El vía crucis de Viviana y sus seis hijos para tener casa acaba (de nuevo) gracias a la ONU

Dieciséis meses y tres albergues después, la ONU ha condenado a España por “violar” el derecho de Viviana López y sus seis hijos a tener una vivienda digna. Esta madre fue desalojada en junio de 2018 en Madrid de una vivienda de Bankia que ocupaba por necesidad junto a sus hijos. Allí empezó su “vía crucis”. Los tumbos que esta familia ha dado por tres albergues distintos, una situación especialmente traumática para cinco de ellos menores de edad, llega a su fin gracias a la intervención de Naciones Unidas.

“Estamos muy contentos no solo por nosotros, sino porque esperamos que otras personas que no pasen por esta misma situación. Cuesta mucho, pero hay que luchar porque se puede conseguir”, ha manifestado la propia Viviana a cuartopoder. El dictamen del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, de obligado cumplimiento en seis meses, es el tercero que este órgano emite contra España por “violar el derecho a una vivienda adecuada” y, según adelantan las organizaciones provivienda, no parece que vaya a ser el último.

Este dictamen incide en varios aspectos clave sobre el derecho a la vivienda en España y, en concreto, en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, el Comité señala que se ignoró la recomendación previa de este mismo órgano que pedía no desalojar a esta familia. En segundo lugar, a Viviana se le negó la admisión a trámite de una solicitud de vivienda pública debido a que estaban “ocupando vivienda”, sin importar que precisamente esa ocupación –de una casa vacía que pertenecía a un banco-- se debía a su “especial situación de vulnerabilidad”, una madre a cargo de seis hijos.

“A estas familias que, para protegerse de la ayuda y del frío, ocupan una vivienda vacía, les cae todo el peso de la criminalización y de la estigmatización hasta el punto de que no se les permite ni siquiera solicitar vivienda pública”, ha indicado Javier Rubio, abogado de Viviana.“La Comunidad de Madrid exige una serie de requisitos para acceder a viviendas sociales y, uno de ellos es que el solicitante no esté ocupando vivienda sin título, no distingue si es una vivienda pública, privada o de un banco”, critica la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto. El círculo de la exclusión, alertan las organizaciones, se perpetúa así de manera infinita.

Condenados a deambular de albergue en albergue

La historia de Viviana se remonta a 2013, cuando empezó a pagar un alquiler de 850 euros por un piso en Carabanchel hasta que descubrió, un año después, que el supuesto casero no era en realidad el propietario, según ella misma relata. Un año después la familia dejó de pagar la renta por la vivienda. Más tarde Bankia, propietaria de la casa, les negó la posibilidad de seguir allí pagando un alquiler y solicitó el desalojo forzoso de la familia. La madre solo contaba con 735,90 euros mensuales provenientes del subsidio 'Renta mínima de inserción' para mantener a sus seis hijos y buscar una vivienda.

Una Comisión Judicial acabó ejecutando el desalojo el 25 de junio en 2018, sin que la Comunidad de Madrid hubiera concedido a Viviana y a sus hijos ninguna alternativa habitacional. Ese día se instaló un amplio dispositivo policial de al menos 30 agentes de la Policía Nacional Antidisturbios, probablemente porque un grupo de activistas del movimiento provivienda habían conseguido frenar el primer intento de desahucio de esta familia hacía un mes.

Si alternativa habitacional, Viviana y su familia pasaron por hasta tres albergues para personas sin hogar: Entrevías (Vallecas), Pinar de San José (Latina) y Puerta de Toledo. “Fue muy duro para mí, pero sobre todo para mis hijos, tanto psicológicamente como a nivel académico”, cuenta esta madre, que llegó de Ecuador en 1999 en busca de una situación económica mejor de la que se vivía en su país. Dos de sus hijos, cuenta, habían sido hasta entonces muy buenos estudiantes, pero los cambios de colegio y la situación tan dura que han vivido les han acabado por truncar los estudios. Otro de sus hijos sufrió una agresión en uno de los albergues.

La ONU recomienda a España implantar medidas de acceso a la vivienda y protección a la población más vulnerable

Ahora la ONU obliga al Estado a proporcionar a Viviana y a sus hijos “una reparación efectiva”, en particular, a conseguirles “una vivienda pública u otra medida que les permita vivir en una vivienda adecuada", así como “una compensación por las violaciones sufridas” y un reembolso de “los costes legales”.

“Estamos en una situación de alarma social muy grave”, ha explicado Jacinto al referirse al derecho a la vivienda en España. “Ya se han tramitado 100 comunicaciones de estas características en Naciones Unidas y se irán sucediendo condenas”, ha indicado. El Comité de la ONU recomienda a España garantizar el acceso a la vivienda y permitir a las personas un proceso de apelación adecuado en caso de que se tramite su desalojo, además de “adaptar las medidas necesarias para que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones, al parque de vivienda social, removiendo cualquier condición irrazonable que excluya a cualquier persona en riesgo de indigencia”.

En este sentido, Jacinto incide en la necesidad de realizar “un plan de choque urgente de la vivienda” que incluya, en primer lugar, “legislar para que no haya ningún desahucio sin alternativa habitacional”. Desde la PAH también exigen el fortalecimiento del parque de vivienda que “no tiene que pasar por la construcción, sino por recuperar vivienda vacía y limitar los precios de los alquileres”. Para la asociación estas medidas deberían estar contempladas en una Ley de Vivienda Estatal.