El acoso judicial a su familia aflora la peor cara de Emilio Botín

El presidente del Santander, Emilio Botín, volvió a mostrar su cara más áspera (¿la real?) en la junta de accionistas celebrada ayer, ante las palabras de algunos que se identificaron como “indignados” o al menos simpatizantes del movimiento. De nuevo, ante las preguntas por cuestiones judiciales reaccionó como una furia, retirando la palabra al inversor que formulaba las cuestiones. Esta vez no hubo lugar para los simpáticos guiños populistas. No invitó a la prensa en un gesto espontáneo a la reunión de directivos, no saludó a su vieja secretaria de siempre, no fue hacia el becario con más pinta de pánfilo para saludarle personalmente, no hubo desenfadado spanglish…

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De nuevo el Botín agresivo, que también pudimos ver con ocasión de la presentación de resultados, cuando contestó con dureza a los periodistas que preguntaron por el coste reputacional del juicio a su consejero delegado, Alfredo Sáenz. El 3 de febrero, Botín decía con agresividad “no hay caso de riesgo reputacional ni nada que se le parezca. No hay sentencia ni absolutamente nada, ¿está claro?”. Sin duda, el presidente del banco está ya más que harto de que se le reproduzcan casi por esporas los asuntos judiciales, superadas ya las cesiones de crédito, la indemnización a su anterior consejero delegado…

Que Botín retirara ayer la palabra a alguien que pregunta en la junta anual, con toda lógica, por los asuntos judiciales del presidente de la compañía, y que despachara de un plumazo a las voces que denuncian la economía artificial que han generado los bancos es una mala señal. El movimiento de indignados es algo inevitable en un país de cinco millones de parados, que contempla cómo las grandes corporaciones del Ibex presumen de beneficios, mientras realizan fuertes Eres. Requiere por parte de nuestros grandes ejecutivos un mínimo de interés, de sensibilidad… de dar la cara y ofrecer un mínimo de transparencia. En especial los del sector financiero.

Conste que, respecto a la demanda fiscal contra la familia Botín, lo que más me interesa es el porqué. ¿Por qué ahora y por qué contra los Botín, una familia que siempre ha sabido manejarse sin el menor problema con la clase política? Que todo llegue por un dinero de 1936 parece un argumento digno de Berlanga. Los Botín pagaron 200 millones de euros, que se dice pronto, para arreglar el asuntillo pendiente con Hacienda. Pero por lo visto, no es del todo suficiente y se les escarmienta en plaza pública.

Por mi experiencia de varios años haciendo periodismo económico he deducido que las grandes fortunas españolas tienen un pacto fiscal no escrito con Hacienda. Todas tienen sus estructuras en Irlanda y otros paraísos fiscales; sociedades en Holanda u otros territorios opacos pero también tienen bastante patrimonio visible en España. Pagan mucho, pero asimismo disponen de mucho fuera.

Un arreglo tácito, del que apenas trasciende nada nunca, que parece que ha satisfecho a las partes. Por ello, cuando se ejemplariza en público, antes que rasgarme las vestiduras por los 2.000 millones de euros de la familia, mi primera inquietud es la pregunta de Mourinho: ¿y esto por qué?

Puesto en contacto con un abogado mercantil, sus palabras eran claras: “no salgo de mi asombro tras leer el auto. O sea, hace un año Hacienda se entera de que tenían un dineral en el extranjero, la familia regulariza pagando 200 millones de euros y como en Hacienda no tienen casi medios, ni ordenadores, denuncian por la vía penal por si acaso, porque no les da tiempo a estudiar todo antes de que prescriba el posible delito. Lo malo es que va un juez y lo admite”.

El experto legal añade que “someter a la pena de banquillo a una familia de banqueros es algo muy perjudicial para el país. Si han eludido impuestos que lo paguen como Dios manda, pero ante la duda lo que no puede hacerse es abrir un proceso penal”. A partir de ahí, realiza una serie de reflexiones personales sobre el riesgo país y la seguridad jurídica en España, en estos momentos de tan poco interés inversor sobre nuestra economía.

Las mismas, sin duda, que realizaron ayer algunos accionistas. Aunque Botín se remita al orden del día, un accionista de Santander estará inevitablemente preocupado si su presidente está bajo lupa judicial, aunque sólo sea por el impacto que puede tener respecto a inversores extranjeros. ¿Entrarán fondos internacionales en los próximos tiempos con semejante presión sobre la cúpula de la entidad? Son preguntas perfectamente lógicas.

A estas alturas del Siglo XXI demostrar (una vez más) que una junta de accionistas es una pantomima con palmeros que interrumpen las voces díscolas y aplauden las respuestas de los ejecutivos es algo impresentable. En febrero, Botín presumía de que “la imagen y la confianza que despierta Banco Santander entre clientes accionistas e inversores en el ámbito internacional ha mejorado enormemente durante estos años y constituye un activo de enorme valor”.

Y se vanagloriaba de los beneficios de 35.000 millones de euros obtenidos en cuatro años, todo ello conseguido “con el mejor consejero delegado” (Alfredo Sáenz). Una respuesta correcta y concisa a los accionistas no es demasiado pedir.

Las voces que protestaban tienen razón. En los últimos tiempos se ha generado una espiral especulativa, con retribuciones espectaculares a directivos, pérdidas socializadas para la ciudadanía en forma de rescates, paro masivo, corrupción, cohabitación poco lícita entre la política y la banca… No es el Santander el más malo de la película, pero Emilio Botín debe dar una respuesta más transparente en los días actuales. Han pasado los tiempos de actuar como antes. Ya no es aceptable que la seguridad saque a la fuerza a accionistas impertinentes. Son precisas otras respuestas. Sencillas y claras.