¿Son suficientes las nuevas medidas de ámbito social aprobadas por el Gobierno?

En España superamos la escalofriante cifra de 10.000 fallecidos por el coronavirus. Mientras los sanitarios siguen trabajando sin descanso para ponerle freno a la muerte, el Gobierno ha aprobado esta semana otro paquete de medidas para intentar frenar también el desastre social y económico. Los sindicatos y varios colectivos de la sociedad civil valoran positivamente este Real Decreto-ley 11/2020, ya que contiene algunas de las medidas que venían exigiendo para que nadie se quede atrás en esta crisis. Sin embargo, también consideran que todavía no son suficientes para proteger a algunos de los colectivos más desfavorecidos.

Las empleadas del hogar

El Real Decreto recoge que cerca de 400.000 empleadas del hogar, que durante los últimos días habían exigido una protección económica, tendrán acceso a un “subsidio extraordinario” si han visto reducido su trabajo parcial o completamente. Esta prestación será del 70% de su base de cotización y tendrá como tope el salario mínimo interprofesional.

La presidenta de Servicio Doméstico Activo, Carolina Elías, valora “positivamente” que “al fin” el gobierno haya tomado una medida que beneficie a estas trabajadoras, pero la considera “insuficiente”. Para empezar hay muchas trabajadoras, mujeres migrantes en situación irregular, que se quedarán fuera de estas ayudas por no estar dadas de alta en la Seguridad Social -esta asociación calcula que son entre unas 200.000 y unas 300.000 mujeres-.

Además, Elías denuncia que este subsidio “llega tarde y no se aplica en igualdad”. El proceso debe iniciarse por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) a partir de mayo, un retraso que preocupa a este colectivo por la vulnerabilidad económica que sufren. La representante de las trabajadoras del hogar también denuncia que han detectado contagios entre trabajadoras y sus empleadores, en ambas direcciones, debido a que “sigue sin resolverse el problema de falta de material de protección para ellas”. Como posibles soluciones, estas trabajadoras están pidiendo “una regularización de las empleadas sin papeles” e incentivos fiscales o suspensión de la Seguridad Social a las familias que les contratan, también afectadas por la crisis.

Los trabajadores temporales

CCOO y UGT han celebrado que el Gobierno otorgue una prestación del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IMPREM), 440 euros, a todas aquellas personas desempleadas con un contrato temporal de al menos dos meses de duración finalizado después de la entrada en vigor del estado de alarma y que no contasen con cotizaciones suficientes para acceder a otro tipo de prestación. Sin embargo, indican que se quedan fuera de estas ayudas amplios colectivos de personas que han finalizado contratos temporales, agotado prestaciones o que no pueden acceder a ellas y que, en esta coyuntura, tienen materialmente imposible encontrar un empleo.

Por su parte, CGT también denuncia esta cuestión y, además, critica también la baja cuantía que reciben los trabajadores temporales que sí entran en los parámetros. También da algunos datos para entender el alcance de esta cuestión: el 90% de los contratos que se firman cada mes son temporales y aproximadamente el 27% de las personas asalariadas tienen un contrato por tiempo limitado. Más de 400.000 personas tienen empleos con una duración inferior a dos meses y cerca de 200.000 personas están cedidos a empresas de trabajo temporal.

Los alquileres y los suministros básicos

Los sindicatos también valoran positivamente las medidas aprobadas con respecto a la vivienda como la suspensión de los desahucios durante seis meses desde la declaración del estado de alarma y garantizar el derecho al alquiler de las personas mas vulnerables. CCOO y UGT entienden que son medias positivas porque “conjugan el derecho a la propiedad con el derecho de uso y disfrute de los inquilinos”.

Sin embargo, otros colectivos no están de acuerdo con la puesta en marcha de microcréditos (sin coste de intereses ni comisiones) para el pago de alquileres que se podrán devolver en seis años -con prórroga de cuatro años más-. El Sindicato de Inquilinos quería suprimir los alquileres durante el estado de alarma y ha impulsado una huelga de alquileres que pretende presionar al Gobierno, aunque carece de marco jurídico.

CGT critica, en concreto, el supuesto en el caso de aquellos caseros con más de 10 viviendas en propiedad o fondos de inversión. Los inquilinos se podrán acoger a una moratoria de cuatro meses y, una vez transcurrido el periodo, deberá haber acuerdo entre ambas partes. En caso de no llegar a un pacto, dan la opción de acogerse a la quita de una deuda del 50% o bien una reestructuración de dicha deuda en dos/tres años. El sindicato considera que esta “no es una buena solución para las personas más perjudicadas por la crisis”.

El Real Decreto también contempla medidas para garantizar los suministros básicos a los hogares más vulnerables. Ni la luz ni el agua ni el gas podrán suspenderse en dichos hogares mientras dure el estado de alarma, algo que valoran positivamente los sindicatos. Aquí también hay un “pero”, y es que CGT preferiría que a estas personas más vulnerables se les garantizara el 100% del suministro, sin moratorias en los pagos ni descuentos en las facturas.

Trabajadores autónomos y Pymes

Las nuevas medidas contemplan también un aplazamiento en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social durante un plazo de seis meses a Pymes y autónomos, así como la flexibilización de líneas de créditos y prestación por el cese de actividad. No obstante, desde la plataforma Autónomos Unidos Para Actuar (AUPA) creen que son el colectivo de trabajadores “más olvidado” por el Gobierno.

Raúl González, asesor jurídico de AUPA, considera que la medida es “totalmente insuficiente” ya que calculan que tan solo se van a beneficiar alrededor de 500.000 autónomos, quedando desprotegidos 1,5 millones. Además, exigen la implementación de las medidas que, para ellos, serían la verdadera ayuda para este amplio colectivo: la supresión de la cuota de autónomos de manera inmediata si hay cese de actividad, al menos de los trabajadores obligados a interrumpir su actividad, así como un plan de tarifa plana de cuota de 50 euros para cuando acabe el estado de alarma. También piden que, al igual que la cuota de autónomos, el aplazamiento de los impuestos del IRPF y del IVA no conlleve intereses en función de lo que se tarde en pagarlos, tal y como sucede ahora.