El Gobierno regula a lo bestia para desalojar a los políticos de las cajas

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El Ejecutivo obligará a las cajas que precisen de ayudas públicas a convertirse en bancos y nacionalizará las que no alcancen una cifra de core, capital simplemente estratosférica, casi tres veces a la requerida internacionalmente. Concretamente el 8% en septiembre, cuando Basilea III obligará a tener un 3% ¡dentro de dos años!.

Una medida casi animal que con toda seguridad provocará una criba en el sistema. ¿Positiva? Probablemente, si con ello se logra descabalgar de los órganos de gobierno a los políticos regionales. Pero el mensaje lanzado roza lo truculento.

En la actualidad, la caja de ahorros con peor ratio de solvencia es Caixa Nova, con un 6%. A partir de ahí, todas son mejores. Unas cifras intachables, “aunque todavía quedan por aflorar muchas pérdidas”, señala Rubén Manso, del despacho de asesoramiento regulatorio bancario Mansolivar & IAX. Ello estropearía los inmaculados datos, evidentemente.

El experto pone de manifiesto la brusquedad de esta medida, después de tanto tiempo mareando la perdiz con las cajas de ahorros (esto no lo dice él, sino yo) por parte del Ejecutivo. Las cajas han mostrado rebeldía en estos años y una reforma de la Lorca (Ley Orgánica de Cajas de Ahorros) “tan sólo habría acarreado recursos de inconstitucionalidad y similares desde muchas Comunidades Autónomas”. Con esta brutal endurecimiento de condiciones, parece claro que muchas cajas serán intervenidas. Las catalanas tienen muchas papeletas, por ejemplo. Un desalojo manu militari de los políticos de estas entidades que los poderes locales se resisten a dejar.

¿Qué ocurrirá con las que deseen apelar al mercado para financiarse? Con toda seguridad “los inversores esperarán a que pase septiembre, para ver cuáles son las buenas”, señala Manso. Una situación que añade vueltas de tuerca y será competencia añadida para los bancos, por supuesto, que en cuestión de meses se encontrarán con nuevas entidades financieras con su misma naturaleza y con deseos de emitir.

La duda es: ¿tiene calculadas el Gobierno las consecuencias? Después de tantos años ¿es de recibo una reforma de esta naturaleza, que puede saldarse con un proceso masivo de nacionalización? Pues, por desgracia, va en línea con las maneras de un Ejecutivo que pasa de negar la crisis a ofrecer prebendas y de ahí, a bajar el sueldo a los funcionarios, negociar una reforma laboral dura o apretar a las Comunidades con unos recortes de déficit casi inaccesibles. Obligar a un core capital del 8% en ocho meses es una exageración. Ahora, si lo consigue el sistema, podremos sacar pecho y de qué manera.