Sólidas razones del carbón

El carbón ha saltado de nuevo a la actualidad las últimas semanas por los encierros, cortes de carreteras y otras movilizaciones o acciones de trabajadores, empresarios o políticos en Castilla y León, Asturias, Aragón, Andalucía y Castilla La Mancha. Es una pena, explicable por el juego de intereses dominantes, que solo le atribuyan acciones o emociones sociales, políticas o sindicales, casi siempre para dibujar el tópico de un futuro negro y así buscarle cristiana sepultura, nunca para esgrimir sólidas razones económicas y jurídicas en aras de su supervivencia. Como las tiene, aun cuando algunos incluso las niegan sin profundizar, centraré este artículo en que el carbón es el único combustible autóctono disponible en España para garantizar la seguridad de suministro, resulta competitivo con otras tecnologías sin elevar el déficit de la tarifa eléctrica, y puede contribuir a la sostenibilidad medioambiental.

Elijo estos tres frentes argumentales, entre otros muchos posibles, porque la política de la UE sobre energía, al igual que la de otros muchos países,  se basa precisamente en esos tres pilares, necesarios para la transición desde la economía tradicional a la nueva economía del conocimiento. En el caso europeo, aunque tenemos mayor dependencia energética que los EEUU, no así que Japón y China, los tres objetivos han de ser compatibles y no excluyentes. Lo son realmente al aplicarse al carbón autóctono o no importado, origen de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA),  la primera de las tres comunidades europeas iniciales, iniciadas precisamente para poner fin a las guerras por esos recursos entre Alemania y Francia, cuyo contrato era para 50 años, que concluyeron el 2002. De ahí que diversas directivas y  leyes nacionales, como la española del sector eléctrico, defiendan una cuota de hasta el 15% para ese combustible susceptible de recibir ayudas de Estado para acumular reservas estratégicas. Esto no sucede con las energías renovables ni el gas, sus otros mayores competidores en la generación de electricidad, al margen de las centrales hidráulicas y nucleares. Las alternativas verdes tienen hoy por hoy una producción irregular y no almacenable, mientras que el gas solo acumula reservas por una semana y todas proceden de países extracomunitarios e inestables políticamente.

La lógica nos diría que si se cumplen las políticas y normas comunitarias y nacionales no debería haber problema para acumular reservas estratégicas de carbón incluso mediante las subvenciones públicas previstas, al menos mientras no se cambien esas directivas, leyes, planes y pactos nacionales (caso del español hasta el 2012 o el alemán hasta el 2014)), pues en estos casos de todo hay. Pero la realidad es que muchas son las razones que la cartera no entiende; en la práctica, todas las que no les benefician. Así lo han confirmado las eléctricas. Éstas, cuando el carbón español era más barato que el importado (lo que sucedió entre los años 2006 y 2008 con motivo de la subida de materias primas internacionales), lo quemaban intensivamente en sus centrales térmicas, adaptadas y levantadas para ello cerca de las minas. Endesa, por ejemplo, demandó a los abastecedores de Compostilla cuando le faltaba carbón, e incluso cuando tuvo que defenderse de varias OPAS  esgrimió como argumento que vulnerarían la necesaria garantía de suministro del carbón autóctono.

Falacias económicas

Sin embargo,  es sabido que al declararse la crisis financiera global, hace dos años, bajaron los precios internacionales de las materias primas; el carbón importado llegó a estar entre el 2005 y el 2008 a nada menos que 214 dólares la tonelada, mientras el español se mantenía estable en torno a los 70 dólares. En consecuencia, con la abrupta recesión también el carbón importado y el gas volvieron a resultar más baratos que sus alternativas españolas, el primero hasta quedar en 55 dólares la tonelada, por lo que las eléctricas dejaron de consumir carbón español, sin importantes que dentro de unos años las tendencias al agotamiento de los combustibles fósiles y al incremento de la demanda en los países emergentes y carentes de los mismos revierta el escenario y quizá pueda complicarse con acontecimientos geopolíticos que hagan necesarias las centrales térmicas y las minas cerradas a su alrededor con grandes costes de todo tipo.  Hace por tanto más de un año que las minas dejaron de vender. El Gobierno publicó con alguna demora el pasado mes de febrero en el  BOE un Decreto para, mientras persistieran esas circunstancias, garantizar hasta el 2014 el suministro, obligando a las centrales termo-eléctricas a comprar a precios ligeramente primados  y a indemnizar a las otras centrales que quedaban fuera de servicio.

