Los cambios necesarios en una política de asilo ya de por sí restringida, según las ONG

Las nuevas líneas de Interior en cuanto a política de asilo y migratoria han dado lugar al primer encontronazo del Gobierno de coalición. El borrador de Interior adelantado por El País sobre una nueva ley de asilo que endureciera las condiciones para los solicitantes ha provocado el rechazo de Unidas Podemos. La noticia no caía en saco roto, ya que el ministro Fernando Grande-Marlaska acababa de dar también el visto bueno a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala las polémicas devoluciones en caliente y que, sin embargo, tiene en contra a los morados y a las ONG que trabajan con migrantes y refugiados.

Aunque Interior ha restado importancia al borrador filtrado, el Gobierno se ha limitado a afirmar en un comunicado que: “la política migratoria es una cuestión de Estado, basada en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos". También han querido subrayar que esta política debe estar basada en “la apertura de vías legales para la inserción social en los países de destino” y “el establecimiento de cauces para la correcta identificación entre peticiones de asilo y migraciones económicas, adecuando el sistema de asilo a la protección de nuevas realidades”.

Por su parte, las organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de personas migrantes y refugiadas observan con intranquilidad las noticias de las últimas horas. “Miramos con profunda preocupación el objetivo de endurecer la ley de asilo, por ejemplo, poniendo trabas al acceso al procedimiento en el CIE o estableciendo más posibles causas de denegación”, apuntan a cuartopoder en referencia al texto del borrador desde la ONG Rescate.

“Nos sorprende la necesidad de reformar la normativa vigente en el asilo desde una perspectiva restrictiva. El porcentaje actual de resoluciones positivas en materia de asilo reflejan que la cifra de las concedidas es irrisoria. Son inaceptables por lo bajo”, explica Carlos Arce, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Si la política de asilo preocupa a las organizaciones es por lo restrictiva que ya es en la actualidad. Tal y como confirmó Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) hace dos semanas, España solo ofrece protección internacional a uno de cada 20 solicitantes. Los índices de reconocimiento de asilo en nuestro país, de hecho, están “muy alejados del 30% de la media europea”. A lo largo de 2019 en España se presentaron un total de 118.264 solicitudes, más de doble que el año anterior, pero la tasa de aprobación fue de 20 puntos menos que en 2018.

CEAR ha apuntado que resultan “particularmente alarmantes” las denegaciones de asilo a las personas que huyen de Colombia o de Centroamérica, así como la denegación de cualquier tipo de protección a muchas personas que llegaron a nuestro país a través de los barcos Aquarius y el Open Arms “huyendo del infierno que vivieron en Libia”. Solo consideran positivo que se entregaran el año pasado casi 40.000 permisos de residencia por razones humanitarias, la inmensa mayoría a personas venezolanas. Hay que recordar que estos permisos tienen una duración de un año y después tienen que ser renovados.

Cambios a acometer

Las ONG coinciden en que la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria está pendiente de “una actualización normativa”. Hace 11 años que espera un reglamento que la desarrolle. “Las directivas europeas muchas veces suplen la falta de regulación por parte de la ley de asilo. Hay una falta de seguridad jurídica en el proceso administrativo en España, aunque no se puede decir que queramos la transposición directa de Europa, que cada vez es más restrictiva”, explican desde la ONG Rescate.

El Gobierno está pendiente de la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) que, se prevé, adopte una postura más restrictiva de acuerdo a la línea que sigue la UE en esta cuestión de política de asilo. Organizaciones como APDHA recuerdan que el asilo es un derecho al que “no se le pueden poner cupos”, tal y como contempla la Convención de Ginebra.

En esa línea, CEAR destaca que lo que hace aumentar el número de solicitudes de asilo es una falta de políticas migratorias adecuadas, es decir, “la falta de disponibilidad y flexibilidad de vías de migración ordenada”, como recoge el Pacto para Migraciones de la ONU. La organización considera que es “muy preocupante” ver como tan solo el 6% de las solicitudes de asilo se presentaron en puestos fronterizos y únicamente 307 en Embajadas y Consulados.

Por el contrario, las organizaciones piden vías seguras para solicitantes de asilo como, por ejemplo, que las embajadas y consulados en otros países reciban sus solicitudes para evitar las peligrosas travesías que se ven obligados a realizar. “Nos preocupan especialmente las mujeres, que en el tránsito son explotadas o acaban en redes de trata. También las personas LGTB, que acaban en países donde no son respetados sus derechos”, explican desde ONG Rescate.

Entre las demandas principales están la falta de atención adecuada a los solicitantes de asilo. “En las entrevistas iniciales se detecta una falta de garantías, donde no se tienen en cuenta las necesidades especiales de las personas vulnerables”, explican en ONG Rescate. “Hay una falta de asistencia jurídica especializada y hay mucha violencia a la hora de contar el relato”, añaden. Esta falta de garantías en el procedimiento dificulta que los casos se analicen individualmente, de manera que normalmente prima la nacionalidad del solicitante. Para proteger a los más vulnerables esta organización pide, por ejemplo, que se dé un desarrollo administrativo adecuado al artículo 46, referido a perfiles especiales como menores no acompañados y mujeres embarazadas.