Colectivos y activistas firman contra “la criminalización de la prostitución” en la ley de libertad sexual

Un total de 86 colectivos vinculados a las reivindicaciones feministas han firmado un manifiesto en contra de los artículos del anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, impulsado por el Ministerio de Igualdad, que se refieren a la tercería locativa -alquiler de inmuebles donde se ejerza la prostitución-, ya que entienden que "criminaliza" a las trabajadoras sexuales y les dificultaría el acceso a la vivienda.

El manifiesto 'Escuchar para Legislar. Por una Ley de Libertad Sexual que no criminalice a las mujeres' se ha hecho público este jueves con más de 500 firmas, entre ellas intelectuales y juristas, además de reconocidas personalidades del mundo del arte, la política y varios colectivos. Algunos de los nombres son Silvia Federici, Justa Montero y María José Jiménez (La Gurú), Amaia Pérez Orozco, Teresa Rodríguez, Nacho Vegas, Clara Peya y Alba Flores. También las juristas María Luisa Maqueda Abreu, Encarna Bodelón, Patricia Laurenzo Copello y María Acale. Entre los colectivos se encuentran SEDOAC, Sindicato Sindillar, Territorio Doméstico, Las Kellys de Sevilla y Madrid, Jornaleras de Huelva en Lucha o Ca la Dona.

El manifiesto pide, en concreto, la retirada de dos artículos del anteproyecto de Ley. Uno de ellos es la propuesta de modificación del artículo 187 bis del Código Penal, que se refiere a la "tercería locativa" y dice así: "El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años...". Quienes firman entienden que esta parte de la nueva ley "abre la puerta a criminalizar a mujeres que alquilan y/o comparten inmuebles con compañeras" y también "se dificulta el acceso a la vivienda de las trabajadoras sexuales, especialmente a quienes viven en el lugar de trabajo”.

También se propone la eliminación del artículo 187.2: "se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de seis a dieciocho meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación". Con esta parte de la nueva ley, quienes firman el manifiesto denuncian que "podría denuncia denunciarse también como proxeneta a cualquier persona implicada en la realización del trabajo sexual (servicios de seguridad, higiene, transporte, etc.)”.

Los firmantes denuncian, en definitiva, que aunque el Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual pretende poner en el centro el consentimiento de las mujeres, “anula y criminaliza el consentimiento de las trabajadoras sexuales”. Además, critican que “las trabajadoras sexuales no han sido ni informadas ni invitadas al proceso de elaboración del anteproyecto a pesar de tener derecho a participar”.