El Gobierno español es cómplice de los especuladores más turbios

Están exentos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) los rendimientos derivados de la Deuda Pública, obtenidos sin mediación de establecimiento permanente en España. La captación de recursos financieros del exterior por parte del Tesoro español, al estar al servicio del interés general y ser objeto de intensa disputa con sus rivales en un mercado abierto y competitivo en extremo, justifica esa discriminación legal favorable a los no residentes en relación con las personas domiciliadas en nuestro país. Estas últimas tributan por los intereses de las Letras o Bonos del Tesoro a los tipos del 19% o del 21% (según la cuantía de los rendimientos) si son personas físicas, mientras que si son sociedades lo hacen a los tipos del 25% o del 30% (según el tamaño de la entidad). No sólo eso. La financiación de las empresas españolas con capitales procedentes del extranjero también se beneficia de la exención del IRNR concedida a los inversores, pero, además de otros límites y condiciones legales, su ámbito está restringido a los capitales atraídos por nuestras entidades en el interior de la Unión Europea. Los rendimientos satisfechos por el Tesoro a no residentes gozan, por el contrario, de bula universal.

Con un solo pero: la inversión debe consistir en dinero limpio, en flujos monetarios que circulen por los canales establecidos de la economía formal. Por eso el texto refundido de la Ley del IRNR (artículo 14, apartado 2) decía en su primera redacción (de 5 de marzo de 2004) que la exención no se aplicaba a las rentas satisfechas por el Tesoro español si su obtención se realizaba a través de un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  Sin embargo, el Gobierno de Rodríguez Zapatero desmontó esta prohibición el 21 de abril de 2008 utilizando un Real Decreto-ley (el número 2 de ese año), con esta justificación particularmente lacónica inscrita en su exposición de motivos: “En el Impuesto sobre la Renta de No Residentes se amplía el ámbito de las exenciones en relación con la Deuda Pública y otros instrumentos de renta fija para todos los no residentes con independencia de su lugar de residencia”. La famosa desaceleración de la economía española empezaba a mellar el perfil regeneracionista de un Gobierno alegremente partidario de un realismo multiplicado por dos: la convicción de que debía aflojar la mano legal para inyectar recursos al Tesoro en un período de contracción del crédito internacional, por un lado; por otro, el realismo político que había demostrado el señor Rodríguez Zapatero al ofertar a los electores, en la campaña de marzo de 2008, los 400 euros de vellón contantes y sonantes (que, por su ineficacia, se vio obligado a suprimir dos años después). Pues ambas disposiciones contenía el citado Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica. Los manguerazos de ducha escocesa habían comenzado a funcionar a su máximo caudal en el orden tributario.

Unos meses después, en concreto el 23 de diciembre, seguía a pleno funcionamiento el encaje de bolillos fiscal. La Ley 4/2008 (precisamente la que suprimió con carácter retroactivo el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio) reincidía, respecto al IRNR, en la asepsia más inocente del mundo si hacemos caso a su preámbulo: “…se articula una serie de modificaciones de orden procedimental para posibilitar la aplicación efectiva de la exención de los rendimientos a favor de los inversores en Deuda Pública y otros instrumentos de renta fija”. ¿De orden procedimental? Bueno, hay pretextos para todo. Ahora se trataba de eliminar cualquier tipo de sospecha sobre las intenciones del Gobierno en la mente del inversor más ruin. No sólo se consolidaba la exención de los rendimientos obtenidos a través de los paraísos fiscales, sino que asimismo se daba una nueva vuelta de tuerca hasta regalar la impunidad absoluta a los plutócratas más dudosos, prohibiendo la Ley que el Tesoro informara a la Administración Tributaria sobre la identidad de los inversores. Nuevo baño de doble realismo: mientras el desplome de las cuentas públicas y sus efectos en el aumento del déficit inclinaban al Gobierno a abrir las puertas de casa a los más consumados especialistas en el arte de burlar los controles oficiales del dinero (y quizás de otras cosas peores), perpetrando con la anuencia de los inversores una auténtica receptación financiera, el presidente español ocupaba una silla en el G-20 al grito valiente de “a por ellos”, los especuladores de los paraísos fiscales, a los que imprecaba con épica innegablemente churchilliana. Según nuestro presidente, nunca tan pocos habían hecho tanto daño a casi todo el mundo.

Así continúan las cosas legales en estos momentos. Cada uno es libre de ponderar a su gusto la relación, siempre tensa, entra la ética política y la razón pública. Lo que no es admisible es dudar de que la verdad ha quedado hecha unos zorros. Desde la perspectiva de la eficiencia económica me atrevo a reseñar cinco conclusiones:

1.- El interés de los especuladores no residentes casa maravillosamente bien con los rumores sobre el rescate de la economía española: el aumento de la prima de riesgo de los títulos de la Deuda (pese a su mejora transitoria) retribuye sus inversiones a tipos superiores de interés, con ganancias progresivamente más altas libres de impuestos.

2.- Las leyes fiscales españolas coinciden y refuerzan, del lado de la oferta financiera, las posiciones de los especuladores.

3.- El sector público pierde por vía doble. El Tesoro paga más (daño emergente) y la Hacienda Pública deja de ingresar el IRNR sobre beneficios más altos (lucro cesante).

4.- El foso de la desigualdad legal entre residentes y no residentes (los más necesarios para el Tesoro español en la actualidad) es cada vez más ancho.

5.- Con su política financiero-fiscal de exenciones y altas remuneraciones del Tesoro, el Gobierno está drenando, en mala competencia, los recursos financieros que demandan las empresas españolas para desarrollar su actividad. El Gobierno, en suma, es un lastre para el crecimiento económico y la generación de empleo.