El Alamín no se vende

Patricia García Herrero, miembro del colectivo #404 Comunicación Popular

En el balcón de un cuarto piso del barrio de El Alamín, en Guadalajara, cuelga una pancarta donde puede leerse “Desahucios y represión”. Diego, vecino del barrio, señala la vivienda. “La mujer que vive en ese piso presenció el desembarco de Normandía”, nos explica, “el barrio fue poblado con muchos expresos de la dictadura, como fue el caso de mi abuelo”.

Miramos los cuatro bloques, colocados en fila junto al centro de salud. Antes de venir a grabar la entrevista, Diego me había descrito el barrio como el típico pueblecito italiano; y así es. Edificios bajos, de color amarillo huevo, con galerías, persianas y ventanas que en su día fueron de madera verde. Aún quedan algunas, las que no han sido cambiadas por un aluminio plomizo, igual que el cielo que se recorta sobre los tejados planos. Es tan italiano que incluso se ven las prendas de las vecinas y vecinos colgadas en los tendederos al aire frío de diciembre. Diego nos señala su casa, un tercer piso que heredó de su abuela. En su balcón, como en el de su vecina, tampoco hay ropa, sino otra pancarta que reza “No Robarás. San Vicente de Paúl desahucia. Alamín no se vende”.

Los bloques de El Alamín forman parte de las viviendas de protección oficial (denominadas en el Franquismo "viviendas de renta limitada"), que fueron construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda en los años 60. En el caso de este barrio de Guadalajara, el Instituto concedió una subvención a la Sociedad San Vicente de Paúl, asociación católica seglar vinculada a la Iglesia, para que construyera estas viviendas y gestionara el cobro de las hipotecas como cuotas de alquiler a los adjudicatarios, hasta que una vez saldadas las deudas, las escrituras pasaran a manos de los mismos. Situación similar sucedió en otros barrios de la ciudad manchega, siendo los intermediarios en este caso entidades privadas o el propio Ayuntamiento. Pero en el caso de El Alamín las viviendas nunca llegaron a manos de las familias adjudicatarias, sino que fueron realquiladas a personas en situaciones muy precarias una vez fallecidos los dueños originarios, expulsando a su vez a las familias de los propietarios originales, como es el caso de Diego.

“Esto ha dado lugar a un montón de abusos”, explica Diego, “porque la sociedad ha percibido subvenciones, donaciones, patrocinios y los alquileres que pagaban los adjudicatarios como es el caso de mi abuela”, añade. La PAH de Guadalajara, a la que pertenece Diego, está investigando irregularidades en subvenciones públicas para acondicionar las viviendas, de las que no existe ninguna justificación, según la plataforma. Tampoco les consta la tributación de los alquileres gestionados por dicha sociedad. “Esto lo conocen todas las administraciones que han operado sobre este barrio, pero si no lo denuncian, tendremos que ser nosotros quienes lo hagamos”, asegura Diego.

El vecino de El Alamín está sufriendo en sus propias carnes este caso. Hace 9 años, cuando falleció su abuela, adjudicataria original de la vivienda, recibió una notificación para abandonar el piso. Han sido 9 años de litigio para demostrar la apropiación de las viviendas por parte de la sociedad. 9 años y dos intentos de desahucio paralizados gracias al apoyo de la plataforma y a la solidaridad de sus vecinas y vecinos. Sin embargo, este jueves está previsto un tercer intento de desalojo a las 8:30 h. La triste novedad de este desahucio viene de la mano de la Sociedad San Vicente de Paúl, que ha convocado a las puertas de la vivienda una manifestación llamando a familias del barrio para “apoyar la labor de la comisión judicial”, denuncian desde la PAH según el informe que la Policía Nacional remitía a la subdelegación de Gobierno. “Pretenden llevar a cabo una guerra de pobres contra pobres”, señala Diego, “pero desde la PAH no respondemos a provocaciones de ese tipo, nuestra función es parar desahucios”.

La Plataforma ha convocado una vigilia pacífica desde la noche del miércoles para frenar este desalojo, a la espera de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tome medidas en este caso y en otros dos desahucios previstos para los próximos meses, para que de las ventanas de todas las viviendas cuelgue la ropa de estas vecinas y vecinos en vez de pancartas de #StopDesahucios.