega ni a la categoría de humor negro. El oportunismo de los dirigentes del PSOE ha menospreciado históricamente, con razón o sin ella, la probable ingenuidad de algunos románticos de la política a los que tanto la derecha como los mismos socialistas denigran imputándoles el doble adjetivo de paleomarxistas trasnochados. Sin embargo, a esos socialistas tan “despiertos” que no han cerrado medio ojo en Sevilla, un poquito de ética pública, de indagación sincera sobre su reciente gestión de Gobierno, con algo menos de cinismo y algo más de vista limpia sobre su trayectoria en nuestro país, les habría ayudado a rescatar una antigua tradición de la izquierda, quizás paleomarxista pero muy descriptiva de su conducta política durante los últimos años. Porque hasta el marxista más loco, obtuso o decrépito sabe que la socialdemocracia del PSOE no existe. Esa ilusión, para cualquier observador neutral, es, simplemente, un fenómeno de falsa conciencia.