No es país para refugiados

BARCELONA - La vida de Miguel Ángel dio un cambio súbito casi de un día para otro. El joven de 21 años combinaba sus estudios en diseño gráfico en Managua con un trabajo para una institución perteneciente al gobierno de Nicaragua, también ejerciendo tareas de diseño. Cuando empezaron las protestas estudiantiles contra el gobierno, Miguel Ángel se vio enfrascado en una coyuntura que ponía en riesgo su seguridad, hasta el punto de tener que huir del país sin apenas tener tiempo de planearlo. Llegó a la ciudad condal con un visado de turista y una carta de invitación de una amiga de la familia, residente en Barcelona. Una vez en el país, empezó el trámite de pedir protección internacional, un periplo burocrático sin fin. “Son mil cosas. Tenía que dar muchas vueltas y ni me enteraba. Poco a poco fui preguntando. Tienes que levantarte a las 3 de la mañana para ir a hacer cola a Extranjería, porque abren a las 9 y la gente ya está allí esperando”, explica.

En su país, descontento con las medidas tributarias del gobierno de subir los impuestos, Miguel Ángel sintió la necesidad de alinearse con los jóvenes y salir a la calle a protestar. “El gobierno estaba instaurando unas leyes en la seguridad social que alteraban los impuestos y la cantidad de dinero que te quitaban como trabajador. Supuestamente era para dársela a los jubilados, pero la ley también les afectaba a ellos. Te quitaban más a ti, y a ellos les reducían la pensión”, cuenta el joven, que espera desde hace un año que se resuelva su solicitud de asilo. Por el momento posee la tarjeta roja, que le permite tener acceso al sistema sanitario y educativo. Cada seis meses la tiene que renovar, y en la siguiente prevé tener ya derecho a trabajar legalmente en España.

Pero su necesidad no hubiese sido tan urgente de no ser por su trabajo en una institución del gobierno, y los dilemas éticos y de principios que le provocaba. “Llevaba ya un par de años trabajando en temas de diseño para ellos”. Cuando empezaron las protestas, una noche “un amigo me  buscó y me dijo que tenía que moverme a un laboratorio que el gobierno monta cuando la gente les ataca en redes sociales”. En este trabajo, el joven debía manipular imágenes de las protestas para revertir los mensajes difundidas en internet contra el Estado. 

Miguel Ángel no quería exponerse a realizar ningún fotomontaje favorable al gobierno y rechazó la petición. “Al día siguiente llegué al trabajo nervioso, porque era estudiante y cumplía el perfil de protestante (manifestante). Ese mismo día mi jefa  me citó y comencé a ver cosas raras”. La sentencia del joven fue que, al trabajar para el gobierno, tenían todos sus datos personales y podían seguir su rastro hasta donde hiciera falta. 

Después de esto, se difundió una foto suya en redes sociales que le tildaba de ‘golpista’, acompañada de mensajes de odio como “que hay que eliminarlos, hay que matarlo o “Ya sé quién es, sabemos donde vive…’. Mis padres, cuando vieron el asedio y la policía que no paraba de rondar por el barrio, y específicamente se aparcaban en frente de mi casa, me dijeron: ‘Te vas’”.  Así empezó su periplo hacia España.

Red familiar frente a los casos desatendidos por la Administración

Gaby, hondureña residente en Cataluña, dedica parte de su tiempo a acompañar a varios ‘paisanos’ procedentes de Honduras en sus periplos para obtener el asilo. “En uno de los acompañamientos tuve que traerme a una mujer embarazada a mi casa porque no la atendían alegando que ella ya llevaba un año aquí y no podía acceder al ‘circuito’ porque no estaba dentro de los tres primeros meses que marcan en el protocolo”. Allí su compatriota pasó seis meses hasta que, mediante la presión de varios colectivos, consiguieron que le dieran plaza en un centro en Girona. “Ella solicitó asilo porque su hijo, de 17 años, fue asesinado por miembros de las fuerzas represoras del ‘narco-estado’ por participar en protestas estudiantiles”, explica Gaby. 

Para Gaby, el caso descrito no es una excepción de lo que se encuentra a menudo en sus acompañamientos. “Ellos [las instituciones públicas] normalmente no informan a la gente de sus derechos. Es un desastre, siempre le preguntan a la gente si conoce a alguien que les ayude: familia, otro paisano, etc.”. Es una consecuencia más de la situación de colapso en la que se encuentra la Administración pública con las peticiones de asilo. 

Tres de cada cuatro solicitantes, sin asilo en España

Los casos que ha presenciado Gaby en sus acompañamientos y la situación que vive Miguel Ángel, con la incertidumbre que le supone seguir esperando a que se resuelva su situación sin saber todavía si va a obtener el asilo, es el paradigma entre otros muchos. En 2018, se resolvieron 12.000 peticiones de solicitantes de asilo, y se dio protección solo a uno de cada cuatro, según datos recogidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su web masquecifras.org. En total, en la actualidad, unas 78.000 solicitudes están pendientes de resolverse en España, con demoras de hasta dos años. Concretamente, los venezolanos son hoy en día los mayores solicitantes de asilo en España. En 2018, más de 19.000 venezolanos pidieron protección oficial, casi el doble que en 2017, cuando fueron unos 10.300. En el total de Europa, solo en febrero de 2019, 3.995 venezolanos solicitaron asilo, por delante de países como Colombia o la Nicaragua de Miguel Ángel, que también han registrado niveles récord.

“Nuestro país está fallando clamorosamente a miles de personas que llegaron en busca de refugio, haciéndoles esperar meses o incluso años para luego negarles el asilo, dejándoles en un limbo jurídico y social”, lamentaba la directora general del CEAR, Estrella Galán, el año pasado en la presentación del informe anual sobre la situación del asilo en España.

Miguel Ángel, una cifra más en las miles de peticiones acumuladas por el gobierno español, llegó pensando que estaría en España unos tres meses, hasta que la situación en Nicaragua estuviese más tranquila. “Pero nada que ver. Llevo más de un año y la cosa sigue igual o peor”, lamenta. Todavía ve lejana la posibilidad de poder volver a su país. “Nicaragua es un país tercermundista. Los impuestos no se ven reflejados en la sanidad, educación… En su historia, hemos vivido más en guerra y dictadura que en libertad. Yo he nacido en una época de libertad, pero no puedo decir  de alguna generación que no lo haya pasado mal. La gente en Nicaragua lo ha pasado más mal que bien”. Con este panorama en frente, el futuro se presenta incierto para él. “No puedo proyectar mi vida ni de aquí a tres meses. No sé qué va a pasar. No sé qué me espera”.