Primera demanda colectiva de 75 familias al fondo buitre Blackstone en Madrid

Un total de 75 familias se han unido a una demanda colectiva en Madrid contra "los contratos abusivos" de alquiler que "les obligó a firmar el fondo buitre Blackstone", según ha comunicado el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid. La demanda se interpuso antes del estado de alarma en los Juzgados de Plaza Castilla contra Fidere, principal empresa pantalla y titular arrendadora de todas estas familias, antes del estado de alarma. Este miércoles las familias han acudido ante la sede de Fidere para entregarles una copia de la demanda.

"Es la primera vez que se interpone una demanda de estas características", explica Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinos. Los contratos a los que refiere la demanda fueron firmados entre 2016 y 2018 y la mayoría son de Torrejón de Ardoz en un suelo público que la Comunidad de Madrid cedió para que se comercializaran viviendas con rentas limitadas. El objetivo era permitir el acceso a alquileres asequibles a familias jóvenes con opción a compra, con el descuento correspondiente de lo abonado.

Pero los contratos que les ofreció Fidere, denuncian desde el Sindicato de Inquilinos, estaban plagados de "condiciones abusivas". Por ejemplo, contemplan que "la totalidad de gastos de comunidad  de propietarios e IBI deben ser sufragados por el inquilino" o les obligan a "contratar un seguro de hogar", mientras que se hace renunciar "al derecho de tanteo y retracto", un derecho del inquilino que está reconocido tanto en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como en el Código Civil. A los inquilinos solo les quedaba la opción de aceptarlo completamente o rechazarlo.

Asimismo, algunos demandantes han enfrentado subidas del alquiler de hasta el 100% que no pueden afrontar. Es una táctica habitual de los fondos buitre desde que aterrizaron en España en el 2013, según explica el Sindicato de Inquilinos, para "inflar los precios del mercado artificialmente conseguir que se revaloricen sus activos".

Con la demanda se espera una sentencia que dictamine qué cláusulas son abusivas y también que se ordene su inscripción en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación y que no vuelva a usarse más en un contrato de arrendamiento que se lleve a cabo con una socimi. Aunque solo son 75 las familias demandantes, al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid le consta que existen "cientos o incluso miles las personas afectadas por Blackstone en Madrid y muchas de ellas han sido recientemente o serán próximamente desahuciadas".

Esta demanda colectiva también tiene otro cometido: que "el Gobierno tome conciencia dela situación" y tenga "la valentía política" de adoptar una serie de medidas que pongan freno a este tipo de prácticas. Es decir, que impulsen las reformas legislativas necesarias para proteger al inquilinato y perseguir "la especulación desaforada de las socimis y los fondos buitre". En definitiva que intervenga para que, de una vez por todas, se garantice el derecho a la vivienda como contempla la Constitución.