El urbanismo hostil o cuando los pobres molestan en las ciudades

Cada semana, los voluntarios de la Asociación Bokatas preparan café caliente y bocadillos y salen a hacer su ruta nocturna por Madrid. Allí charlan con personas que duermen en la calle, a veces los conocen, otras les reciben por primera vez. "La comida y el café es una excusa para crear una relación y estar con ellos", explica Esperanza Vera, presidenta de la asociación. Sin embargo, denuncian que en algunas ocasiones se encuentran barreras, esculturas o pinchos donde antes había personas. Esta arquitectura hostil es parte de la "criminalización de la pobreza" y de una planificación urbanística de las ciudades pensada para el cliente y no para el ciudadano.

Las fuentes consultadas se quejan de que, ante la crisis de vivienda y la falta de acceso a un hogar, la respuesta de las administraciones ha sido "criminalizar la pobreza" e intentar alejarla de las calles, especialmente en sitios céntricos o turísticos. "En los últimos meses hemos detectado nuevos casos en diferentes zonas de la capital: Malasaña, Azca, Barrio de Salamanca", se quejan desde Bokatas sobre este urbanismo hostil. Esto se traduce en la aparición de esculturas cilíndricas, pinchos, pirámides o en colocar barras que partan los asientos de las marquesinas donde se espera el autobús para evitar que las personas puedan tumbarse.

Esta misma semana, el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, alertó sobre la situación de extrema pobreza en la que viven muchos españoles. "Hay dos Españas diferentes", llegó a decir. Las organizaciones denuncian que el urbanismo hostil está sirviendo para que una oculte a la otra.

La criminalización de la pobreza

Las oenegés calculan que en España hay unas 40.000 personas en sin hogar. "Si hay personas durmiendo en la calle es porque tenemos un problema de vivienda. Hay que dar respuestas estructurales incidiendo en el mercado laboral y en el de la vivienda, pero en su lugar se están dando respuestas estéticas. Se hacen ciudades que respondan a las necesidades del mercado y que sean un atractivo turístico. En ese contexto, las personas que duermen en la calle son una molestia y una incomodidad", explica Albert Sales, profesor de Ciencias Políticas y Sociales.

La existencia de miles de personas sin un hogar es la fotografía del fracaso del Estado en una sociedad que tiende a la individualización y a la obsesión por el éxito. "El espacio publico se está enfocando al consumo, ya sea para tomarte algo o para comprar, pero las personas en exclusión no consumen", opina Sonia Olea, experta en Incidencia de Cáritas. Esta organización lleva años trabajando contra la criminalización de la pobreza y la arquitectura hostil. Su portavoz avisa de que la modificación del espacio urbano no es la única estrategia de las instituciones para sacar a la población sin techo de las calles comerciales. La experta relata tres vías. La primera, legislación como la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, aún vigente. La segunda, ordenanzas municipales que "no permiten lavarte en una fuente o dormir por la noche en un parque". La tercera, la arquitectura hostil, que a través de esculturas, pinchos o brazos en los bancos, expulsan a estas personas. 

De hecho, Sonia Olea Ferreras es coautora, junto a Guillem Fernàndez, del artículo Espacio público y penalización del sinhogarismo desde un enfoque de derechos humanos, publicado en la revista Barcelona Societat en septiembre de 2018 y cuyas conclusiones son preocupantes: "Se constata un proceso intenso de penalización del sinhogarismo en el Estado español", rubrican. En el documento, analizan brevemente las ordenanzas de ciudades como Barcelona, San Sebastián, Granada, Málaga, Santander o Tarragona: "Aunque las personas sin hogar no son un objetivo específico de las ordenanzas, sí lo son las actividades que se ven obligadas a realizar para sobrevivir en la calle. Se sancionan actividades como dormir, acampar, mendigar, buscar en la basura o lavarse en la vía pública". Los autores denuncian que "se está aplicando el derecho penal del enemigo a las personas sin hogar migrantes en situación irregular".

Las consecuencias

"Cuando te echan de tu espacio sientes que no te quieren, que tu presencia es molesta. Esto tiene consecuencias a nivel psicológico", explica Esperanza Vera sobre el impacto directo de sentir el rechazo que recae sobre las personas que duermen en las calles. Quizá sea la más cruel, pero no es la única. Los voluntarios de Bokatas crean vínculos con las personas a las que acompañan en sus salidas nocturnas. También organizan actividades de ocio, trabajan con entidades como Samur Social o les informan de cuáles son los recursos: "A veces vamos a un sitio porque conocemos a alguien que duerme ahí y de repente te encuentras un adorno", asegura. Por tanto, supone una ruptura con el entorno y con las redes que hayan podido crear con compañeros de calle o vecinos de la zona. 

Aunque el aislamiento social y la marginación sean unos de los castigos más duros que sufren las personas que duermen en la calle, sí se crean redes. El primer paso hacia el estigma es la imagen homogeneizada que se tiene de las personas sin hogar: "En la calle viven personas con una trayectoria distinta. Hay gente que duerme unos días en la calle, otros en pensiones, otras veces alquilan una cama en situaciones de hacinamiento... Hay otras personas que se instalan en un sitio y conocen a los vecinos. El apoyo y la estabilidad siempre es buena y el hecho de estar en un mismo sitio ayuda", insiste Sales sobre la variedad de situaciones de las personas que no tienen un hogar.

El experto alerta de lo que está en juego cuando las administraciones aplican la arquitectura hostil contra las personas en situación de calle: "Es la idea de que el espacio público debe ser productivo y que cualquier persona que lo ocupe sin la excusa de consumir es susceptible de ser un vago, improductivo, pone en duda la legitimidad de la ciudadanía".