El Gobierno de Rajoy podrá subir impuestos ‘hacia atrás’ (si quiere)

Si comparamos su situación actual con la que tenían a mediados del último mes de agosto, ¿puede decirse que han mejorado las cuentas públicas del Reino de España? Definitivamente, la respuesta debe ser no, pues los datos de la ejecución del presupuesto de ingresos demuestran la aceleración de la caída de la recaudación tributaria. Con la sola excepción de la mejora de la recaudación procedente de los pagos anticipados por el Impuesto sobre Sociedades, cuyos porcentajes precisamente subieron como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto. Ese día de vacaciones oficiales quedó interrumpido el asueto estival del Gobierno y se reunió con carácter extraordinario el Consejo de Ministros. Razones de urgencia no faltaban, dada la gravedad que había alcanzado el problema de la financiación de nuestra deuda pública, en medio de la incertidumbre –por no hablar de pánico- que se apoderó de los mercados internacionales.

La sesión ministerial transcurrió bajo la espada de Damocles de nuestro compromiso forzoso con el eje franco-alemán para reducir el déficit a plazos pero a toda pastilla, una presión que pocos días después llevó a Rodríguez Zapatero a anunciar públicamente su propósito de reformar con urgencia la Constitución. Ese 19 de agosto fueron aprobadas nuevas medidas para impedir el shock fiscal-financiero del Estado, que, además del incremento de los pagos a cuenta citados, significaron –también en el Impuesto sobre Sociedades- determinadas limitaciones en la compensación de pérdidas de ejercicios pasados, así como en la deducción del fondo de comercio financiero. Del lado del gasto, el Real Decreto-ley ajustó el importe de las prestaciones en medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud. Y con la finalidad de reactivar el sector inmobiliario y la construcción residencial, el Decreto redujo a la mitad el tipo de gravamen del IVA a la entrega de vivienda nueva hasta el 31 de diciembre de 2011, con los resultados que ahora, a la vista del tiempo consumado y a punto de terminar el año, ya sabemos: la venta de viviendas sigue en caída libre a pesar del doble descenso de los precios y de su fiscalidad.

Las cosas no han salido como pensaba el Ejecutivo. Pero, en relación con los últimos golpes de los mercados contra nuestra deuda, no creo que el Gobierno del PSOE haya escurrido el bulto, con independencia de su falta de acierto. Su reconocimiento de la envergadura de la crisis fiscal y de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad establecidas en el artículo 86 de la Constitución para justificar posibles remedios utilizando la figura del Decreto-ley ha sido palmario. El Gobierno dijo la verdad en el propio texto del Real Decreto-ley 9/2011. En lo que atañe a su capítulo tributario, el preámbulo de esa norma (apartado VII) manifiesta “la necesidad de consolidar las finanzas públicas como objetivo imprescindible para asegurar la estabilidad de nuestra economía y favorecer la recuperación y el empleo”. Lo que obligatoriamente exigía –y con mayor motivo hoy, cuatro meses después- el refuerzo de los ingresos públicos. Es algo que el próximo Gobierno de Mariano Rajoy no podrá soslayar, aunque hasta la fecha el presidente del PP no ha puesto sus cartas bocarriba.

España está en el centro de un círculo vicioso del que no se adivina la salida. Ese círculo, tanto en su inicio como en su cierre, ha sido trazado por los bancos y demás entidades financieras. Y por el offside regulatorio de los sucesivos gobiernos. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria se ha reflejado en los balances de los bancos, que tienen pérdidas reales y muy abultadas debido a la depreciación del valor de sus garantías hipotecarias, también del valor correspondiente a los activos inmobiliarios que han ingresado en su cartera por fallidos de los clientes, y pérdidas o riesgos adicionales debidos a las contingencias que hoy amenazan al sector (como su inversión en deuda soberana). Sin embargo, esos daños patrimoniales no están reconocidos con fidelidad en sus cuentas y, por tanto, no han sido saneados en los balances. Ésta es la causa primordial de la desconfianza recíproca entre unas entidades y otras que ha terminado por cerrar el grifo del sistema interbancario, el mercado mayorista del crédito, con lo que los bancos (que tienen que devolver el dinero tomado en préstamo durante el pasado para financiar sus aberraciones en el mercado inmobiliario y sus “alegrías” en la inducción al consumo particular) han dejado de cumplir la función principal que les da sentido: ya no prestan a las empresas ni a las familias (salvo a sus clientes triple A). Como consecuencia, la actividad económica languidece, la inversión y el consumo desaparecen o se ralentizan, el desempleo aumenta y la Hacienda Pública no ingresa los recursos presupuestados. El Estado debe atender sus obligaciones, que en momentos de crisis son más cuantiosas, con un flujo de ingresos tributarios progresivamente inferior. Ahogado por sus gastos financieros al sustituir los impuestos que no cobra por la emisión de deuda, el Estado ajusta el gasto público para no incurrir en déficit excesivos que desacrediten todavía más su solvencia y causen desconfianza entre sus acreedores. Aumenta el peligro de depresión económica y se aleja la reanudación del crecimiento. En estas condiciones el ajuste continuo del gasto es un mecanismo perverso que ahonda la caída económica sin conseguir lo que pretende: restaurar el crédito, moral y financiero, del Tesoro español frente a sus acreedores.

