Motivos por los que no reabrir los CIE cuando pase el coronavirus

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) han sido vaciados con motivo de la crisis del coronavirus. Según la Policía Nacional, tan solo quedan dos personas en el centro de Algeciras a la espera de ser trasladados a un lugar “adecuado”, de un total de más de 700 plazas que operan en los siete centros activos en el país. Estos centros suman episodios trágicos, informes que ponen en cuestión su funcionamiento e infinitas críticas por parte de activistas y expertos. Sin embargo, solo una crisis como la del coronavirus ha logrado ponerles el candado. Al menos por ahora.

Una orden ministerial permitió en 1999 su apertura, aunque la reclusión de los migrantes en un régimen aparte existe desde 1985. Bajo la conocida como “directiva de la vergüenza” de 2008 que armonizó la detención y expulsión de las personas extranjeras en la UE, España recluye en estos establecimientos hasta un máximo de 60 días a personas que no han cometido ningún delito, solo la falta administrativa de encontrarse en una situación irregular. El exjuez de control del CIE de Aluche Ramiro García de Dios considera que “un preso común tiene más garantías en relación con sus derechos” que los internos de estos centros, “paradigma de la vulneración de los derechos humanos”.

El fin de estos centros es la repatriación de los extranjeros a su lugar de origen, pero a menudo han incumplido este cometido. Los porcentajes de expulsión han llegado a rondar tan solo el tercio de las personas internadas. En contra del cierre de los CIE que piden las organizaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez intentó, por el contrario, hacerlos “eficientes”. Más recientemente, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska ha comunicado que aspira a reformar los CIE para hacerlos “compatibles con los Derechos Humanos”.

Si por fin se han podido clausurar los CIE, deja claro Interior y la Policía Nacional, es solo porque se han suspendido los vuelos al extranjero y los internos no pueden ser repatriados. Repasamos aquí varios motivos que invitan a pensar en su cierre permanente.

Vulneración de derechos

Las condiciones en el CIE llevan años siendo denunciadas tanto por las organizaciones como por el Defensor del Pueblo. Entre las denuncias se registran hacinamiento, malos tratos, dificultades en el acceso a la sanidad o incomunicación.

Además, la propia reclusión sin haber cometido delito alguno seria inconstitucional por vulnerar el derecho fundamental a la libertad. Así lo recoge el Observatorio Criminológico del Sistema Penal (OCSP) ante la Inmigración. El Tribunal Constitucional se acogió a que esta medida cautelar podría ser puesta en marcha de manera “excepcional”, pero miles de personas han pasado por estos establecimientos. “Ha llegado el momento de darnos cuenta de que no somos capaces de cumplir las condiciones que impuso el TC”, señala el citado informe.

Aunque la vigilancia judicial o el control de las ONG a estos centros están contemplados en la normativa, la realidad es que no siempre logran traspasar la barrera. En su informe de 2018 (publicado en 2019) el defensor del Pueblo recordó que se siguen detectando “carencias” como la restricción de las visitas a las organizaciones por motivos de seguridad. Si no son cárceles se parecen mucho a ellas, en especial por ser establecimientos de control policial dependientes de Interior.

Sufrimiento psicológico

“La arbitrariedad juega un papel desestructurante”, subraya SOS Racismo en su informe de 2017. “Las personas necesitamos saber nuestros derechos y deberes, más en circunstancias tan límites. “Allí en el centro son pocas cosas las que tienen claras los detenidos, y se encuentran preguntando a qué tienen derecho y cuáles son las consecuencias de su situación irregular administrativa (...)”, añaden en dicho docuemento. Muchos vuelven, por tanto, a revivir el momento traumático de la migración.

Pero además el paso por un CIE puede suponer una brecha irreparable en la vida de muchas personas. Quienes llevan años viviendo en España, pero son internadas, interrumpen sus proyectos de vida, con las consecuencias que ello pueda acarrear. “Que de pronto se detenga su vida, sus proyectos de los cuales dependen, en algunos casos, su comunidad y su familia, genera angustia, sentimientos de culpa, insomnio, dolores musculares, cefaleas, un claro decaimiento, y lo que es peor para la salud mental, la pérdida de esperanza”, indica SOS Racismo.

