La recesión y los espejismos fiscales

Una recesión entraña siempre un ejercicio forzoso de realismo. Su principal virtud –porque incluso los fenómenos desagradables tienen efectos benéficos para las (des)organizaciones sociales- es la restauración del equilibrio entre el valor y el precio de las cosas. Al irrumpir en los mercados de bienes y servicios, limitando o destruyendo su demanda, las recesiones hacen bajar el precio de unos activos cuyo valor intrínseco sigue siendo el mismo, sea alto o bajo, y que anteriormente estaba distorsionado por la especulación: mi casa conserva su valor, pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha producido un descenso notable en su precio; las materias primas energéticas, como el petróleo, conservan su mayor o peor calidad, pero se han depreciado desde los índices irracionales que alcanzaron hace unos años gracias a la fe colectiva en el crecimiento indefinido de la economía global.

La recesión no sólo reduce el precio de las cosas. También afecta al mercado de las ideas. Las ideas, malas o buenas, son las mismas, pero las ideas dominantes en los ciclos de expansión bajan de precio en las fases recesivas y otras ideas, hasta entonces socialmente vituperadas por su presunta y deleznable inconveniencia, empiezan a circular y a comprarse más caras. Las ideas dominantes son casi siempre conservadoras porque son funcionales con la realidad material del momento, hasta que dejan de serlo porque el momento -otro momento- ha alumbrado una realidad nueva. Por ello las recesiones también ponen al descubierto un proceso de inversión en la relación causa-efecto de las ideas y de las realidades que ellas, supuestamente, crean. La famosa frase de Ortega puede quedar abrogada por la permutación relacional de sus términos: “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo” bien podría invertirse según la siguiente propuesta: “yo soy la circunstancia y su yo, y si no la ayudo a ella y la comprendo un poco, le voy a acabar pegando un tiro a mi yo”.

En la consideración social de los impuestos, la recesión está produciendo algunas paradojas. Hasta hace nada, todas las políticas fiscales de los gobiernos se hacían desde el lado de la oferta: las leyes reducían gradualmente los impuestos para atraer todos los factores móviles de la economía a un territorio determinado: capital financiero, bienes físicos no naturales y trabajo. Todas las baterías fiscales eran regresivas y proclives a la importación de capital. Sin embargo, los programas de ajuste para reducir el volumen del déficit y la deuda no sólo han contraído el gasto presupuestario, algo por si mismo insuficiente para la consecución de dichos fines; también han quebrado la política expansiva respecto a los ingresos tributarios mediante un notable incremento de los impuestos en todas las economías desarrolladas. El caso de Irlanda –el milagroso caso irlandés de las cuatro “íes”: I+D+i-i, en el que la última “i” es la de los impuestos restados– sólo ha sido el fracaso más sonoro de nuestro entorno.

En nuestro país, pese a lo que dice la Constitución (que habla de justicia y progresividad para referirse a los ingresos tributarios, y de equidad a la hora de asignar el gasto público), las ideas dominantes en todos los gobiernos (del PSOE o del PP) durante el largo ciclo expansivo de la economía ponían en solfa (y muchos lo siguen haciendo en la actualidad) la respuesta constitucional a esta pregunta: ¿por qué deben ser progresivos los impuestos? O, lo que es lo mismo: ¿por qué han de pagar más las personas con mayor capacidad económica? Estas preguntas, relacionadas con el derecho de propiedad (los impuestos son por naturaleza una merma de la propiedad privada), son serias y no deben despacharse con intuiciones dogmáticas y tautológicas del estilo “deben pagarse de dicha forma porque es lo más progresista”.

En mi opinión, la idea de pagar los impuestos mediante un sistema “ justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” (artículo 31 CE) es una idea que no sólo ha subido coyunturalmente de precio debido a la recesión, sino que responde necesariamente a la estructura económica del capitalismo según un argumento de razón pública. Los impuestos progresivos son el sistema más justo y eficiente de financiar el gasto en una economía dual compuesta por un sector privado y otro público. La expansión del primero, que es el principal por ser el motor productivo de todo el sistema económico, exige sin embargo un crecimiento acompasado del segundo. La inversión y el consumo de bienes privados se realizan en “unidades” de producto, pero su funcionalidad y su utilidad para sus propietarios dependen inexorablemente de la existencia de unos bienes públicos que, por resultar indivisibles, forman un “conjunto”. Podemos –es decir, algunos pueden hacerlo–comprar como particulares el mejor coche del mundo, pero no podemos comprar la carretera (ni siquiera una mínima “parte” de la misma) por la que circulará ese maravilloso vehículo (salvo que sea el prodigioso “coche fantástico” de Michael, que no necesita carreteras). Podemos comprar una bonita casa, amueblarla suntuosamente y plantar a su lado un jardín, pero no podemos comprar todos (ni siquiera una alícuota parte) los instrumentos necesarios para disfrutarla y protegerla: la urbanización municipal del entorno, los transportes, los suministros energéticos o las patrullas de policía que vigilan la ciudad. Algunos de estos medios puede proporcionarlos la iniciativa privada, pero la mayoría de ellos –que también comporta el mayor coste económico– corresponde necesariamente al sector público. Por ejemplo: podemos pagar a un abogado para que defienda nuestros intereses legítimos, pero no podemos proveernos particularmente del bien público que es la administración de justicia.

Lo anterior es una justificación de la necesidad del impuesto, pero debemos dar un paso más en lo que se refiere a su reparto. En efecto: ¿por qué su reparto y su distribución social deben hacerse según principios de progresividad y de acuerdo con la capacidad de renta relativa de cada individuo? La respuesta, una vez más, no debe fundarse en ningún mandato evangélico, en un supuesto altruismo administrado por el Estado ni por difusos motivos de solidaridad. La respuesta debe reposar en la mayor “utilidad” que el sector público, se reconozca o no, dispensa a las personas con mayor renta y riqueza. Una buena autopista será, en términos relativos, más provechosa a un automóvil de lujo que a un vehículo con pocos cilindros. Un buen sistema policial será más beneficioso, en términos relativos de utilidad económica, a un gran propietario que a un jubilado que vive en una vivienda de protección oficial, pese a que ambos son igualmente ciudadanos. Una costosa reforma urbanística, como la recién inaugurada de la calle de Serrano, en Madrid, con sus amplias y hermosas aceras y sus futuras zonas de aparcamiento subterráneo, beneficiarán con mucha mayor intensidad a los propietarios de las viviendas y comercios de la calle más distinguida del centro de la capital que al resto de los vecinos, sin que ninguno de aquéllos pueda decir que ha acometido privadamente y por su cuenta las costosísimas obras necesarias para la reforma de la calle.

Los impuestos deben ser progresivos por simples razones de proporcionalidad, para restaurar un equilibrio ciudadano roto en beneficio del más fuerte. La progresividad no es una gracia real debida a la generosidad de nadie, sino la consecución de una idea de justicia basada en la razón pública. Aparte de ello, los tributos tampoco deben ir de la mano de razones privadas, de cualquier clase que sean, por otra razón pública de naturaleza adicional, como es la eficiencia económica. Los tributos deben ser progresivos para que los que no pueden proveerse de algunos bienes privados que (en este caso sí) da el mercado, como la salud y la educación, puedan proveerse de ellos como bienes públicos. Porque una buena sanidad y educación para toda la población mejoran la capacidad del conjunto del país y su eficacia repercute como efecto multiplicador, en forma de economías de escala, sobre toda la organización social.