Hartazgo en los colectivos sociales ante los titubeos del Gobierno sobre la Ley de Vivienda

El Gobierno ya va tarde. El pasado 27 de octubre, PSOE y Unidas Podemos pactaban, como forma de desatascar las diferencias que mantenían las dos formaciones ante el proyecto de presupuestos, llevar al Consejo de Ministros la nueva Ley de Vivienda en un plazo de tres meses. Y al Congreso, para tramitarla, en cuatro. En el Consejo de Ministros celebrado ayer, no hubo rastro de la misma, mientras las disputas entre las dos patas del Gobierno de coalición demuestran que todavía no hay consenso en la materia, Unidas Podemos anuncia “discrepancias sustanciales”. Ya se han cumplido tres meses de la promesa. Los colectivos sociales que batallan por el derecho a la vivienda empiezan a ponerse nerviosos.

Así lo explica Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas. “El PSOE llegó al Gobierno en un contexto donde el problema de la subida de los precios de alquileres, de acceso a la vivienda, era uno de los principales problemas de la agenda política estatal, llegó prometiendo que iba a impulsar una ley de vivienda, pero desde entonces no ha hecho más que retrasarlo todo”, afirma, crítico con los socialistas y prosiguiendo: “Para aprobar los presupuestos, hubo un pacto entre Unidas Podemos y PSOE diciendo que en cuatro meses habría una ley de vivienda y no la hay”.

La Ley de Vivienda es, ahora, uno de los principales exponentes de la lucha de clases abierta en el seno del Gobierno, junto con pensiones, subida del SMI y la reforma laboral. El pasado viernes, Pablo Iglesias, en la celebración de un Consejo Ciudadano Estatal de la formación morada, ya anunciaba cuál era la próxima disputa entre socialistas y morados: vivienda. Y en esta situaba la causa de la cacería que desde algunos medios de comunicación aplican contra Unidas Podemos. Para los morados, siguen habiendo cuestiones cruciales que les separan del PSOE sobre la ley de vivienda en la negociación que están elaborando el Ministerio de Transportes, dirigido por José Luis Ábalos, y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, de Iglesias.

Por parte de esta Vicepresidencia, las negociaciones han corrido a cargo de Ione Belarra, secretaria de estado de Agenda 2030. Fuentes de Unidas Podemos advierten de “la falta de voluntad política del PSOE que está frenando el cumplimiento del acuerdo de Gobierno, negándose o ignorando la gran mayoría de las propuestas que ha puesto Unidas Podemos encima de la mesa”.

Estos son los principales desacuerdos: “sobre la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dedique una parte de sus viviendas al alquiler social”; “sobre la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables”; “sobre la puesta en marcha de medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler”; y “en cuanto a la regulación de precios del alquiler, recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en el acuerdo de PGE, Unidas Podemos mandó una propuesta al PSOE hace cuatro meses a la que aún no han contestado”.

Belarra comparecía ayer en comisión en el Congreso de los Diputados y lanzaba una propuesta: “Una ley de vivienda que corresponsabilice al sector privado en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa con la función social que la vivienda ha de tener”. Para ello, quiere la secretaria de estado que los “grandes tenedores pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social, para ampliar el parque público y no tanto con nueva construcción” y cuantifica que si pusieran “un 30% de sus viviendas para el alquiler social”, el parque destinado para estos fines ascendería a 140.000 o 150.000 viviendas.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros de ayer, declaraba que la ley no incorporará la prohibición de desahucios, ya que esta medida era temporal y tenía como límite de vigencia la finalización del estado de alarma. Por su parte, el fondo inmobiliario Blackstone no tardó en responder a Unidas Podemos. El gestor inmobiliario de Blackstone, Eduard Mendiluce, advertía de que el alquiler social es “responsabilidad cien por cien de la Administración pública” y de que solo en el ámbito del alquiler asequible (precios un 30 % o 35 % por debajo del mercado) están dispuestos a llegar acuerdos de colaboración público-privada, según cuenta la Agencia EFE.

Movilizaciones sociales

Frente a la evidente movilización del sector inmobiliario, los colectivos sociales en favor del derecho a la vivienda preparan sus movilizaciones para las próximas semanas, consideran que es un tema de máxima urgencia. Así lo explica a cuartopoder Laura Barrio, portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid: “Estamos implicados muchísimos colectivos sociales, preveo una gran movilización con el tema”. “En lo esencial estamos de acuerdo todos los colectivos”, añade.

Para Gil, del Sindicato de Inquilinas, también es urgente una movilización. “Hemos visto, tanto con la reforma de la LAU en 2019 como con la regulación en septiembre de 2020 de los alquileres en Catalunya, que el movimiento por la vivienda puede incidir en el proceso legislativo, influir para que se hagan leyes”, explica, por lo que apuesta por “movilizar a la sociedad”. Recuera la capacidad de lobby que tiene la patronal, “presidida por Joan Clos, tiene contacto directo con todo el PSOE”.

“Aprobar una Ley de Vivienda será un gran avance, estamos huérfanos de una ley estatal que regule el derecho a la vivienda”, recuerda Barrio, que apremia: “Queremos que se tramite todo con carácter de urgencia para aplicarla cuanto antes”. Y, además de los plazos, espera que la nueva norma “tenga un contenido potente”. “Creemos que es un gran problema que tiene España ahora mismo, con la crisis de la covid-19, cuando venzan las ayudas del escudo social, va a llegar una avalancha de desahucios que no sabremos ni de dónde nos viene”, apunta. Por ello, espera que la prohibición de desahucios a familias vulnerables “no sea algo temporal”, en referencia a limitar su duración al estado de alarma, como defendía ayer la ministra de Hacienda.

Barrio y Gil recuerdan cómo el Comité DESC, Naciones Unidas, han censurado los desahucios señalando, directamente, al Estado español. “Es algo que Naciones Unidas exige, que España ha firmado, lo incumple y ha sido sancionada por ello”, refresca la memoria el del Sindicato de Inquilinas.

Para Barrio, de la madrileña Coordinadora de Vivienda, es de suma importancia “un parque de vivienda pública para los realojos, pues la vivienda pública en España es prácticamente inexistente”. En ese sentido, mira directamente a “los pisos vacíos de la SAREB, que son los activos tóxicos de los bancos, las casas de los desahuciados”. Además, narra: “Apostamos por el derecho subjetivo de la vivienda, un concepto inspirado en la ley vasca de vivienda, para que pueda ser exigible este derecho ante las administraciones”.

Gil, por su parte, considera una “medida fundamental que se sancione la vivienda vacía”. “El PSOE plantea bonificaciones fiscales, premiar a quien haga un uso más social del activo, pero no se trata de premiar a nadie, se trata de defender el derecho a la vivienda”. Además, ve urgente, para el corto plazo, “que se regulen los precios de los alquileres y se vinculen a la economía de las familias”. El portavoz del Sindicato de Inquilinas, muy crítico con el PSOE en este aspecto: “Se diferencia del PP a nivel discursivo, pero a nivel material, el PSOE sigue fomentando las mismas políticas: que se mantengan las rentas inmobiliarias que existen en el país y que el negocio de la vivienda sirva para que las entidades financieras se lucren con la misma rentabilidad de siempre”.