`Eutanasia popular´para las viudas pobres

Muchas personas mayores de 65 años lo tienen crudo. Y además sus desventuras económicas no encuentran remedio de parte de unas instituciones públicas que, a pesar de la crisis, siguen usando el nombre de Estado de Bienestar. Como todo es susceptible de ir a peor, el no muy compasivo Gobierno de Mariano Rajoy les ha dado a esos ancianos– a ellos y a sus esperanzas-  con la puerta en las narices. Los desairados de los que les hablo son pensionistas que reciben ingresos ridículos, no caballeros de sienes plateadas que al cesar en sus ocupaciones –financieras, por ejemplo- no es que lo “tengan” crudo sino que se “llevan” a su retiro dorado unas indemnizaciones golosas aunque poco cocinadas. Por el contrario, los malqueridos por el Estado son personas (mayoritariamente mujeres) que, como se las quería engatusar con unos servicios públicos de dependencia que ya no dan más que para un tazón de leche con galletas, sólo contaban al finalizar 2011 con un pequeño bote salvavidas de última hora. Porque en agosto del año pasado la Ley de modernización del Sistema de Seguridad Social (Disposición adicional trigésima) les había prometido un pequeño aumento de su magro nivel de rentas.

Esta leve mejora consistía, por un lado, en el establecimiento de una pensión mínima superior a su cuantía actual. Y, por otro, en un trato fiscal más favorable. Respecto a la primera, la Ley obligaba al Gobierno a determinar la pensión de viudedad en el importe resultante de aplicar el porcentaje del 60% sobre la respectiva base reguladora, siempre que en la persona beneficiaria concurran los siguientes requisitos: Tener una edad igual o superior a 65 años. No ser titular de un derecho a otra pensión pública. No percibir ingresos por la realización de un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia y, en su caso, percibir unas rentas, diferentes de las arriba señaladas, inferiores al límite de ingresos que esté fijado en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.

Como vemos, no se trataba de ninguna bicoca. Y, además, las cosas de palacio van despacio: el mencionado porcentaje del 60% se aplicaría de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012. Es decir, en el mejor de los casos el beneficio completo se disfrutaría a la edad no demasiado juvenil de 73 años, siendo numerosos los perceptores de 80, 85…o unos cuantos años más. Cualquier cálculo actuarial nos mostraría un ahorro presupuestario directamente proporcional al impacto de la mortalidad sobre la población española, según las estadísticas oficiales de longevidad. En resumidas cuentas, la mejora legal de las pensiones de viudedad no daba para muchas alegrías, pero sí contribuía a hacer algo más dignos los últimos años de nuestros mayores con menos recursos.

Por otro lado, la Ley obligaba a las Cortes Generales (con efectos para las declaraciones del IRPF que se presenten desde el ejercicio 2013) a introducir un “mecanismo” corrector de la progresividad en los casos de pensiones de viudedad percibidas conjunta y exclusivamente con rentas procedentes del trabajo del beneficiario, tomando como referencia el importe de la pensión mínima de viudedad. El objetivo legal era evitar la presentación de la declaración del IRPF (y el consiguiente desembolso del tributo) a los perceptores de clases pasivas que, incluso no sobrepasando el límite general establecido para declarar, se ven forzados a hacerlo por recibir sus haberes de más de un pagador, aunque sus ingresos totales sean de escasa importancia. Para las rentas más altas, la Ley de modernización del Sistema de la Seguridad Social disponía la aplicación de la escala de gravamen del IRPF, de forma separada, a la pensión de viudedad y a los rendimientos del trabajo activo, con la finalidad de mitigar el impacto de la progresividad.

Sin embargo, el Gabinete Rajoy, en su famoso Decreto-ley de 30 de diciembre (Disposición adicional novena), ha decidido “aplazar” sine die la aplicación de las normas anteriores. El verbo “aplazar” es un eufemismo gramaticalmente incorrecto para encubrir lo que realmente se ha hecho, que es “suspender” indefinidamente la aplicación de unas modestas medidas de apoyo a las pensiones más bajas de viudedad percibidas por los ancianos más desvalidos de nuestro país. Si a estas personas las tratamos así, jugando en beneficio del Estado con el poco tiempo que les queda de vida, no nos parecerá más escandalosa la política del que cada palo aguante su vela aplicada, por ejemplo, a la mano de obra barata e indocumentada ya casi innecesaria ante la grave recaída económica que se aproxima, así como a otros sujetos que, no pudiéndose defender mediante el ejercicio de unos derechos electorales de los que carecen, no forman parte de la comunidad política. En este momento “aplazar” es una palabra que huele a los peores presagios.