Gravar a los pecadores

Se meten mucho con nosotros, los fumadores, a pesar de que somos los genuinos salvadores de la patria. Nos echan de los bares y restaurantes, no nos dejan entrar en los hoteles y nos apartan de la compañía de los niños como si fuéramos corruptores de la infancia. El Estado y la sociedad, la izquierda y la derecha, todos al alimón nos quieren recluir en la soledad del hogar o exponernos al viento de la intemperie para que, lejos de las miradas de los otros, practiquemos el nuevo vicio solitario de fumar. Como la masturbación o el exhibicionismo sexual en un descampado en el que sólo se adentran los incautos o bien otros forajidos similares a nosotros, los fumadores. Me duele pero también me parece justo, ya era hora de que llegara el castigo a tanta impunidad prolongada en el tiempo. No obstante, como hace Bernard Mandeville en La fábula de las abejas, me quejo de que nuestros detractores no tengan el detalle de reconocer que nuestro vicio privado es meritorio, productivo y útil para la misma sociedad que nos condena. Siempre y a todas horas, pero sobre todo en tiempos de penuria.

El Gobierno ha decidido subir, de manera inmediata, el Impuesto sobre las Labores del Tabaco en algo más del 7%. Es una circunstancia que se repite todos los años, una o dos veces, y que en esta ocasión se calcula que allegará a las alicaídas arcas del Tesoro unos 800 millones de euros. Bienvenidos sean para enjugar una porción del déficit y aliviar la presión que sobre nuestra deuda ejercen los malvados gestores del ahorro global.  Frente a ellos y sus malditos mercados, y en defensa de las cuentas del Reino de España, los fumadores somos corazones tiernos, los auténticos sanluises de una época que, cansada con razón de nuestro humo apestoso, no acaba sin embargo de entendernos, de calibrar en su justa medida la estimable contribución que humildemente y con dolor de contrición imperfecta (porque somos débiles y quizás nos falte un sincero propósito de enmienda) hacemos al bien común a pesar de nuestras faltas.

El consumo de tabaco es un input, un mal. Perjudica al consumidor, a los que están a su alrededor y a la sociedad en su conjunto. Por ello los impuestos sobre el tabaco son una variedad más de una categoría legal que los anglosajones, tan puritanos ellos, denominan precisamente sin tax, "impuestos sobre el pecado". Son las célebres accisas, del latín excidere, “cortar”. Estos impuestos gravan vicios privados, como fumar o beber, socialmente dañinos, pero no prohibidos por la ley. El Estado coacciona al pecador para que abandone sus yerros mediante un incremento de los tributos que gravan el consumo de los individuos. Pero se trata de una política muy hipócrita. Porque como los vicios son conductas humanas en las que el agente está más sometido que de costumbre al imperio irracional de los sentidos y la sensación de placer, su demanda de consumo es más rígida e inelástica de lo normal. En definitiva, su demanda es menos libre.

El impuesto puede disuadir la realización de una conducta o la sustitución del consumo de una mercancía por otra. Es un arma racional que puede inducir con éxito a una persona o a una comunidad de vecinos a sustituir una caldera de carbón por otra fuente de energía menos contaminante. Incluso puede producir consecuencias no queridas por el legislador precisamente por el carácter racional de las conductas –los hechos imponibles- sobre los que recae el tributo. Un alto directivo, por ejemplo, puede renunciar a las últimas unidades de utilidad marginal que le proporciona su trabajo (las últimas unidades de renta de su sueldo, una vez satisfechas las necesidades y deseos que considera básicos o convenientes) si el esfuerzo fiscal –debido, por ejemplo, a la elevación del tipo marginal máximo del IRPF- que le supone su obtención le parece excesivo y, por ello, antieconómico el tiempo de trabajo empleado en adquirir esas últimas unidades de renta. En ambos casos el Estado pierde o gana la partida fiscal porque todos los jugadores son racionales: en los dos ejemplos mencionados disminuyen sus ingresos fiscales, pero en el primero gana (el Estado ha conseguido sustituir una energía sucia por otra limpia) y en el segundo pierde (ha dejado de recaudar una parte de la imposición personal y, al mismo tiempo, el sistema productivo tiene ahora menos unidades del factor trabajo, aunque, bien mirado, tampoco estaría mal redistribuir a favor de los desempleados un trabajo hoy escaso utilizando los tipos marginales del IRPF).