Para  que sepamos dónde está cada cual, la comisiones nacionales de energía y competencia (CNE y CNC) se alinearon con eléctricas y gasísticas diciendo que esas indemnizaciones a las centrales excluidas del sistema eran inferiores a los costes generados, por lo que el  Decreto introducía distorsiones en la competencia. La Comisión Europea frenó en seco la maniobra al decir que, lejos de quedarse corto, el Decreto debería limitarse a poner el precio primado del carbón y suprimir todas las compensaciones a las centrales excluidas. El Gobierno preparó el correspondiente Decreto rectificativo y lo sometió a Bruselas. Sin embargo, eléctricas y gasísticas han logrado evitar hasta ahora los efectos económicos del Decreto de febrero, aun cuando ningún tribunal ha atendido sus reclamaciones de medidas cautelares,  y también han paralizado en Bruselas el Decreto rectificativo. Fue entonces cuando las minas dejaron de pagar nóminas,  a la vista de que llevan un año sin ingresos e Industria y Economía apenas les han anticipado dos de los ocho meses en que pagaron la acumulación de existencias a través de la empresa pública Hunosa. Ante las movilizaciones de los mineros, el Gobierno aumentó las compras medio mes,  aunque  la mayoría de las minas reclaman soluciones más efectivas.

El eurodiputado popular español Vidal Quadras se ha dirigido a los comisarios europeos para pedirles que no aprueben el Decreto español, alegando que elevaría el déficit tarifario y negando que sea necesario para garantizar el suministro. Ninguna de esas y otras razones esgrimidas por las eléctricas, como por ejemplo que las supuestas restricciones de la competencia recaerían en última instancia en los consumidores, tiene fundamento, como revelan los propios datos sobre la estructura de la tarifa eléctrica realizados por la patronal eléctrica Unesa para la primera mitad del presente año.

Del total pagado por los usuarios eléctricos, sólo un 34% tiene como origen reconocido los costes de producción medios de las diversas tecnologías: gas, hidráulica, nuclear, renovables, carbón importando y nacional, etc. El transporte mayorista que gestiona REE se lleva otro 4% y la distribución minorista y gestión comercial otro 15%. Quiere ello decir que solo un 53% del recibo total procede de los cuatro subsectores productivos. El resto de lo que pagan los consumidores se destina a las siguientes finalidades sobrevenidas: las primas a las energías renovables, el 18%; el IVA y otros impuestos, el 17%; las anualidades de financiar los déficit tarifarios 2001-2010, el 6%; las compensaciones extrapeninsulares, un 3%; las retenciones para el ahorro y eficiencia energética,  el 1%, y otros costes el 2%.

Ese déficit tarifario, reconocido como derecho del sector eléctrico al igual que en sus día los llamados costes de transición a la competencia, superaba el pasado 31 de diciembre los 14.000 millones de euros acumulados y lleva un ritmo de aproximarse al terminar este año a los  20.000 millones de euros, misterio que no terminan de explicar adecuadamente ni el sector ni sus reguladores cuando lo precios de mercado de la electricidad se han reducido a casi la mitad. Previamente, durante el año 2009 los costes reconocidos a las actividades reguladas ascendieron a 17.250 millones de euros y los ingresos de las tarifas 12.884 millones, por lo que hubo un déficit  de 4.633 millones, de manera que en los dos últimos años (cuando empezó a ser descartado el carbón nacional) se va a duplicar respecto a los ocho años anteriores ese déficit tarifario que lleva aval público, por lo que computa como deuda del Estado y ya están pagando y tendrán que pagar en mayor medida los consumidores los próximos años.

