Vivienda, trabajo e impuestos: las claves para acabar con la pobreza en España

“Hay dos Españas diferentes. He venido de visita varias veces y he visitado la España próspera y culturalmente rica. Pero en esta ocasión he visto el hogar de otra España, el hogar de un alto porcentaje de gente que vive al límite y condenada a sobrevivir”. Con estas duras palabras comenzaba a plantear las conclusiones preliminares de su visita a España Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos.

Un viaje de casi dos semanas de duración que le ha llevado por lugares como País Vasco, Andalucía, Galicia, Cataluña, Extremadura o Madrid y le ha servido para realizar afirmaciones contundentes como estas: “España le está fallando por completo a buena parte de su sociedad, aquella que vive en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea”. En concreto, Alston ha hablado de inmigrantes viviendo en las peores condiciones que ha visto o comunidades gitanas extremadamente pobres que las autoridades tratan como “escoria”. También se ha referido a jóvenes que tienen imposible acceder a la vivienda; trabajadores rurales, trabajadoras domésticas y personas con discapacidad “extremadamente desatendidas”. Por si fuera poco, también considera que el ascensor social está averiado: “un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico”.

Pero el relator de la ONU también ha incidido en aquellos puntos clave que, de mejorar, revertirían la situación de pobreza que atraviesa el país: el 26,1% de la población en España y el 29,5% de los niños se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018. Estos sectores que necesitan de reformas contundentes son la vivienda, el empleo y la recaudación de impuestos. Alston al menos tiene esperanza en el futuro y le ha hecho algunas recomendaciones al Ejecutivo: “el único aspecto positivo en la situación es que el nuevo Gobierno de coalición está firmemente comprometido con lograr la justicia social”.

El acceso a la vivienda

En todos los lugares que visitó al relator se le habló de la existencia de “una crisis de vivienda”, ha destacado el relator de la ONU en su rueda de prensa. Esta situación afecta a todos los estratos sociales, destacó, excepto a los más ricos. Algunos de los datos que el relator ha podido recibir en estos días son los facilitados por la asociación Provivienda: “la inversión en los Presupuestos Generales del Estado dedicada a la política de vivienda ha disminuido un 69% desde 2008”.

Más datos de la asociación que explican la problemática: “los precios medios de los alquileres han aumentado un 50% en los últimos cinco años, generando graves situaciones de endeudamiento, cambios de residencia habitual (obligando a algunas familias a perder sus redes de apoyo y sociales) y situaciones de infravivienda o hacinamiento”. Además, hay “un escasísimo parque de vivienda social” tan solo “un 1,5%” del total.

Alston lo tiene claro: la regulación de los alquileres es necesaria para atajar este problema “crónico” en España. El relator de la ONU cree que “hay que superar” esa “polémica por el control de los alquileres” que cree suscitada únicamente por intereses inmobiliarios, ya hay ejemplos de éxito en ciudades como Berlín. Por otro lado, ha manifestado que es necesario aumentar el parque de vivienda social, aunque los efectos se notarán en el medio o largo plazo. Aquí ha lanzado una crítica velada al plan de construcción de vivienda de José Luis Ábalos: “las formas de colaboración público-privadas me generan escepticismo aunque el Gobierno parece ansioso por ellas”.

Los cambios necesarios en el trabajo

El problema del trabajo en España también desemboca en pobreza y exclusión social. Izquierda Unida le hizo llegar al relator esta información: “la precariedad laboral provoca que el hecho de tener empleo haya dejado de ser un factor de protección ante la pobreza. De hecho, prácticamente una de cada tres personas en situación de pobreza trabaja”. Además la tasa de desempleo en España es del 13,92% (3,2 millones de personas), mientras que hay un gran número de personas en situación de desempleo sin prestación social (solo están cubiertas 1,8 millones), ha aportado en un informe el sindicato USO. Hay un alto porcentaje de trabajadores a tiempo parcial que querrían trabajar a tiempo completo (6,4%). En reasumen, la precariedad laboral es más aguda en los jóvenes, las mujeres y los colectivos en mayor riesgo de exclusión como la comunidad gitana o los inmigrantes.

En este punto, el relator de la ONU ha agradecido al Gobierno su voluntad de explorar un sistema de renta mínima, pero identifica que “el empleo es clave” para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida en general de la población. Las recomendaciones de Alston van en dos sentidos: “aumentar los salarios mínimos para que se pueda vivir con ellos” y que “se eliminen las prácticas de explotación laboral”.

Los impuestos

Este es uno de los ámbitos que ha recibido más crítica por parte del relator de la ONU. “Los grandes beneficiados son los ricos y las empresas que, pese a los beneficios, pagan menos impuestos que antes de la recesión”, ha sentenciado Alston. Según ha recalcado, “el Estado español recauda mucho menos impuestos que cualquiera de sus gobiernos homólogos” en la UE y esta realidad debería ser conocida por la sociedad. No obstante “las clases medias reciben muchos más beneficios que los pobres y no debería ser así”, ha criticado.

Algunos datos que aportan las organizaciones de la sociedad civil como la plataforma Futuro en Común: “el 20% de la población más rica ha incrementado su renta seis o siete veces mas que el 20% de la población más pobre” desde el inicio de la crisis en 2009 hasta 2018. “El resultado es una profunda polarización, con la pauperización de las clases medias y el alza de las clases más pudientes”.

El relator de la ONU ha afeado al Gobierno que no se hayan hecho públicas “las tasas fiscales para las empresas” que “se han reducido” en los últimos años. Estas estadísticas deberían estar publicadas para el conocimiento del pueblo español, ha subrayado. Otra de las recomendaciones de Alston ha sido idear “una política mucho más contundente” que la realizada hasta ahora para combatir “la evasión fiscal”, que “está muy generalizada en España”.