Sin embargo, con los impuestos sobre el pecado el Estado siempre gana. O bien aumenta la recaudación de los ingresos fiscales (porque seguimos bebiendo o fumando), o bien disminuye el gasto público destinado a la atención social de los pecadores si el tributo disuade a los consumidores o al menos contribuye a bajar su consumo (se reduce el gasto sanitario al disminuir la cirrosis o el cáncer de pulmón). Aquí, en teoría, la racionalidad del impuesto alcanza su máxima cota. Un buen exponente –sólo formal- es el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, que justifica la mencionada subida de los tipos impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco en que los tipos de gravamen constituyen (apartado VIII de su exposición de motivos) “un instrumento al servicio de la política sanitaria y (un) medio eficaz para elevar el precio del tabaco y, por tanto, lograr una reducción de su consumo, en particular por los jóvenes”.   Pero sabemos que, desde 2006 (año en que entró en vigor la Ley antitabaco actual que será derogada por otra más dura a partir del 2 de enero de 2011), la población fumadora se ha mantenido estable, con ligeras tendencias a la baja o incluso al alza, según la muestra estadística del momento seleccionado, mientras que los ingresos fiscales del tabaco, lejos de fluctuar o variar de acuerdo con dicha proporción, han  crecido mucho más. Hoy en España la población fumadora permanece más o menos estable en el 32% de los adultos, pero paga muchos más impuestos que en toda su historia. Las políticas fiscales “abolicionistas” o restrictivas del consumo del tabaco han obtenido, por sí mismas, bastante menos impacto en la reducción del gasto sanitario que el que han conseguido por su aportación a la recaudación global sobre el consumo de los individuos. Y España no es una isla en el mundo.

Los impuestos sobre el pecado sólo muestran la fortaleza del Estado frente a los débiles y su disimulo respecto a determinados poderes, internos y externos, que se le resisten. No es una cuestión de ideología (ni siquiera de una “ideología de la salud”, que es una broma retórica), sino de fuerza. Los grandes no pecan, diga lo que diga la teoría. Pensemos, en la esfera doméstica de un país vitivinícola como el nuestro, lo que sucede con las accisas sobre las bebidas alcohólicas. Mientras las bebidas destiladas soportan fuertes gravámenes, las accisas sobre el vino y el cava son exactamente iguales a “cero”. La vicepresidenta Salgado puede acreditar sobradamente los apoyos que recibió del Gobierno cuando, en su cruzada contra el vicio de la legislatura anterior, pretendió equiparar la limitación del consumo del tabaco y el vino. El vino, esa cosilla, desde Ovidio, tan inofensiva y tan “chic”, tan de moda que cualquier intelectual que se precie no quiere en la actualidad escribir un libro inmortal sino abrir con gran éxito de crítica y público un restaurante y una bodega. Todavía hoy el viento esparce por los campos de La Rioja y La Mancha los alaridos del sector.

Y, respecto al exterior, muy conocidos son por los escolares de todo el orbe los triunfos de los estados a la hora de gravar los movimientos especulativos de capitales, el éxito obtenido por los impuestos ideados por James Tobin o Paul Bernd Spahn, que sostienen que sus tributos frenan la especulación financiera o, alternativamente, aumentan la renta fiscal. Por no hablar de la eficacia y de la seriedad que todos los estados del mundo están demostrando para detener el calentamiento del planeta con otra variedad de impuestos contra el pecado, los “impuestos verdes”, y de la realidad empírica del axioma “el que contamina, paga”.

Los fumadores, yo al menos, reconocemos y confesamos nuestro nefando pecado. Si tenemos alguna disponibilidad económica, estamos dispuestos, además, a soportar una tributación del 100% sobre el valor de venta de los cigarrillos cuyo humo inhalamos. Incluso aceptaríamos que se proscribieran y se persiguieran penalmente nuestras malditas inclinaciones, admitiríamos  que fumar significara para la sociedad lo mismo que dedicarse a la trata de blancas o al tráfico de armas o estupefacientes. También daríamos nuestra conformidad a que se nos aplicara la respuesta que da el Código Penal en estos casos: la incautación, el decomiso o la confiscación del tabaco que las autoridades encontraran en nuestro poder, como corresponde a todas las mercancías ilícitas. Pero esto de ser tan poco “cool”, tan “old fashion” y de medio pelo, de recibir los reproches que recibimos todos los días en casi todos los sitios, de fumar a hurtadillas y, por si fuera poco, pagando cada vez más impuestos, no hay quien lo aguante. Los fumadores no queremos ser el “lumpenproletariat” posmoderno. No nos apetece que nos grave el señor conde, ni tampoco cualquier ministro de quita y pon. Eso es una ordinariez. Nosotros buscamos el prestigio de los personajes de novela negra. Si somos malos, queremos ser tan famosos, temidos y respetados como Al Capone. Por lo menos.