¿Es cierto al menos que el carbón, cuyas subvenciones apenas sobrepasarían los 300 millones al año, elevaría ese déficit tarifario?. Los números cantan que no, pese a que repitan la falsedad importantes medios. El precio de retribución de  la energía generada con carbón autóctono fijado por el Decreto rectificativo oscila entre los 47,75 y los 63,12 euros el megawatio hora (MWh), frente a los 110 euros que pagaban el primer semestre del 2010 los usuarios industriales de consumo entre 500 y 2.000 MWh y los 160 euros de los usuarios domésticos que consumían al año entre 2.500 y 5.000 kWh. De ese precio total para el usuario, solo un 34%, como decíamos antes con cifras oficiales de UNESA, son los costes de generación. Esto significa que, aplicando ese 34% a los costes de producción medios sin otros conceptos que repercuten en los usuarios (transportes, gestión, primas, financiación del déficit, impuestos, etc.),  el coste de producción de cada MWh de carbón nacional sería de unos 37 euros para los usuarios industriales y 54 euros para los domésticos; es decir, 10 euros en cada caso por debajo de la media nacional de los costes de generación.

Estas cifras demuestran que la energía procedente del carbón es relativamente barata en España, y también que contribuye por tanto a la reducción del déficit tarifario, lo mismo que en etapas de alta volatilidad de precios internacionales favorece la estabilidad de los costes nacionales de la electricidad . Incluso en las actuales circunstancias de bajos precios exteriores,  cada MWh procedente del carbón a los precios del citado Decreto permite reducir el déficit tarifario casi un 20% más que cada MWh procedente del mix de todas las energías, ahorro que se eleva a casi el 40% si permite además sustituir cada MWh beneficiado por el 18% de repercusión total de las primas a las renovables.

Lo anterior demuestra lo erróneo de las opiniones emitidas por la CNC y la CNE, comisiones españolas de la energía y de la competencia, en el sentido de que el precio del carbón nacional para las centrales que lo utilicen y la fórmula sobre la remuneración del lucro cesante para las centrales que se retiran del mercado supondrían un sobrecoste respecto al mix de tecnología retirada, pues la producción de dicho mix es en promedio más cara. No existe por tanto  sobrecoste alguno susceptible de ser  repercutido, en último término, a los consumidores finales, o que previamente suponga distorsión significativa de los procesos de funcionamiento de los mercados energéticos en España ni de los mecanismos de formación de precios, por lo que tampoco se introducen ineficiencias o restricciones a la competencia ante las que en cualquier caso debería primar el bien superior de garantía de los suministros.

El indicado abaratamiento del 20% demuestra igualmente lo erróneo de la opinión (igualmente de la CNC) de que “la producción máxima prevista (en la norma) supone que las centrales beneficiarias producirían un 20 por ciento más de lo que generaron en 2008 (o en 2007 para aquellas centrales que sufrieron paradas en 2008 por diversos motivos)” y de que “ello implica que (la norma) prevé una mayor participación de estas centrales de la que determinaría el mercado (aun siendo sus costes de producción mayores que los que tenían en 2008 debido a la obligación de utilizar carbón autóctono)”. También pone de manifiesto lo disparatada e injustificable estimación de que “el coste total de la electricidad generada en 2008 y 2009 se hubiera incrementado hasta un 8% y un 16% respectivamente de haberse aplicado un esquema como el establecido en el Real Decreto”, porcentajes que bajarían hasta el 5% y el 9% utilizando la fórmula modificada contenida en el informe de la CNE.

Lejos de cargarle el sambenito al carbón nacional, este carece de responsabilidad en que los precios de la electricidad para los consumidores en nuestro país, por primera vez, se hayan situado durante el presente año, sin salir de la recesión, por encima de la media europea y, por tanto, de muchos países que tienen mayor renta por habitante y que no reconocen a las eléctricas déficit tarifario. Al contrario, mientras en los siete últimos años las centrales eléctricas han multiplicado por 13 el consumo de gas (cifras oficiales de Sedigas), el consumo de carbón nacional se ha reducido a una tercera parte. Por tanto, las causas hay que buscarlas, sin excluir de entrada la opacidad con la que se negocian las tarifas, en esos cambios muy importantes registrados durante los últimos años en el mix de generación, la fuerte irrupción de las energías renovables, y una situación de exceso de capacidad como consecuencia del intenso ciclo inversor de la última década.

