Las muertes en las residencias muestran las grietas de la Ley de la Dependencia

La pandemia del coronavirus ha provocado una verdadera tragedia en las residencias de mayores. A día de hoy se cuentan más de 19.300 fallecidos en estos centros con la enfermedad o sus síntomas. La cifra corresponde algo más del 70% del recuento que hace el Ministerio de Sanidad sobre el el total de muertes en el país. La oleada de muertes en el interior de estos centros, cuyos déficits llevan años denunciando sin éxito familiares y trabajadores, nos obliga a dirigir la mirada hacia nuestro modelo de atención a la dependencia. Esta crisis ha terminado por evidenciar aquello que no funciona y mostrar sus severas grietas.

“Queríamos evitar que con la sanidad en España pasara lo que sucedía en EEUU, que una enfermedad pudiera arruinar a una familia. Me he dado cuenta de que ese modelo de privatización que queríamos evitar para la sanidad pública, ya es una realidad en la dependencia”, manifiesta a cuartopoder Francisco L. Vázquez Vizoso, exjefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Complexo Hospitalario de Pontevedra y ahora miembro del Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas (MODEPEN).

En España nos encontramos ante un sistema de residencias con unas ratios de personal por mayor “obsoletas”, según los sindicatos y asociaciones de familiares, y con un alto nivel de privatización. Según el informe Envejecimiento en Red del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC), un 72,8% de las plazas son privadas, mientras que un 27,2% de las plazas son públicas. La cifra de la privatización llega a rozar o superar incluso el 80% en comunidades autónomas como Madrid o Galicia. Esto sin contar las plazas públicas que, en realidad, son gestionadas por empresas privadas.

Un país altamente envejecido y sin apenas residencias públicas, el negocio es redondo para los fondos de inversión, aseguradoras y compañías de diversa índole que participan en estos centros. Por ejemplo, la multinacional Domus Vi, que vio sus residencias intervenidas durante el estado de alarma en Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana debido a sus elevadas cifras de contagio y muertes, se autodenomina “la mayor red de residencias de España”. Lega a acumular 25.000 plazas y cerca de 200 centros de día y residencias de las casi 6.000 que hay en nuestro país.

A falta de los datos pormenorizados de los fallecidos en residencias de las distintas CCAA, afloran algunas pistas que son motivo de alarma. Ya a finales de marzo, la Cadena Ser contaba que de las 1.065 defunciones que registraban estos centros en la Comunidad de Madrid, solo 70 muertes correspondían a las residencias públicas, el resto habían sucedido en privadas o concertadas. MODEPEN asegura haber demostrado mediante la recopilación de datos a través de los medios de comunicación que la mortalidad en las residencias de gestión privada fue 24,18 veces superior a la existente en las residencias públicas en Galicia, la tercera comunidad autónoma más envejecida.

Los agujeros de la Ley de la Dependencia

Este modelo actual en las residencias tiene un marco legal de hace 14 años. La Ley de la Dependencia, que nació en 2006, estableció por primera vez el derecho a la asistencia de las personas dependientes. “Supuso un gran avance, pero tiene agujeros. No reconoce que esa atención tiene que ser un derecho subjetivo universal, y que esta debe ser suficiente y de calidad”, explica a cuartopoder la economista e investigadora feminista María Pazos. “Hace unos años hubo una oleada neoliberal que quería desmantelar el sector público y afectó a la Ley de la Dependencia”, añade Pedro Casas, de la Plataforma por la Remunicipalización y Gestión directa de los Servicios Públicos de Madrid.

La norma establece diferentes tipos de ayuda según el grado de dependencia, de los que la gran mayoría son personas mayores. Aproximadamente la mitad de las personas de 65 años, 4 millones de personas, sufre algún tipo de limitación. La atención, ya sea domiciliaria, la teleasistencia, la residencial o en centros de día, acumula unas largas listas de espera. Al día mueren 85 personas, 30.000 al año, sin haber podido acceder a la prestación a la que tenían derecho, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. España en atención a la dependencia se sitúa muy por debajo del 1% del PIB, alejado del 1,4% de media de los países de la OCDE.

