Los ‘indignados’, los partidos y la democracia

Podemos formular dos modalidades de una regla de tres política con los elementos que incluye el título del texto que está usted leyendo. La primera variante no resuelve el problema que tenemos y constituye un juego de suma cero. Se formularía así: “los partidos son a la democracia lo que los indignados son a X”. Si despejamos la incógnita (X) dándole el valor de “la calle” habremos hecho un pan como unas tortas. Si nos vengamos de unos partidos que han secuestrado la democracia apoderándonos nosotros de la calle conseguiremos estas dos cosas: agotarnos y tensar la cuerda del riesgo de violencia. Nada más. La calle es un espacio compartido (para caminar, comerciar o incluso para ejercer nuestros derechos constitucionales de reunión y manifestación). La calle no es un espacio exclusivo que alguien, con razón o sin ella, pueda dominar a su antojo y levantar sobre él permanentemente sus tiendas de campaña. Quien ocupa la calle no está ejerciendo ningún derecho a la desobediencia cívica. En una democracia los que resisten cívicamente a la autoridad aceptan el castigo de las leyes. Por ejemplo: no pagar impuestos a un Estado que decreta la pena de muerte a los sentenciados por asesinato aceptando la multa correspondiente, es un acto de resistencia política sancionado por la ética. Por el contrario, tomar la calle o acosar a un grupo de diputados o de alcaldes electos sin admitir sus consecuencias retributivas no es más que una arbitrariedad moral y una paradoja lógica.

Ahora bien, si despejáramos la incógnita atribuyendo a “X” el valor pleno de “la deliberación”, el juego de la indignación empezaría a ser muy serio y pondría a los partidos en un aprieto. La democracia deliberativa se ejerce en muchos foros, no se concentra sólo en la calle. En 1975 Habermas dijo que en el proceso de deliberación en libertad “no se ejerce ninguna fuerza salvo la del mejor argumento”. Las instituciones de la democracia representativa (hoy un botín particular en manos de los partidos) pueden mejorar por la participación y deliberación ciudadanas. Esta actividad (y no la apropiación de la calle como tal) es el gran logro del movimiento de los indignados. Gracias a ellos se ha encendido de nuevo el motor de la sociedad civil. Han despertado muchas conciencias hasta ahora dormidas. ¿Con qué mecanismos pueden contar en el futuro los indignados? Además de su justa exigencia de reforma de la ley electoral, que resulta imprescindible para desapoderar a la democracia del control casi absoluto a que la someten los partidos, existen instituciones específicas de la democracia deliberativa. Mencionaré tres que pueden influir sobre el voto de los electores y/o mostrar la discordancia de la opinión pública con sus representantes políticos.

1.- Las encuestas deliberativas

Son reuniones aleatorias de muestras de la población que dialogan con expertos en determinados asuntos durante varios días. Sus resultados avalan (Ackerman y Fishkin) que sería posible a largo plazo cambiar las preferencias de las masas de votantes si esas encuestas fueran habituales y se institucionalizaran. Complementarían y servirían de apoyo a las instituciones de la democracia liberal, pues las encuestas, por ejemplo, denotan los cambios de opinión favorables a los impuestos cuando los ciudadanos comprenden mejor a dónde van a parar o los motivos del gasto social y de la asignación de recursos públicos a unos grupos sociales y no a otros; o la aceptación de la subida en los precios al consumo de la electricidad si parte del aumento se destina a la inversión en energías renovables.

2.- Los jurados de ciudadanos

Si se evita su mediación por los intereses del Gobierno de turno o de los grupos de presión, estas reuniones de ciudadanos, en principio legos en asuntos complejos, pueden, una vez debatidos, mostrar una contradicción sorprendente con las posturas de los representantes electos. Por ejemplo, en 2005 Beetham demostró con sus juegos y muestreos sociológicos que uno de los temas tabú en Estados Unidos, el de la regulación  pública del sistema de salud, dejaría de serlo si los miembros del Gobierno, los congresistas y los jueces federales “vivieran bajo el mismo plan sanitario que se aprobara para el resto del país”.

3.- Internet

En España las autoridades se jactan del proceso de construcción de la llamada Administración Electrónica. No me quejo de esta nueva racionalidad de control social por el Estado (pago de impuestos, tramitación obligatoria de recursos, acceso a los distintos registros oficiales…), pero sí de que sólo sea una vía de sentido único. Aquí las relaciones de poder son descendentes e instauradas desde arriba. ¿Por qué no una democracia electrónica de doble sentido, inclusiva también de los ciudadanos? Una democracia ascendente (como la que están estructurando los indignados con su movilización en los foros sociales) que confluya con los poderes públicos en algún punto horizontal. ¿Veremos alguna vez en nuestro país, cuando se levante el secreto del sumario, las acusaciones de los fiscales on line en los procesos por corrupción de algunos financieros y políticos señalados? Porque, sin transparencia pública, el clamor popular contra la corrupción del sistema puede ser tan injusto como devastador.