Tenemos así un sistema eléctrico relativamente caro, y que prescinde contra las normas europeas y españolas del carbón autóctono cuando conviene a sus tres o cuatro mayores operadores del oligopolio, con cierta tolerancia o vista gorda del Gobierno, a pesar de que está demostrado que por cada euro de los poco más de 300 millones previstos en subvenciones se recuperan otros tres en concepto de impuestos y cotizaciones por los cerca de 10.000 empleos directos y otros 30.000 inducidos a raíz de la actividad del sector.  Prescindir de ellos tendría un impacto catastrófico en la cohesión social y económica de las comarcas mineras totalmente dependientes del carbón, donde el paro ya excede en 10 puntos la media nacional y su población se estima en 180.000 habitantes.

No es por atender estos imperativos por lo que tenemos un sector económicamente ineficiente, sino por los resultados de su desmadre tarifario y regulador, como resultado del cual cuando baja la demanda como en el último año  la infrautilización de su capacidad productiva se aproxima al 50%, lo cual entraña un derroche de recursos impresionante, todo ello sin contar las estimaciones de los costes sobrevenidos o caídos del cielo, como los derivados de la prórroga de la vida útil de centrales nucleares ya amortizadas o del  llamado gran negocio privado con el agua de todos, debido a que las eléctricas pagan menos de 20 millones al Gobierno por el caudal de los ríos, con el que ganan 1.000 millones.

Garantías de suministro y medioambiental

Con todo, más importante que las anteriores razones económicas son las derivadas de la necesidad de garantizar la seguridad de suministro prevista en las leyes que siguen en vigor. Sin ello la libertad de los consumidores y la competencia u otros valores se pueden ir al garete en cuanto coincidan varios  factores como un corte en las importaciones de hidrocarburos y la falta de viento o de sol en las renovables, que ya hemos dicho que son menos almacenables que el gas. Algo de eso sucedió en los años setenta, cuando España acudió a un carbón nacional cuyas minas algunos quieren ahora cerrar, lo que abocaría también al cierre de las centrales térmicas situadas junto a ellas.

Muchas y sólidas razones aconsejan cumplir y preservar las leyes sobre garantía de suministro, sobre todo en un país con las peculiariedades del nuestro.  España es el país de la UE con menor grado de autoabastecimiento de energía primaria, pues el 81,7% se importa del exterior, frente al 58% de media comunitaria, lo que le convierte en el país de la UE de mayor déficit comercial, con el consiguiente aumento de la deuda privada externa, de la necesidad de financiarla y de su vulnerabilidad geopolítica. ¿Es que ya quieren olvidar las causas de lo sucedido en mayo pasado con los mercados, pese a sus altos costes?

Asimismo, la capacidad de transporte de electricidad desde Europa a España es muy baja, ya que las conexiones con Francia no avanzan según las necesidades, lo que obliga al sistema eléctrico a intentar garantizar falaz y antieconómicamente el suministro con un exceso de capacidad instalada nacional. Somos una isla energética.

Con estas y otras limitaciones, es casi imposible evitar problemas de seguridad de suministro a corto, medio o largo plazo. Todos los abastecimientos gasísticos y de carbón importado a las centrales térmicas eléctricas españolas se encuentran sometidos a la modalidad contractual de take-or-pay, por lo que en momentos de caída de los precios internacionales como los recientes han sido muy superiores a la demanda. Pero cerrar por ello en esos momentos las centrales térmicas situadas desde su nacimiento cerca de las mimas de carbón, o abastecerlas con carbón importando, necesariamente extracomunitario e igualmente con contratos de take-or-pay, imposibilitaría el reabrirlas cuando dicha volatilidad de los precios internacionales convierta de nuevo el carbón autóctono en mucho más barato que el importado, como ya sucedió del 2005 al 2008.  Si para entonces la producción de carbón autóctono y las centrales adaptadas al mismo hubieran desaparecido, la competencia y las presiones alcistas de los precios a pagar por los consumidores serían muy superiores.

Por todo ello, tienen toda la razón quienes aseguran que el carbón autóctono es un sector estratégico en la política energética de España, capaz de responder al instante a las puntas de demanda, por lo que el objetivo del Decreto 134/2010 es evitar que el parque generador de las centrales de carbón y la propia seguridad de suministro mediante ese carbón autóctono desaparezcan en el corto plazo o medio plazo, garantizando un suministro eléctrico continuo, suficiente, fiable y seguro que contribuya al normal funcionamiento de los procesos productivos y el consumo final.