Como vemos, más que bastos, lo que pinta el futuro es la amenaza del garrote vil que pende sobre la economía española. Lo prioritario es desatascar el crédito, pero los gobiernos (no sólo el español) no se atreven a ponerle el cascabel al tigre bancario, porque, a pesar de la pésima gestión del riesgo que han realizado en los años del boom, las entidades financieras coartan al poder político con el argumento de que son demasiado grandes para caer y nos arrastrarían a todos a la catástrofe definitiva si se produce su derrumbe. Cierto. Pero no hay que confundir las instituciones con las personas que las dirigen. Si dar una vuelta de tuerca más a la tributación sobre el consumo o a la que soportan las rentas de las clases medias podría ser contraproducente, no sólo por razones de equidad sino también por el peligro- muy real- de contraer aún más la actividad económica, no sucedería lo mismo con una estrategia fiscal diferente. Por ejemplo, si se captaran fondos para el erario de una riqueza que, debido a la crisis, permanece socialmente ociosa y no se destina por sus propietarios a la inversión productiva y al mantenimiento del empleo. ¿Por qué no imponer una pequeña contribución adicional a los altos directivos bancarios y a otros titulares de fortunas y rentas muy significativas, precisamente ahora que se ensancha la brecha de la desigualdad en nuestro país?  ¿Tan rara suena esta posibilidad legal? El desorden financiero tardará en resolverse. Mientras tanto, los poderes públicos no deben quedarse con los brazos cruzados y ajustar/ajusticiar a los de siempre.

Por simple azar, coincide en el tiempo la pregunta anterior con la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 176/2011, que, aparte de otras cuestiones, ha reafirmado, en esta ocasión con perfiles más nítidos, una doctrina muy contundente sobre la retroactividad de las leyes fiscales, y específicamente sobre la normativa del IRPF. Aún reconociendo el Tribunal, como es obvio, que una modificación retroactiva del IRPF que empeore la situación de todos o de algún grupo de contribuyentes “lleva necesariamente a la conclusión de que la seguridad jurídica de los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta de las personas físicas ha quedado afectada, sin embargo, ello no es razón suficiente para declarar que esa afectación se ha hecho de modo contrario a la Constitución”.  El Tribunal Constitucional no considera subsumidas entre las leyes mencionadas en el artículo 9.3 de la Constitución (que prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales) a las normas fiscales, por cuanto estas últimas “tienen un fundamento autónomo en la medida que son consecuencia obligada del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”. Incluso puede darse una retroactividad absoluta (“con posterioridad al devengo del impuesto”, que, en general, se produce el 31 de diciembre de cada ejercicio) si concurren “exigencias cualificadas del bien común”. Ítem más: “pueden reputarse conformes con la Constitución modificaciones con cualquier grado de retroactividad cuando existieran claras exigencias de interés general” (con fundamento, entre otras, en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de abril de 2005).

Las Cortes (o el Gobierno, recurriendo a la figura del Decreto Ley) pueden ir incluso más allá de una subida selectiva del IRPF dirigida hacia grandes contribuyentes, con efectos de futuro. Si el interés general lo reclama –y a mi parecer la dificilísima situación actual de las finanzas públicas ha postrado el interés general en un calamitoso estado de necesidad, convirtiendo en humo el principio de igualdad fiscal- el Gobierno puede también –dependiendo del contenido concreto de la medida- decretar una subida retroactiva del IRPF para determinados tramos de renta. Los ajustes imprescindibles para salvar a la economía española también pueden intentarse por esta vía.

¿Sería demasiado para Mariano Rajoy?