Las trabajadoras del hogar denuncian trabas y lentitud para cobrar los subsidios especiales por el covid-19

Seis meses han pasado desde que el Gobierno decretara el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, el pasado 14 de marzo. Desde entonces, el colectivo de las empleadas domésticas, un sector ya de por sí muy precarizado, está viviendo un auténtico ‘via crucis’. Hasta la fecha, son muy pocas las trabajadoras que han cobrado el subsidio especial, según aclaran desde las principales asociaciones, mientras que muchas perdieron sus empleos durante el confinamiento, sin posibilidad de cobrar paro al no tener papeles. Las que han tenido la ‘suerte’ de mantenerlo, se ven expuestas en muchas ocasiones a la explotación y el abuso por parte de sus empleadores, aceptando sueldos irrisorios en jornadas de trabajo maratonianas, sin apenas descanso y en condiciones de semi esclavitud.

Rafaela Pimentel, portavoz de Territorio Doméstico, asegura que después de todas las “presiones que hemos realizado, algunas compañeras están cobrando el subsidio, pero son una minoría”, y se queja del trato recibido por las administraciones: “Nos hemos reunido con los ministerios de Seguridad Social y Trabajo, hemos llevado a cabo acciones y hemos aumentado la visibilidad en los medios de comunicación, pero realmente no hemos tenido una oficina específica donde llevar nuestras cuestiones y recibir información, ni una página web, y la asistencia del Servicio Público de Empleos Estatal (SEPE) ha sido deficiente: ni te cogían el teléfono”.

Esta mujer dominicana, con 28 años en España, denuncia la “gravísima” situación actual del colectivo, ya que, debido a la crisis y a los contagios de algunas trabajadoras, los despidos están “aumentando” y los recursos escasean. Desde el confinamiento, las cajas de resistencia han sido el único apoyo para estas mujeres a la hora de pagar el alquiler, los medicamentos y la comida, pero sus fondos son “limitados” y muchas están ya en el umbral de la pobreza o lo han rebasado.

Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), organización integrante del Grupo de Acción Política de Trabajadoras del Hogar, se queja por la “absoluta opacidad” y “desinformación total” que llevan sufriendo desde el inicio de la crisis. A su juicio, todo han sido “trabas” y contratiempos, como el colapso del sistema online para pedir las ayudas, la “complejidad” del propio formulario para cumplimentar la solicitud, la “inexistencia” de una línea telefónica de asistencia, y la “obligatoriedad” de presentar un certificado digital para realizar las gestiones de forma telemática, “cuando la gran mayoría de las empleadas carecen de este certificado porque nunca han tenido derecho al paro”.

Como ejemplo de la situación extrema que vive el colectivo, Espínola revela los casos de dos trabajadoras domésticas internas: una con tres niños a su cargo y un salario de 800 euros; y otra que sólo disfruta de dos horas de descanso al día en un trabajo de siete días semanales: “Se ven obligadas a aceptarlos para poder comer”. En este sentido, la representante de SEDOAC, afirma que el Ministerio de Trabajo no está dando una respuesta para “impedir la explotación”. “El empleo en el hogar tiene la deficiencia de que no existe una inspección de trabajo efectiva; sufrimos un tipo de esclavitud moderna y la post pandemia está acentuando los abusos; nos sentimos trabajadoras de segunda, somos el único sector que no tenemos derecho al paro, nos sentimos olvidadas”, sostiene.

Muchas dudas sobre el procedimiento

Natalia Slepoy, del Observatorio Jeanneth Beltrán, expone por su parte la terrible situación de una empleada que ha estado “tres meses en un domicilio, sin salir, trabajando los siete días de la semana y cobrando 400 euros; no tenía papeles y no tenía otra alternativa, y no es un caso aislado, lo están viviendo muchas personas”. En su opinión, la explotación y precarización de las condiciones de trabajo va en “aumento”, con salarios “muy por debajo” de lo que corresponde, y con un acusado “descenso de las afiliaciones” en los últimos meses. La sensación de desprotección es muy “grande”, y pese a que “algunas compañeras han empezado a cobrar, aunque de manera muy irregular”, existen muchas “dudas” sobre el procedimiento.

