La movilización de los migrantes del campo en Andalucía: “Cansados de estar sin papeles”

Cientos de miles de personas migrantes que viven en situación irregular en España se han quedado fuera de las medidas de protección social, como el Ingreso Mínimo Vital, que ha lanzado el Gobierno de España para paliar los efectos de la crisis de la covid-19. Miles de ellos viven en asentamientos chabolistas en el campo andaluz en unas condiciones que, según el relator de la ONU para la pobreza severa, “rivalizan con las peores condiciones de cualquier otra parte del mundo”.

Aunque trabajan en el sector agrícola, una de las actividades calificadas de esenciales por el Ejecutivo durante la pandemia, sus derechos se han visto aparcados una vez más por carecer de “papeles”. “Sin la mano de obra barata de Almería, no creo que a los supermercados del resto de España llegaran los productos de primera necesidad. Ha sido una vergüenza que esta gente, referente en la economía, permanezca indocumentadas sin que se tomen las medidas que garanticen su día a día”, manifiesta Spitou Mendy, exportavoz del Sindicato de Obreros del Campo de Almería (SOC-SAT).

El pasado domingo 21 de junio, la plataforma andaluza 'Regularización Ya' convocó varias concentraciones para demandar “la regularización urgente, permanente y sin condiciones” de las personas migrantes y solicitantes de asilo con motivo de la covid-19. Mientras que Portugal e Italia han organizado regularizaciones masivas por la situación de pandemia, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sostenido que en España no se dan las mismas “circunstancias excepcionales” que en estos otros países.

Hartas de su situación, cientos de personas migrantes trabajadoras del campo salieron el pasado fin de semana a la calle en Huelva, Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla para exigir condiciones de vida y de trabajo dignas, así como la regularización de su situación. Entre sus consignas: “cansados de estar sin papeles”, “sin contrato, no hay tomates” o “sin contrato, no hay sandía”.

Las condiciones para estos trabajadores y trabajadoras del campo han empeorado durante la pandemia. Médicos del Mundo denunció durante el estado de alarma la situación de insalubridad de los asentamientos, donde se permanecido hacinadas miles de personas durante la covid-19. Bajo el plástico de las chabolas y sin agua potable, la vida se vuelve insoportable con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas.

Estos son algunos de los manifestantes que se han sumado a las protestas que exigen la regularización de su situación.

Ismail Alam, marroquí, 30 años: “Solo pedimos derechos humanos, no tenemos nada que perder”

Este joven marroquí llegó a España hace dos años y vive en el asentamiento conocido como Walili, en el municipio de Níjar (Almería). Cuenta que durante el estado de alarma los habitantes de estas chabolas han seguido trabajando en el campo como venían haciéndolo antes la pandemia. Es decir, trabajan “sin papeles”, “sin ningún contrato” y durante “unas ocho horas diarias”. “Nosotros teníamos fe en que nos regularizaran con la pandemia porque somos vulnerables. Esperábamos que pensasen en nosotros”, dice decepcionado.

Ha llegado el calor y la situación se complica en el asentamiento. “Es muy duro. Las chabolas tienen la amenaza del fuego, de las enfermedades... Dentro del plástico hace más calor todavía”, narra. Durante el tiempo de la pandemia que ha estado trabajando comenta que han recibido alguna visita puntual de la Cruz Roja para repartir algunos medicamentos y mascarillas, una ayuda que no basta para paliar las severas necesidades de los trabajadores.

Este fin de semana ha salido ha manifestarse pidiendo una regularización generalizada y está contento con que otros compañeros “sin papeles” hayan protestado también, aunque muchos “tienen miedo a las deportaciones”. Ahora forma parte de un grupo de Whatsapp en el que se organizan trabajadores migrantes de otras provincias andaluzas. “Solo pedimos derechos humanos, no tenemos nada que perder”, señala.

Nora, marroquí, 25 años: “No tenemos papeles y por eso no podemos trabajar”

La situación no ha sido igual en todos los campamentos. En el asentamiento de Atochares (Almería), donde vive Nora, la mayoría de las personas “sin papeles” se han quedado sin trabajo en el campo durante el confinamiento. “Ese es nuestro problema ahora, que no tenemos papeles y por eso no podemos trabajar, no podemos buscarnos la vida, no podemos salir, no podemos hacer nada, no podemos vivir”, denuncia.

Cuenta que todos sus días son iguales: “Todo lo que puedo hacer es levantarme, limpiar mi chabola y mirar cómo la vida pasa frente a mí”. Desde que llegó a España hace dos años no lo ha tenido fácil. Explica que las mujeres solas en los asentamientos está expuesta a los abusos, ya que algunos hombres merodean sus chabolas por las noches, cuando se encuentran bajo los efectos del alcohol. Al principio se mantenía alerta y no podía dormir, hasta que encontró a unos compañeros con los que compartir vivienda.

Quiere trabajar para poder ayudar económicamente a su madre, que se encuentra sola en Marruecos. Explica que ella y a sus compañeros esperan a que pasen los tres años para obtener el arraigo social que de paso a la residencia legal. Después asegura que la única opción es comprar un contrato de trabajo que los empresarios agrícolas suelen ofrecer por unos 4.000 o 5.000 euros. Su situación es desesperada, y por eso Nora ha sido una de las manifestantes más activas en las protestas del domingo que exigían la regularización. “Solo queremos trabajar en España y vivir tranquilos”, señala.

Spitou Mendy, senegalés, 57 años: “En la pandemia se ha agudizado el problema de los 'sin papeles'”

Cuando llegó a España en 2001, Spitou ya conocía la lucha sindical. Cuenta que en esos primeros momentos su mejor amiga fue "la biblioteca", donde se puso a leer todo lo que pudo sobre sindicalismo europeo. Spitou Mendy, exportavoz del SOC-SAT lleva casi 20 años trabajando en nuestro país como “obrero del campo”. “En la pandemia se ha agudizado el problema de los sin papeles. Igual que se mandan los militares a una guerra, ellos han sido soldados en la economía”, explica.

Considera que el Gobierno ha tenido miedo a la oposición, que trata a estos trabajadores “como delincuentes”. Opina que estos partidos de extrema derecha son votados por el empresariado agrícola, interesado en sacar beneficio de la explotación de los migrantes en situación irregular.

Sabe que la movilización es difícil para muchos de ellos. Enseña el documento que le ha negado la nacionalidad por conducta “incívica” al haber sido detenido por “allanamiento de morada”. Asegura que el rechazo es injusto, porque en el momento de la detención tan solo se encontraba realizando labores de “mediación” para un conflicto en los asentamientos, donde no intervienen las fuerzas de seguridad. Sin embargo, tiene esperanzas en que la segunda generación, los hijos de los migrantes como él, continúen la lucha por sus derechos. “Lo que empecé Almería va a seguir. Los migrantes de primera generación somos analfabetos, pero los niños que han nacido aquí van a ver que no pueden conseguir una carrera porque son negros. Tenemos las semillas de una lucha”.