Así lo han entendido afortunadamente, pese a los enormes intereses económicos en juego, fuerzas políticas tan dispares como los gobiernos de Castilla y Leon y Aragón  o los de Asturias , Andalucía y Castilla la Mancha, así como la mayoría de los eurodiputados socialistas y populares,entre ellos Antonio Masip y Agustín Diaz de Mera.

Además de ser una herramienta jurídica necesaria para salvaguardar en España la seguridad de abastecimiento, el citado Decreto satisface los pilares de la política energética europea y cumple las normas comunitarias y nacionales, en especial el artículo 15.4 de la Directiva 2009/72/CE y las directivas anteriores que también garantizaban una cuota del 15% para los combustibles  autóctonos, al igual que la ley eléctrica española.

También será una solución más respetuosa con el medio ambiente  pues los ajustes introducidos por el Decreto dan prioridad en la retirada de la producción de las centrales que se alimentan de fuel, más contaminante que el carbón, y con carbón importado sin necesidad de compensar a los mayores emisores de CO2 y mejorando el autoabastecimiento nacional.

Cabe destacar al respecto que  las centrales térmicas españolas están realizando un gran esfuerzo inversor en equipamientos tecnológicos y medioambientales para reducir de manera significativa las emisiones contaminantes derivadas de la combustión de carbón. A esto hay que unir una serie de proyectos investigadores pioneros para lograr antes del año 2020 el objetivo de ‘emisiones cero’ o ‘combustión limpia del carbón’. Es decir, la mala fama de ‘sucio’ que acompaña al carbón dejará de ser un lastre para el fin que se persigue a nivel mundial de contrarrestar el cambio climático o calentamiento de la Tierra.

Hay dos líneas de actuación claramente diferenciadas para lograr este objetivo del ‘carbón verde’. Por un lado, la limitación y reducción de emisiones a la atmósfera de tres contaminantes concretos: el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx) y las partículas en suspensión, que se están combatiendo con la progresiva introducción de mecanismos tecnológicos que están posibilitando una creciente combustión limpia. Y, por otro lado, la eliminación de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), causante del efecto invernadero (en España, la combustión de carbón ocasiona en la actualidad sólo el 15% del CO2 emitido, mientras que el sector Transportes provoca más del 32% y el Industrial casi el 28%).

La Comisión Europea ha aprobado recientemente la concesión de fondos para siete de los doce proyectos presentados de captura de CO2, entre los que se incluye el promovido por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), dependiente del Gobierno central, y la compañía Endesa para la central térmica de Compostilla (León). La dotación económica asciende a 180 millones de euros También están muy avanzados los estudios necesarios para transportar el CO2 una vez capturado y almacenarlo mediante su inyección en el subsuelo a más de 800 metros profundidad en superficies salinas con plenas garantías de confinamiento. Y todo ello –captura, transporte y almacenamiento– estará listo y será extensivo a todo el parque térmico nacional antes del año fijado: 2020. Superado este reto, unido al uso extensivo de los equipamientos que neutralizan o anulan las emisiones de SO2, NOx y partículas en suspensión, podremos hablar del ‘carbón verde’, de la combustión limpia del carbón. De ahí que este mineral esté llamado a ser crucial en la generación eléctrica, por su aporte y capacidad de moderar precios, por lo menos hasta el año 2050.

Frente a estas previsiones medioambientales, durante el ultimo año de caída de la demanda sin precedentes y de sustitución del carbón nacional por el importado, lo cierto es que las emisiones contaminantes del sector eléctrico alcanzaron un nuevo máximo en agosto, como acaba de publicar la organización ecologista WWF. A pesar de que la demanda peninsular disminuyó respecto a la del mes de julio, el porcentaje de producción de electricidad por medio del carbón aumentó respecto a otros sistemas menos contaminantes. En un comunicado, WWF explica que por cada MWh generado se emitieron una media de 224 kilogramos de CO2, lo que se traduce en un incremento del 8,7% respecto a las emisiones medias de julio y del 122% sobre las de marzo, cuando alcanzaron un mínimo histórico.