Además la norma acabó fomentando un sistema “familiarista” de cuidados, que como sabemos recaen mayoritariamente sobre las mujeres (esposas, hijas, sobrinas etc.). En su artículo 18 la Ley de la Dependencia contempla de forma excepcional el cuidado familiar, aunque acabaría por ser la norma. A la falta de servicios públicos de calidad, como residencias públicas y atención domiciliaria suficiente, se les suman los incentivos fiscales. Los familiares que cuidan pueden recibir una prestación que con suerte y como máximo alcanzaría unos 400 euros al mes, no siempre suficiente para la correcta atención de las personas dependientes.

Si sumamos las prestaciones económicas por cuidados familiares (36%) y la ayuda a domicilio (23%) nos encontramos con que un 59% de las prestaciones se establecen con base en las cuidadoras familiares, según los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad). “Hay mujeres cuidando las 24 horas, con dos horas de ayuda a domicilio. No tienes derecho a un día de descanso, eso está por debajo de los estándares de los derechos humanos. Además de que cuando dejan de cuidar llegan a ser mayores y estan fuera del mercado laboral, sin ningún tipo de prestación”, subraya Pazos.

Otra atención a la dependencia

El presupuesto destinado a la atención a las personas de la tercera edad no llega a cubrir las necesidades de la población. Desde la Red por la Remunicipalización y Gestión Directa de los Servicios Públicos de Madrid entienden que se necesita “una financiación suficiente (o sea incremento notable de la misma) para servicios públicos y de calidad, suprimiendo las desgravaciones” que contempla la actual Ley de la Dependencia. El estudio 'Atención a la dependencia en España' de 2018, financiado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), vienen a demostrar que si se administraran mejor los recursos, el Estado podrían recuperar prácticamente toda esa inversión extra. Se crearían 385.000 nuevos empleos a tiempo completo.

Las voces que defienden el cambio en la atención a la dependencia apuestan por un sistema de residencias de mayores y Servicios de Atención Domiciliaria (SAD) totalmente públicos, de calidad y bien financiados, de manera que todas las familias dispongan del recurso cuando lo necesiten. El proceso de transformación de las residencias no implicaría costes, sostiene Pazos, si simplemente no se renovasen los contratos de la gestión de dichos centros. El cambio implicaría centros más pequeños y con una atención suficiente y adecuada, al estilo de las residencias para la tercera edad de países nórdicos como Suecia o Dinamarca.

Otros como Vázquez Vizoso apuestan más por el modelo "ageing at home" (envejecer en casa). La atención domiciliaria sería el epicentro del sistema y las residencias serían el último recurso al que acudir, cuando se alcanzasen grados de dependencia muy severos.

El Defensor del Pueblo en su último informe anual afirma que “se requiere de un significativo esfuerzo presupuestario para dotar más plazas” y que también es necesario “revisar al alza las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial”. Además, en España “el 51% del total de plazas se sitúa en macro-residencias con más de 100 camas (CSIC)”, lugares que se han demostrado grandes focos de contagio durante la crisis del coronavirus. Desde MODEPEN piden también un estudio epidemiológico que ayude a identificar por qué la mortalidad en las residencias fue tan alta y si en el resto del país, como en Galicia, el mayor número de muertes se ha registrado en las privadas.

Los movimientos sociales en defensa de los servicios públicos piden un cambio en la Ley de la Dependencia, incluso su derogación, para apuntalar los derechos de los mayores y las personas dependientes. “Aquí tenemos un derecho a la educación pública o a la sanidad pública, pero en el caso de los dependientes ese derecho no está consolidado”, indica F. Vázquez. “El artículo que consolida el derecho subjetivo está sin desarrollar desde 2006 de manera que se impide que pueda ser recurrido ante los tribunales, por la vía penal”, añade. Echando un vistazo a las listas de espera, si se hubiera habilitado esa vía, quizás las denuncias se contarían por miles en los tribunales.