Vuelven el sufrimiento y la incertidumbre con la reapertura de los CIE en plena pandemia

Al otro lado del teléfono, Ahmed (nombre ficticio) pregunta si hacer otra huelga de hambre servirá para algo. Ya ha estado sin comer cuatro días junto a otros compañeros en las dos semanas que lleva en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche para pedir su liberación. De momento, nada ha cambiado. En Murcia también han organizado una huelga de hambre este mes sin demasiado eco medíático. Hace un mes que Interior ordenó reabrir los CIE, después de su cierre durante el estado de alarma, y vuelve el sufrimiento y la incertidumbre multiplicadas por la falta de medidas ante la covid-19.

Ahmed tiene 30 años y es de Argelia, donde se dedicaba a la decoración de hogares. Llegó al CIE de Aluche después de completar 11 días de cuarentena en Mallorca. “Tengo miedo al coronavirus. Madrid es una de las ciudades más afectadas y aquí hay una falta de las condiciones mínimas de seguridad”, cuenta a cuartopoder. “Desde que llegué al centro solo me he podido cambiar la mascarilla una vez. A muchos compañeros les ha pasado lo mismo”, denuncia.

Los últimos datos oficiales hablan de 186 personas ingresadas en los CIE de toda España, de un total de más de 700 plazas. Fuentes del Ministerio del Interior indican a este medio que a fecha del martes pasado había 43 internos en Madrid, 76 en Barcelona, 46 en Murcia y 21 en Gran Canaria. Las cifras han podido variar ligeramente en los últimos días.

Los CIE fueron clausurados durante el estado de alarma ante la imposibilidad de expulsar a los migrantes por el cierre de fronteras. Este es el objetivo último para el que fueron creados dichos centros, que encierran entre sus paredes a las personas solo por haber llegado a nuestro país de forma irregular. Durante el estado de alarma las personas que había en los CIE fueron liberados porque se les interna sin haber cometido delito alguno y legalmente pueden permanecer dentro un máximo de 60 días.

De manera repentina, el Ministerio del Interior comunicó la reapertura de estos centros el pasado 23 de septiembre. Según la orden emitida por la Secretaría General de Extranjería y Fronteras, actualmente los CIE solo deben retener a ciudadanos argelinos, marroquíes y de Mauritania ya que “se están realizando las gestiones oportunas con los países de origen para poder materializar las expulsiones”. No obstante, Marruecos ha anunciado que prorroga su estado de alarma y el cierre de fronteras al menos el 10 de noviembre, Argelia también comunicó su clausura hasta el fin de la crisis sanitaria y algo parecido ocurre en Mauritania, aunque se presupone un acuerdo de repatriación alcanzado con este país tras un viaje del ministro Fernando Grande-Marlaska por el aumento de la llegada de pateras a Canarias.

Esta orden de apertura, en la segunda oleada de la pandemia, sin conocer al detalle siquiera si se conseguirán estas expulsiones ha despertado una fuerte crítica entre las organizaciones de derechos humanos. “El 7 de mayo se cerraron todos los CIE por el cierre de las fronteras por el covid-19 y a día de hoy la situación es la misma. No entendemos este sinsentido y la falta de humanidad que se produce con esta reapertura”, indica Yolanda Corrales, activista antirracista y portavoz de CIES No Madrid. Este colectivo condena “rotundamente” la “cerrazón institucional” que insiste en el internamiento de las personas en una situación crítica como la actual, además de que pide el cierre definitivo de estos centros.

Denuncias de la falta de protección de los internos ante la covid-19

Convivir Sin Racismo, una organización murciana, denuncia la inexistencia de protocolos sanitarios para la reapertura de los CIE en España. En el caso de Murcia, "los chavales no tienen mascarillas, no tienen acceso a un cambio de ropa adecuado ni a lavadoras. La ventilación en algunas salas es inexistente”, denuncia Juan Girado, quien pertenece a esta organización que ha realizado varias visitas a los internos. El activista advierte que el entorno no es seguro contra la covid-19, mientras que policías, funcionarios y miembros de ONG entran a las instalaciones y tienen contacto con quienes viven allí. La organización ha trasladado al Juzgado de Instrucción nº9 de Murcia dichas quejas por entender que en estos centros se está poniendo en peligro la salud y la seguridad de los internos y los trabajadores del centro detención, cuando es cometido del Estado velar por ellas.

Las alarmas ya han saltado en el CIE de Barcelona. Allí el Ayuntamiento y las entidades defensoras de los derechos humanos han pedido al juez su cierre tras la detección de un caso de covid-19 entre los internos. La Agencia de Salud Pública de Barcelona ha concluido que el CIE no es seguro por la imposibilidad de sectorializarlo y realizar cuarentenas, algo que según acreditan en un informe ha admitido el propio director del centro. Existe un precedente para reclamar la acción de la Justicia: un juez en Gran Canaria ha existido que el máximo de aforo debe ser de 42 plazas en la reapertura del CIE de la isla y ha advertido de que si se detecta un contagio ordenará su desalojo y cierre.

“Durante el tiempo que han estado cerrados los CIE no se ha efectuado ninguna reforma estructural para evitar el riesgo de contagio, por lo que siguen siendo lugares que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad”, destaca Corrales. El Defensor del Pueblo, los Juzgados de Control y las organizaciones civiles vienen denunciando desde hace un tiempo que estos centros no reúnen las condiciones básicas para una estancia digna y que actúan como cárceles para personas que no han cometido ningún delito. La situación no hace más que agravarse con su reapertura en esta segunda oleada, según los implicados y las ONG.

De fondo, una vieja reivindicación que se alza de nuevo estos días. “Pedimos el cierre definitivo de los CIE porque son lugares de sufrimiento inútiles, que criminalizan a nuestros vecinos y vecinas, porque el encarcelamiento en estos sitios son medidas desproporcionas e injustas. Lo más cruel de todo es que no son eficaces en absoluto, el tanto por cien de las deportaciones que se producen es muy reducido y el coste de su mantenimiento es muy alto, no solo en el sentido económico sino también en el coste del sufrimiento que causan”, sentencia Corrales.