Límites difusos entre el CIE y la cárcel

Aunque según la normativa los CIE no son cárceles penitenciarias, hay cientos de testimonios que ponen esto en duda o incluso hablan de peores condiciones que las de una cárcel. “Me dieron una colchoneta y me subieron a la segunda planta. Me dieron un número y me dijeron 'tu nombre ya no existe, olvídate de tu nombre'. Es peor que la cárcel”, declaraba Alberto a La Sexta Noticias sobre su experiencia en el CIE de Aluche. “Los váteres están sucios, en invierno solo hay agua fría, hay chinches en los colchones y no hay médico ni psicólogo. Y además están masificados”, decía Mor Diagne del CIE de Zapadores en Valencia en el cortometraje 'Makun-No llores', candidato en los Goya de 2019.

En los CIE se entremezcla una mayoría de personas extranjeras que no han cometido ningún delito con una minoría que sí lo ha hecho, a menudo sin ningún tipo de separación. “A las personas que sí han cometido un delito les corresponde la respuesta que el ordenamiento tiene prevista: la prisión”, rebaten los juristas del OCSP. La falta de separación entre convictos y no convictos también ha sido puesta en tela de juicio por el Defensor del Pueblo.

Sucesos trágicos

El caso de Samba Martine, quien murió en el CIE de Aluche en 2011, saltó a los grandes medios de comunicación y llegó a la opinión pública. La congoleña falleció por una afección pulmonar derivada del sida, que podría haberse evitado si hubiera recibido la atención adecuada. Pero hay otros casos más recientes que siguen rodeados de incógnitas, como el suicidio de un joven marroquí el año pasado en el CIE de Zapadores (Valencia), donde han fallecido otras dos personas.

En total, ocho personas han muerto en los CIE desde 2006, la mayoría en el de Barcelona y en el de Valencia, donde se han registrado los dos únicos casos de suicidio, según la respuesta escrita que dio el Gobierno en febrero al diputado vasco Jon Iñarritu (EH Bildu). La investigación de sucesos de este tipo o de denuncias de malos tratos por parte de la Policía se dificulta, denuncian las organizaciones contra los CIE, por la expulsión de los testigos o el miedo a declarar de muchos de ellos.

Desatención de los más vulnerables

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) también ha denunciado el ingreso de menores en este tipo de centros, “una de las situaciones de vulnerabilidad observada con más frecuencia”, denuncian en su informe de 2018. “Desgraciadamente, se han observado casos en los que no se han iniciado los mecanismos jurídicos para la determinación de la edad o que se ha autorizado la práctica de la prueba una vez ejecutada la devolución o la expulsión”, explican.

La vulneración de derechos también se da “en la tramitación de las solicitudes de asilo, el acceso a las comunicaciones, la asistencia letrada y la interpretación”, según denuncia el SJM en este mismo documento. Por ejemplo, la ONG Women's Lin Worldwide denunció en 2017 a España ante el Comité contra la Tortura de la ONU por el caso de Gladys John, una mujer nigeriana embarazada que ingresó en el CIE de Aluche en 2010 y fue expulsada a pesar de que varias organizaciones la identificaron como presunta víctima de trata.

Ineficiencia

El Defensor del Pueblo denunció en 2018 que el sistema era “ineficiente” y precisaba de “una reforma urgente”, ya que solo un un 37,29% de las personas internas el año anterior fueron expulsadas o enviadas de vuelta a sus países, el principal cometido de estos centros. Eso hacía que el sufrimiento que habían vivido la inmensa mayoría de ellos tuviera aún menos sentido. Este problema intentó ser “corregido” ese mismo año con el Gobierno de Pedro Sánchez priorizando el encierro de marroquíes y argelinos hasta llegar a la expulsión de 6 de cada 10 internos, la cifra más alta en nueve años.

Pero este intento de mejorar la eficacia del sistema vuelve a traer dilemas: la cifra seguía causando “el sufrimiento inútil” del otro 40% de internos restante. Además “el 70% de las personas detenidas fueron las que llegaron en patera”. Según denunció el SJM se caía de nuevo en la discriminación: se detenía sobre todo a argelinos y marroquíes porque son los países con los que España tiene acuerdo de repatriación y a las personas subsaharianas, que tienen un retorno generalmente inviable, se les destinaban recursos humanitarios.