A todos los inconvenientes y trastornos que ya de por sí sufren estas trabajadoras, hay que sumar el de la brecha digital. La mayoría son mujeres sin dispositivos tecnológicos -más allá del teléfono móvil- ni conocimientos informáticos, por lo que se ven en desventaja a la hora de tramitar las ayudas y gestiones en las distintas administraciones. Durante el confinamiento, el 80% de las solicitudes se hicieron por correo ordinario, y algunas se vieron incluso obligadas a contratar gestores porque ni los mismos empleadores sabían cómo cumplimentarlas.

Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical de CCOO, subraya que la pandemia ha “agravado” una situación que ya era “muy precaria”, ya que se trata del colectivo “más irregularizado de todo el tejido productivo español”. El porcentaje de las que han cobrado sigue siendo muy bajo, todo va “muy lento, es muy preocupante, y las gestiones no se pueden hacer con un móvil”. En todas las reuniones de diálogo social con el Gobierno “estamos recordando que la situación no está funcionando suficientemente bien, y existe un problema de base muy importante, ya que un gran porcentaje de estas trabajadoras no están dadas de alta en la Seguridad Social”.

Según la Encuesta de Población Activa del INE, desde el cuarto trimestre de 2019 (580.500 personas) hasta el segundo trimestre de 2020 (483.000) se ha reducido el empleo doméstico en 97.500 puestos (-16,8%%), concentrándose la pérdida de trabajos en el segundo trimestre. Los datos de afiliación del régimen de empleadas de hogar de la Seguridad Social arrojan una cifra bastante menor: 376.900, mientras que las asociaciones de trabajadoras domésticas sitúan el número en 670.000, lo que da idea de la magnitud de la economía sumergida en el sector.

Estos datos muestran asimismo que el 96% son mujeres, y el 42% de las mujeres afiliadas a este régimen son extranjeras, “pero si en lugar de por nacionalidad se ofrecieran datos por país de origen, este porcentaje último se elevaría sustancialmente, porque el colectivo de empleadas de hogar de origen latinoamericano que han adquirido la nacionalidad española -con doble nacionalidad, por tanto- es muy numeroso, pero jurídicamente ya no son extranjeras; la Seguridad Social debería ofrecer este dato”, advierte Carmen Vizán, analista del Consejo Económico y Social de España.

“El único colectivo social que sigue desprotegido”

Arantxa Zaguirre, abogada y ex letrada de Orientación Jurídica de Extranjería y Racismo del Colegio de Abogados de Madrid, recuerda que muchas trabajadoras domésticas llevan sin ingresos “desde marzo”, pero no sólo están pidiendo el subsidio extraordinario, sino la “instauración de una prestación por desempleo digna” que cumpla con el Convenio 189 de la OIT, que es realmente la reivindicación que se viene solicitando “desde hace muchos años”, porque lo que quieren es tener “los mismos derechos que el resto; se trata del único colectivo social que sigue desprotegido”.

Graciela Gallego, colombiana con 19 años en España y portavoz del Grupo Turín: “La situación es de total vulnerabilidad, estamos en un limbo administrativo y muchas compañeras, con hijos a su cargo, tienen salarios indignos. Existen muchas anomalías y lagunas en el proceso para cotizar a la Seguridad Social. En este sector la economía sumergida está a la orden del día. Esta crisis está acentuando los niveles de pobreza entre las trabajadoras y ha aumentado la explotación”.

Este medio ha intentado contactar sin éxito con la Secretaría de Estado de Empleo para conocer el número de trabajadoras domésticas que han solicitado el subsidio especial, a cuántas se les ha admitido y cuántas lo han cobrado.

Según Slepoy, “algunos colectivos tuvieron una reunión con la Secretaría de Estado de Empleo hace unas de dos semanas, y el propio secretario -Joaquín Pérez Rey- les pidió el dato de cuántas solicitudes de subsidio habían presentado. Es el colmo que ni la propia Secretaría disponga de la cifra y se la tenga que pedir a la sociedad civil”. Por su parte, Espínola comenta que “el Ministerio de Trabajo nos dijo recientemente que ha pagado unas 20.000 solicitudes de subsidio, y que 32.000 están pendientes, por lo que el total es de 52.000, que son poquísimas, ya que sólo lo pudieron solicitar las compañeras que estaban dadas de alta en la Seguridad Social antes del 14 de marzo”.