¿Habrá que pagar por respirar?

Sí, probablemente llegará el día en el que los ciudadanos españoles tendremos que pagar un nuevo impuesto por respirar. Un día, quizás no muy lejano, en el que todas nuestras fuentes tradicionales de renta ya se habrán secado mientras que el erario, también igual de seco que sus súbditos, será sólo el recuerdo de los buenos tiempos de ayer, el sueño anhelado por un Gobierno en ruina, el deseo quebrado por las peores pesadillas de Larra: “¡Hacienda, que tu dueño te vea!” Un día en el que la riqueza se habrá evaporado y en el que el único hecho imponible será el aire que respiramos.

¿Qué hemos hecho para que se cierna sobre nosotros la amenaza de una crisis fiscal del Estado que impida una salida pronta y airosa del marasmo económico que nos atenaza? ¿Por qué estamos a punto de condenar el futuro de toda una generación de jóvenes que, si Dios no lo remedia, están abocados a soportar la frustración de sus expectativas profesionales? ¿En qué hemos fallado como país para que nuestro atasco económico corra el riesgo de trasladarse al sistema de convivencia quitándole a las instituciones la legitimidad que necesitan para garantizar el orden social y la protección de nuestra dignidad y los justos intereses de todos? Demasiadas preguntas para escrutar el pasado reciente, algo que ya no tiene solución a no ser que este ejercicio de “mea culpa” nos sirva para no repetir los errores cometidos y atisbar alguna luz para el futuro. Y sólo veremos esa luz si el Gobierno ataca de una vez por todas el fraude fiscal, la enorme economía informal que –ésta sí- no se ha secado y sigue viva, produciendo y coleando.  Si el Gobierno no se decide a entrar en la jungla del dinero “B”, la economía “A”, la oficial, no nos sacará del prolongado estancamiento que muchos nos vaticinan. La economía “A” no va a crecer lo suficiente durante los próximos años para sostener ni siquiera el grado mínimo del Estado de Bienestar.

La economía española sólo crea empleo con una tasa de crecimiento del PIB superior al 2% anual. El Gobierno, sin embargo, pronostica para 2011 una tasa del 1,3%, una cifra exigua que pese a ello no resulta creíble para la mayoría de los expertos, incluidos los del Fondo Monetario Internacional, que sitúan nuestro crecimiento durante el año próximo en el entorno del 0,7% ó 0,8% del PIB. Además, algunos estudios internacionales prevén un estancamiento de nuestra economía, con crecimientos anuales promedio de un 1% en un período aproximado de cuatro o cinco años. Si estas previsiones se cumplen, nuestra economía no estará en condiciones de crear empleo de forma significativa y el paro se mantendrá más o menos estable alrededor del 20% de la población activa, más del doble del desempleo de las economías con las que competimos.

Con estas cifras, la estructura impositiva actual, incluso después de los últimos y serios ajustes tanto del lado del ingreso como del gasto, no alcanzará la suficiencia imprescindible para reactivar la economía y sanear las cuentas públicas. Serán necesarios más ajustes fiscales, más impuestos y menos gastos corrientes y en infraestructuras, para financiar las prestaciones del desempleo y la dependencia, y también para asegurar el pago del servicio de la deuda, pero esos impuestos gravarán unas bases tributarias gradualmente inferiores, dado el carácter contractivo sobre el sector privado de cualquier ajuste fiscal.  En una situación así –con poco crecimiento y desempleo elevado- no cabe esperar un aumento importante de la recaudación fiscal sobre el consumo, como tampoco sobre el trabajo activo (IRPF y Seguridad Social). Mientras que el gasto social ascenderá, de forma inversamente proporcional, a cotas cada vez mayores. Nuestra economía se convertirá en un círculo vicioso y, si no se sacan recursos extraordinarios entrando en la economía sumergida, las instituciones democráticas se deslegitimarán a marchas forzadas. Porque solucionar este problema con más aumentos del IVA y del IRPF sería ampliar la brecha existente entre las clases asalariadas –las que en realidad soportan el grueso de dichos impuestos- y las rentas extrasalariales, que en su inmensa mayoría permanecen intactas y fuera de la visión miope del Fisco.

La desigualdad en rentas y en tributación no es un problema insoluble en la llamada “sociedad de los dos tercios”, una sociedad en la que la redistribución es menos importante, de cara a la legitimación del Estado, que el crecimiento prolongado durante un ciclo expansivo largo, capaz de derramar parte de sus frutos sobre la mayoría social. Pero la recesión puede dar jaque mate a este tipo de sociedad y dar paso a algo mucho más inquietante. En la apuesta necesaria por una labor de Gobierno que gestione mejor y con más justicia que antes unos recursos cada vez más escasos nos la jugamos todos.

El presidente Rodríguez Zapatero -o quien le suceda en el futuro- no debe aspirar a ser el Anastasio del momento, sino  a ser el cirujano democrático que demanda una situación tan comprometida como la nuestra. Dice Montesquieu, refiriéndose a las antiguas conquistas de los mahometanos (“Del espíritu de las leyes”, primera parte, libro XIII, capítulo XVI), que “los tributos excesivos fueron la causa de aquella extraña facilidad que encontraron los mahometanos en sus conquistas; los pueblos se vieron sometidos a un tributo sencillo que se pagaba y se recibía cómodamente, en lugar de aquella serie de vejaciones continuas que la avaricia sutil de los emperadores había imaginado”. Y pone, sin citar la fuente, el ejemplo de locura superlativa en que incurrió el emperador bizantino Anastasio (491-518), pues el tal “Anastasio ideó un impuesto por respirar el aire: ut quisque pro haustu aeris penderet”.  Este sujeto, como se podía sospechar, acabó muy mal y murió de muerte prematura. Anastasio no fue un emperador muy querido por el pueblo y una profecía le había augurado una muerte repentina fulminado por un rayo. Así fue: durante una excursión campestre una tormenta le obligó a buscar refugio en una casa ruinosa. Allí le tocó la furia del rayo y se desplomó sin vida debajo del techo hundido del edificio.

En una economía enferma, como la española, la política tributaria resulta imprescindible para sacarnos de la recesión, después de tantos años de aventurerismo fiscal y de bajarles los impuestos a los grandes inversores y a los banqueros. Conviene variar de rumbo antes de que la tormenta derribe la casa, que hoy amenaza ruina. Necesitamos una política tributaria que exija esfuerzos a todos los ciudadanos. La otra, la que hemos conocido en los últimos años, yace entre los escombros de la crisis y no tiene futuro.