Cataluña alivia la deuda del Estado

“Los ‘bonos patrióticos’ o el mundo al revés” no sería un mal título para una comedia de enredo protagonizada por el actor económico de moda: el déficit de las Administraciones Públicas. El derrumbe de todas las cuentas fiscales, las del Estado y las de las organizaciones territoriales inferiores, es un asunto muy serio, un lobo hambriento que puede acabar devorándonos a todos. Pero los efectos imprevistos de algunos remedios contra la adversidad nos ayudan a soportar mejor el sufrimiento que, a los que no disponemos de padrinos financieros, nos ocasiona la crisis si la encaramos con espíritu infantil, siempre atento a la sorpresa. El caso es que hasta ahora era el Estado el que pagaba a las comunidades autónomas, pero la semana pasada el tam-tam de los acontecimientos, aunque no creo que la música cristalice, comenzó a sonar al revés.

El primer acto de la comedia se representó el viernes, 22 de octubre. Bajo el eslogan publicitario “Inverteix en seny, inverteix en el que som”, la Generalitat de Catalunya estrenó la emisión de 1.890 millones de euros en bonos a un año y al 4,75% de interés. Esta emisión de deuda pública ha nacido con muy buen pie pues el mismo viernes quedó cubierto el 60% de su importe, aunque el plazo de suscripción es de tres semanas. La oferta es atractiva para el inversor, ya que su rentabilidad excede en mucho a la de otros títulos de la deuda. Por ejemplo, la última subasta de Letras del Tesoro rendirá para el ahorrador un interés del 1,8%. Respecto a la Hacienda catalana no podemos ser tan optimistas, ya que el coste directo de la emisión alcanzará en total el 7,75% (remuneración por interés [4,75%] + comisión bancaria por aseguramiento de la emisión [1%] + comisión bancaria por la colocación de los títulos [2%]). ¿Soportará también la Generalitat otro tipo de costes, incluido alguno de naturaleza “ideológica”?

Depende de cómo se mire. Desde un punto de vista estatal, garante de los intereses de todos con independencia del territorio, la cuestión no tiene la menor importancia. Sin embargo, desde una óptica nacionalista del estilo “la riqueza y los impuestos que la gravan deben quedarse  íntegramente en casa, en el territorio que la ha producido”, la respuesta ya no es tan sencilla. Aquí el problema para la Generalitat será la falta de proporción entre los retornos económicos que, vía impuestos, recibirá posteriormente y el enorme esfuerzo financiero que le va a suponer colocar su deuda en los mercados. Quizás demasiada mecha financiera para tan poca dinamita tributaria. A veces endeudarse tiene un coste prohibitivo, incluidos los costes de imagen del deudor entre sus partidarios. Especialmente si entre los socios deudores alguno enarbola con orgullo la bandera de la patria y de su independencia de los demás.

Aunque sin duda los “bonos patrióticos” habrán sido adquiridos (y lo seguirán siendo hasta completar la emisión) por inversores foráneos, atraídos por su rentabilidad, el grueso de la deuda de la Generalitat no traspasará las fronteras catalanas y supondrá una movilización del ahorro del Principado, una captación casi unánime de recursos de personas residentes en Cataluña. Y aquí entra en juego la Hacienda central vestida con el frac del cobrador y los manguitos del cajero. Porque si el suscriptor es una persona jurídica, la tributación al 100% de la renta de capital satisfecha por la Generalitat irá a parar a las arcas del Estado (el Impuesto sobre Sociedades sigue siendo un tributo exclusivamente estatal). Y si el suscriptor es una persona física, la mitad del gravamen del rendimiento seguirá el mismo camino, en este caso a través del IRPF (un impuesto compartido según una prorrata del 50% ente la Hacienda central y las comunidades autónomas, con la particularidad de que éstas no tienen competencias para alterar a su favor el tipo de gravamen sobre la “base del ahorro”, en la que se integran las rentas del capital mobiliario). De esta forma la Generalitat financia indirectamente el déficit del Estado central y deja de recaudar la mayor parte del tributo correspondiente a su esfuerzo económico, costoso casi hasta la extenuación, para aliviar precisamente las cargas de su abultado déficit territorial. Más allá de la oportunidad y de la conveniencia financiera de su emisión de deuda, la conclusión anterior no es nada preocupante si la medimos en términos de solidaridad interregional. ¿Pero resulta coherente dentro de un discurso nacionalista?