Jorge Aranda, activista a juicio tras intentar para un desahucio: “Es un montaje policial”

27 de junio de 2014. Calle Carabelos 55, distrito madrileño de Usera. Jorge, Yolanda y sus hijos de 3 y 9 años y un recién nacido de 21 días se enfrentan a un nuevo lanzamiento de desahucio en la vivienda donde residen. Tanto en la calle como dentro, decenas de activistas antidesahucios se han movilizado desde la madrugada. El despliegue policial es fuerte y la familia tiene que abandonar su vivienda por la fuerza. Tras una serie de cargas, 6 personas son detenidas. Cinco de ellas se enfrentan a penas de un año y 6 meses de prisión por desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad. El juicio es el próximo martes 17. Entre los acusados se encuentra Jorge Aranda, un activista que ya ha sufrido en sus carnes diferentes acusaciones similares. Los califica como “montajes” contra activistas.

El desahucio fue muy mediático. Y el intento de paralizarlo muy apoyado. Especialmente por las circunstancias de la familia. Y porque la propiedad de la vivienda era de Kutxa Bank, “entidad rescatada con dinero público”, puntualiza Aranda en conversación con cuartopoder.es. Se paralizaron dos lanzamientos anteriores. En el segundo hubo despliegue policial y la madre se puso de parto en ese momento. “Incluso a ellos les parecía una pasada desahuciar a una mujer pariendo”, señala el activista.

Pero 21 días después de aquello, el despliegue policial volvió a las calles de Usera. Ese día sí se ejecutó el desahucio. Un gesto de uno de los policías presente prendió la mecha en la calle.  “A las 9.30 se produjo un momento de tensión porque vemos que uno de los policías se está riendo, de colegueo con el otro. La gente concentrada le llamó la atención. El policía fue a identificar al grupo que estamos allí y empezó una resistencia, con cargas y es donde hay varios heridos. Ahí nos detuvieron a tres de nosotros”, recuerda Aranda.

La presencia mediática dejó constancia tanto de las imágenes del mencionado policía, cuya foto fue difundida ampliamente en redes sociales, como de las cargas. Javier Díez grabó para cuartopoder.es un vídeo que muestra lo sucedido. Pruebas gráficas como ésta serán claves en la defensa de Aranda y el resto de personas acusadas. “Lo que plantearemos el día 17 como pruebas son los vídeos y fotografías que hemos recogido donde se nos ve fuera de la casa porque la acusación burda plantea que estábamos dentro de la casa”, señala.

En este sentido, los autos policiales dicen que las 6 personas detenidas aquella mañana estaban dentro de la casa encadenados y que cuando se procede al desahucio golpearon a los antidisturbios y hay dos a los que hirieron. “Lo que planteamos nosotros y lo que se ve en vídeos y fotos es que muchos estamos fuera del cordón policial. Cuando yo llegué ya estaba todo acordonado, estuve con el móvil, me fui a desayunar…Hay distintas fotos donde se me ve tranquilo, con el teléfono y fuera del cordón policial frente a su versión que dice que estoy dentro de la casa y encadenado”, se defiende Aranda. El activista apunta además a que los días posteriores, periódicos como ABC llegaron a sacar que habían intentado robar la pistola a un policía. “Cosas que ni siquiera vienen en el auto”, apunta.

Aranda se muestra confiado en las pruebas pero afirma que “no deja de ser una locura todo esto”. Aunque se queden en nada, este tipo de procesos son costosos, según el activista. “Yo por ejemplo estoy opositando, he sacado buena nota y estoy pendiente de coger plaza. Si tuviera una condena en firme no podría ser funcionario”, indica.

Aranda reflexiona sobre lo que acompaña a este tipo de situaciones. “Para desahuciar hay despliegues policiales que no escatiman en gastos. Ves recortes en sanidad, educación o dependencia pero sin embargo para que una entidad bancaria rescatada tenga una casa vacía no se escatima en despliegues”. Además, critica la actuación de estos policías. “El estatuto básico del empleado público dice que tienes que tener una conducta profesional, que respetar a la gente, etc. Tienen unos códigos de actuación y allí estaban desahuciando a un niño de 21 días y una familia al completo. Y uno estaba riéndose”.

Para el activista, “la clave de estos montajes es que hay una impunidad enorme”. Amnistía Internacional (AI) denunció precisamente este tema, en una campaña contra las consecuencias de la “ley mordaza”. “Se hacen montajes contra activistas defensores de los DDHH y no pasa nada. Pueden seguir haciéndolo sin ningún problema porque saben que no les va a pasar nada. Si ganan el juicio se llevan una indemnización por las supuestas agresiones pero si pierden no pasa nada. Nadie les va a acusar de falso testimonio o denuncia falsa”, afirma.

Acusado en otras ocasiones

La situación que vive Aranda no es nueva para él. En 2013 fue acusado de atentar contra el consejero de Sanidad de Madrid, por aquel entonces Javier Fernández Lasquetty. “Por una serie de vídeos se demostró que eso era falso”, recuerda Aranda. Precisamente este caso fue puesto por AI como ejemplo de que hay montajes contra activistas. “Desde entonces rara es la vez que la policía no me identifica en cuanto me ve, que pasa cualquier cosa y me detienen y de repente resulta que he pegado a un montón de gente. No tengo ninguna condena pero es verdad que ya me han detenido otras veces y siempre se ha demostrado que no había base para aquello”, indica. En 2017 fue detenido acusado de agredir a un antidisturbio en un desahucio de Vallecas. En julio del pasado año fue absuelto.

“Los activistas estamos desbordados”, comenta Aranda sobre el diagnóstico actual en cuestión de desahucios. “Los ratios de este país son espeluznantes”, añade. Los datos son difíciles de contabilizar ya que no todos los casos son conocidos. Los más “oficiales”, elaborados por el Consejo General del Poder Judicial hablan de cerca de 4.000 desalojos al año en una ciudad como Madrid.  En 2018 se ejecutaron 59.671 desahucios en el conjunto del país.

Aranda alerta de que ahora se están disparando los alquileres, “hay una nueva burbuja pero los salarios no aumentan paralelamente”. Eso, según su experiencia, “está generando una situación donde los servicios sociales están colapsados y donde muchísimos desahucios están invisibilizados, la mayoría de las veces ni nos enteramos de que suceden”. Para el activista, “hay una negligencia por parte de las administraciones a la hora de garantizar el derecho a la vivienda”.

Diferentes colectivos antidesahucios han convocado una concentración en apoyo a las personas que serán juzgadas. Será a partir de las 9.00 en los Juzgados de lo Penal situados en la calle Albarracín 31. “Es muy improbable que ese día haya sentencia. Lo más probable es que pasen 20 o 30 días”, concluye Aranda.