El hombre es un animal político. ¿Y la mujer?

Una, dos y hasta tres veces no fueron suficientes. Ni siquiera el Rey de España –“¿por qué no te callas?”– habría tenido éxito en esta ocasión. Tampoco si hubiera dado un paso más hasta proferir un “¿por qué no te marchas?” habría conseguido Su Majestad torcer la voluntad de la diputada riojana Inmaculada Ortega, terca como una mula (me refiero a su voluntad, no a su persona). En efecto: hasta tres veces fue llamada al orden por el Presidente del Parlamento de La Rioja en el Pleno celebrado el 15 de abril de 2010, la última con la indicación de que abandonara la sala y la prohibición de asistir al resto de la sesión. En el correspondiente Diario de Sesiones constan las siguientes palabras del Presidente: “Mire, señora Ortega, usted ha superado ya todos los límites y yo le ruego que abandone el Pleno (comentarios ininteligibles), porque le llamo al orden por tercera vez, porque no permito que me insulte (comentarios ininteligibles)”.

¿Qué había sucedido? Pues que minutos antes la diputada Ortega –del Grupo Parlamentario Socialista- había acusado al popular Emilio del Río Sanz, Consejero de Presidencia, de “quitarle” el vehículo oficial al chófer de otro Consejero y conducir como un loco hasta Zaragoza, donde tenía que subirse a un AVE con destino a Madrid, uno de esos trenes tan puntuales que no esperan a nadie, aunque uno sea el Consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja. Éste, en su contestación, dijo que los hechos que le endosaba Ortega –supuestamente acaecidos en noviembre de 2009- eran falsos de toda falsedad. Y tuvo la exquisita cortesía parlamentaria de afirmar que la acusación era un montaje urdido por Juan Francisco Martínez-Aldama, correligionario de Inmaculada, que -ése sí y no él- era un conductor temerario, tanto que se había quedado sin carnet, sin puntos, y empapelado de multas de tráfico hasta el sobaquillo. Añadiendo que los socialistas querían buscarle la ruina en un contubernio ruin con el Fiscal Jefe de La Rioja. A continuación y por alusiones, intervino el citado Martínez-Aldama hecho una furia sólo sobrepasada por el basilisco que según se desprende del Diario de Sesiones es la diputada Ortega (aunque el señor del Río Sanz no da precisamente la impresión de ser un inofensivo querubín), rematando este sainete político la bronca dedicada por el Presidente de la Cámara, que tampoco parece muy fino, a la excelsa y castelarina promotora de un debate imprescindible para los intereses públicos de la comunidad autónoma. Por si les apetece, les dejo el texto completo de la zarzuela. Lean sólo las páginas 2285-88 del  Diario de Sesiones.

Como la señora Ortega no obedece ni a Dios, se puso en jarras y se negó a abandonar el Pleno. El Presidente, entonces, acordó la suspensión del acto parlamentario. No una, sino también tres veces, porque, cuando quería reanudar la sesión, la señora Ortega todavía estaba allí. Así pasaron cuatro días, y el 19 de abril de 2010 el Presidente consiguió por fin de la Mesa de la Cámara (aunque sin lograr zafarse de Inmaculada, que está en todas partes y en ese momento ¡era la Secretaria Segunda de la Mesa!) el acuerdo de “suspender en el ejercicio de la función parlamentaria a la Diputada doña Inmaculada Ortega Martínez por el plazo de un mes”. Fin de la historia y del conflicto de civilizaciones. Un final avalado por esta sentencia del Tribunal Constitucional, que da la razón al Parlamento de La Rioja y a su Presidente.

¿Sólo una simple anécdota política, la excepción que confirma la regla de la utilidad de nuestras instituciones parlamentarias? Sí, desde luego. Pero un sí con matices. Con otras leyes electorales y listas desbloqueadas, con menos poder de los partidos y mayor responsabilidad hacia los electores, probablemente ningún diputado habría tenido la osadía de interrumpir a su gusto un pleno parlamentario. Tampoco, probablemente, habría sido jaleado por su grupo hasta privar a sus electores de uno de sus representantes, sancionado durante el período de un mes, porque eso significa también privar de su voz al pueblo y anular su derecho de representación (artículo 23 CE). Y tampoco, probablemente, ningún político electo habría buscado el amparo de sus berrinches usando a su antojo y sin costes económicos de relevancia para él los servicios -pagados por los ciudadanos- de todas las instituciones disponibles, incluido un Tribunal Constitucional desbordado por trabajos más serios.

En la Antigüedad, el sabio Aristóteles dijo que el hombre (las mujeres no existían para él) era un animal político. ¿En quién estaría pensando, entonces? ¿Quizás en un carácter masculino muy distinto del que tiene la impulsiva señora Ortega, en alguien incapaz de una mala palabra y una buena acción? ¿En un precursor ático de Jaume Matas?