La población que se queda fuera de las medidas del Gobierno por el covid-19

Desconocemos la duración del estado de alarma por el coronavirus. Durante estos días nos ha acompañado el temor de que se contagien nuestros seres queridos, aquellas personas mayores o consideradas “de riesgo”. Pero también existe el temor de índole económico y social, y es que en último término el covid-19 se acabe cebando con la economía de los sectores más vulnerables de la población, aquellos que tendría más difícil la remontada después de un periodo de crisis.

Para intentar paliar los efectos que el cese de la actividad económica puede tener en los bolsillos de la ciudadanía, el Gobierno ha lanzado un paquete de medidas socioeconómicas contempladas en el Real Decreto-Ley 8/2020. En estas medidas se abarcan moratorias de pago en algunos asuntos como hipotecas, suministros básicos o cuotas de autónomos, así como la garantía de la prestación por desempleo a aquellas personas afectadas por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o de las reducciones de jornada.

Sin embargo, algunos colectivos sociales, ONG y sindicatos han reclamado haber dejado a amplios sectores de la población, al menos de momento, fuera de estas medidas. Se quejan de que el virus no solo amenaza su salud, sino también sus precarias economías.

Trabajadoras del hogar y contratos por ETT

Para el sindicato CGT, los dos principales colectivos de trabajadores que se quedan fuera de las medidas del Gobierno son dos: las empleadas del hogar y las personas que tienen un contrato a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT).

En el caso de las primeras, en febrero había dadas de alta en el régimen especial de la Seguridad Social un total de 393.865, aunque el número crecería si contásemos a las trabajadoras sin papeles en un oficio desempeñado mayoritariamente por mujeres migrantes. Estas trabajadoras no tienen derecho al desempleo si se les interrumpe el contrato, algo que a muchas les está ocurriendo por la crisis del coronavirus. “Se les debería dar un subsidio que al menos igualara el importe de una pensión no contributiva, en proporción al número de horas trabajadas”, pide Tomás Rodríguez, secretario de Acción Sindical de CGT. El sindicato, de hecho, ya ha hecho llegar esta misma solicitud al Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, CGT también alerta de que se quedan fuera de las medidas unos 200.000 trabajadores contratados a través de las ETT. Rodríguez recuerda que este sector tiene “uno de los convenios más nocivos en el régimen laboral, que contempla sin más la suspensión de los contratos en el caso del cierre total o parcial de la empresa usuaria”. El sindicato exige que estos trabajadores también reciban la misma prestación que el Gobierno contempla para los afectados por un ERTE, es decir, el cobro del 70% de la base reguladora aunque el empleado no haya cotizado lo suficiente.

Colectivos de vivienda

Los grandes olvidados del paquete de medidas socioeconómicas del Gobierno son las personas que viven en alquiler, ya que deberán seguir pagando puntualmente aunque hayan visto su trabajo interrumpido o reducido debido a la pandemia del coronavirus. Así lo han hecho saber colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.

Para la PAH "lo más grave" es que el Real Decreto no mencione los alquileres y no dicte “una moratoria de las rentas”. Los inquilinos y las inquilinas ya protagonizan casi el 70% de los desahucios habituales, así que con esta ausencia “el Gobierno deja atrás a miles de personas que viven de alquiler en nuestro país”, han indicado.

La PAH ha calificado de “tibio” el aplazamiento de las hipotecas aprobado por el Gobierno. “Consiste simplemente en una suspensión temporal del pago de cuotas, que se reanudarán una vez concluya su vigencia que, inicialmente es solo de un mes”, critican. “Para la banca, supone solo una demora en el cobro y salir airosa de esta situación que nos afecta a todas, nada novedoso. Desde la PAH pedimos la exoneración de cuotas”, han manifestado en un comunicado.

Autónomos

Existe controversia en lo que se refiere a los trabajadores autónomos. Sánchez anunció el martes una flexibilización del acceso a la prestación por cese de actividad para estos trabajadores, que es compatible con la exoneración del pago de cuotas en la Seguridad Social. Sin embargo, la asociación Autónomos Unidos para Actuar (AUPA) ha criticado severamente estas medidas porque, aseguran, dejan fuera a una buena parte de este colectivo, que componen 3 millones de personas en el país.

Según calcula esta asociación, solo 500.000 autónomos podrán acogerse a las medidas que se acaban de arbitrar -aquellos a los que se ha obligado a cerrar forzosamente, el comercio al por menor y algunas empresas adicionales--. La presidenta de la asociación, Olaia Muñoz Fernández, ha reclamado que se eliminen las cuotas y los impuestos durante estos meses extraordinarios para que los autónomos que puedan seguir trabajando mantengan “la economía viva”. Así se podría impulsar a las micropymes y a los trabajadores por cuenta propia.

Otros colectivos vulnerables

Las quejas también han venido por la parte de aquellas organizaciones que trabajan con las personas más desfavorecidas. Es el caso de Cáritas, que ha reclamado “un paso más” al Gobierno, para “no dejar de verdad a nadie atrás”. Entre estas medidas piden “prorrogar de forma extraordinaria las prestaciones por desempleo de las personas que se verían fuera del sistema de protección al ver vencer su prestación en marzo y abril”.

Además, Cáritas también ha recordado que las medidas contempladas en el Real Decreto imponen “tramas burocráticas para el acceso a las prestaciones y ayuda por parte de las personas más vulnerables”. Piden que se concedan las ayudas sin declarar la necesidad y que a posteriori, con un plazo de tiempo amplio, se produzca “la obligación de demostrar esa necesidad”. También piden especial atención al colectivo de las personas sin hogar, quienes no pueden obedecer la orden de apartarse de las calles, y han exigido el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).