Okupación y allanamiento: 10 cifras para entender el contexto

Un hombre intenta recuperar su vivienda tras seis años de inquilinos morosos y acaba siendo denunciado. Le roban las cenizas de su hijo tras destrozarle la casa. Una mujer se niega a dejar el piso de una chica y tiene abogado propio. En los tres casos la misma palabra: okupas. Alejandro Fuentes-Lojo, abogado experto en derecho inmobiliario, aclara por teléfono que en el caso de impago de arrendamiento no hablamos de okupación -o, en todo caso, no de okupación con ‘k’, que es un movimiento social presente en España desde los 80- y que frente a esta situación procedería un desahucio por precario. “Hay cauces legales que respetar”, concluye.

Si alguien entra en una vivienda habitual o en una segunda residencia vacacional caben dos opciones: la vía penal o la civil. En la primera existe el delito de allanamiento de morada con penas de seis meses a dos años, y en el caso de que haya habido intimidación, de uno a cuatro años. Por la vía civil hay dos mecanismos: el desahucio por precario o el desahucio exprés avalado por la Ley 5/2018, que da cinco días para presentar un título que justifique la posesión del inmueble o se procederá al desalojo. Fuentes-Lojo afirma que es mejor la vía civil ya que en la penal la confluencia y choque de competencias hacen que en la práctica el proceso se eternice.

Por otro lado hay que tener en cuenta los criterios de cada administración local. Así, el fiscal jefe de Valencia ha emitido un escrito que apoya que las fuerzas de seguridad desalojen en 48 horas. Baleares se decantó por esta medida en el verano de 2019. Sobre la base de estas posturas, el catedrático de Derecho Penal Norberto J. de la Mata argumenta que la invasión de tu espacio íntimo es un delito flagrante. Fuentes-Lojo insiste en acciones de este carácter para acortar tiempos: “No es razonable que una resolución se demore de seis meses a un año y medio perjudicando al ciudadano”.

Por su parte Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), remite a las principales asociaciones de jueces que no ven necesaria una modificación de la normativa vigente o una ley antiokupas: “Lo ha dicho Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, y Adolfo Carretero, juez de instrucción 47 de Madrid de corte conservador”.

Ahondamos en las cifras más comentadas sobre esta cuestión pública:

• En 2018, según el Barómetro del CIS sobre vivienda y alquiler, tres de cada cuatro encuestados respondió que la ocupación ilegal de edificios y viviendas era poco o nada problemática en su zona de residencia. El 13% sí lo tenía en cuenta, con un 9% considerándolo bastante importante y un 4%, muy preocupante. “El último sondeo de Metroscopia realizado antes del verano muestra que el 80% teme el contagio y la mayoría eligió que el dinero que Europa dará a España se destine a salud y no a un empleo de calidad pese a la inseguridad económica”, explica a cuartopoder José Pablo Ferrándiz, cofundador de Metroscopia.

• Los últimos datos disponibles sobre ocupaciones ilegales de vivienda son de 2018 y cifra en 12.214 los casos, esto es, 33 cada día. Según la Guardia Civil y la Policía Nacional esto supone un aumento del 58% en cinco años. Sin embargo tanto Jacinto (PAH) como Diego Boza, docente en la Universidad de Cádiz que fue abogado en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, critican la falta de coherencia en conceptos y datos para poder hacer un seguimiento del mapa inmobiliario, del tipo de propietarios y poder, de ese modo, analizar la situación de manera más exacta. Y señalan que a todo caso lo interesante sería analizar las condenas, no las denuncias, de estos casos. “El Instituto Nacional de Estadística ofrece categorías delictivas muy amplias y discordantes de un año a otro, lo que imposibilita por partida doble el seguimiento. Por ejemplo, la usurpación de inmuebles (ocupación) no está individualizada”. José Pablo Ferrándiez, cofundador de Metroscopia, también echa en falta pedagogía desde los partidos políticos y administraciones.

• De 2,9 millones de viviendas en la Comunidad de Madrid en 2019, el 0,14% estaba ocupado y de este, el 0,02% eran propiedad de particulares, tal y como analizó el periodista Jaime Rubio Hancock. Dani Domínguez, también periodista, recoge que el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior cifró hace un año 14.621 inmuebles ocupados ilegalmente, de un total de más de 20 millones de viviendas. Y de estos 14.621, unos 3.000 eran propiedad de particulares.

• En 2011, año con los últimos datos disponibles en el INE, había 3,4 millones de viviendas vacías en un total de 26 millones de viviendas.

• Según el Institut Cerdá, en 2017 unas 87.000 personas vivían en inmuebles ocupados en el territorio español. La cifra que da la PAH es similar: 100.000.

• De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida, en 2005 los hogares que residían en una vivienda de alquiler eran el 9,5% y pasaron al 14,8% en 2018. Sobre todo se trata de bloques colectivos, edificios antiguos anteriores a 1960 y con un tamaño menor a los 75 metros cuadrados. Según el INE, los motivos más que ser de elección personal son por falta de medios económicos para acceder a una hipoteca.

• En 2019 hubo 250 desahucios al día, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial de 2019, dos de cada tres son por impago de alquiler. Un modo de acceder a la vivienda a falta de liquidez y estabilidad laboral con los coletazos de la burbuja inmobiliaria.

• “De 2014 a 2019 hubo un descenso de pobreza monetaria. Si nos fijamos en la crisis anterior, y a falta de datos actuales, esperamos que el indicador de privación de recursos para cubrir necesidades básicas aumente como mínimo a niveles de antes, hasta un 20%”, advierte Alba Lanau, investigadora en el Centro de Estudios Demográficos. El perfil que puede verse más vulnerado son jóvenes, por su alto índice de paro, y padres de entre 30 y 40 años independizados. Lanau también señala que ya no se dispone del mismo colchón o red de apoyo familiar que sí hubo en la crisis de 2009.

• El Gobierno prevé que 2020 cierre con una contracción del PIB del 9% mientras que el FMI considera que puede llegar a alcanzar el 13% para España. Las últimas cifras del paro del segundo trimestre del año son de 3,3 millones de personas desempleadas. El desempleo es, con diferencia, el primer motivo de preocupación al ser un problema estructural, según confirman varios expertos consultados, quienes señalan junto a portales especializados en bienes inmuebles un horizonte de posibles impagos dada la precariedad laboral y despidos masivos.

• Las ejecuciones hipotecarias, esto es, la orden del banco porque una persona no afronta sus cuotas, se disparó de 2008 a 2009 en un 60%, descendió en 2011 con la entrada de la ley 37/2011 conocida como desahucio exprés y desde 2014 ha ido aminorando en un 66%, según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial. Lo cual deja intuir un síntoma de mejora.