Aumenta el número de menores y magrebíes internados en los CIE en 2018

Juan José (nombre ficticio) pasó 57 días encerrado en el CIE de Madrid en el madrileño barrio de Aluche, con el temor constante de ser devuelto a su país de origen, Colombia. Finalmente, no fue así. Hace apenas unos días que salió, pero los recuerdos aún están recientes. No olvida aquel 18 abril, cuando agentes de policía forzaron a los internos a salir al patio para ser cacheados uno a uno, bajo la lluvia y sometidos a “tratos vejatorios y degradantes”. Hechos que dejaron plasmados por escrito en una queja y que la jueza de Instrucción número 19 de Madrid, encargada del control del CIE de Aluche, ha tomado en consideración. Tanto es así que, la magistrada solicitó una investigación al ver “indicios” de tortura.

La incertidumbre ha sido la fiel compañera de Juan José durante su estancia en el CIE. “Siempre vivía con el temor de que te llamaran por el altavoz y que el motivo fuera que te iban a deportar. A veces te llaman para ver al médico o porque tienes una visita de alguna ONG, pero nunca sabes”, explica al otro lado del teléfono.

De todas las veces que el número que se le asignó como interno sonó por megafonía; dos fueron el preámbulo de un par de intentos fallidos de deportación. En otras tres ocasiones se trataba del aviso para que acudiera a la sala de visitas, separada por mamparas, y se encontrarse con su pareja que viajaba desde Burgos para compartir con él no más de 20 minutos. Sin embargo, el motivo más habitual era  comunicarle su turno para ser atendido por una de las personas voluntarias del grupo de visitas al CIE que llevan a cabo desde el Servicio de Jesuitas de Migraciones, cuyo principal objetivo es el de “brindar un espacio de escucha y acompañamiento de la persona en su circunstancia dentro y fuera del CIE” pero, también, poner luz dentro de tanta opacidad.

Así lo refleja su informe anual, todo un referente en la materia, presentado hoy en Madrid. En sus páginas se recogen los datos y las “observaciones de vulnerabilidad y posibles vulneraciones de derechos”, tras visitar a 807 personas internadas en los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, Tarifa y Algeciras; en un año en el que España se convirtió en la principal ruta de entrada de migrantes a Europa, pero también, en el que se registraron 11.348 repatriaciones forzosas; generándose un aumento de 2.058 con respecto a 2017.

Lleva el título “Discriminación de origen”, poniendo así el foco en el trato diferencial prestado a personas de origen magrebí, que en su llegada al país pasan a comisaría policial para acabar en el CIE. Y es que, de las 7.855 personas que han pasado por los CIE en 2018, dos terceras partes corresponden a internos de Marruecos (35’6%) y de Argelia (31’99%).

Los equipos del SJM, también han detectado el internamiento de 93 jóvenes que manifiestan ser menores de edad, pese a que la ley lo impide. Una cifra que no se aleja demasiado de los 89 menores de edad internados en CIE reconocidos por el Ministerio del Interior. Si bien, “en ocasiones”, las personas han dado fe de la puesta en libertad una vez comprobada la minoría de edad a partir de la documentación del interno”, destacan que “la fiscalía de menores se inclina por determinar la mayoría de edad por poco que las pruebas no arrojen resultados inequívocos”. Este aumento de menores en los CIE puede guardar concordancia con el “aumento de menores que migran a España y manifiestan su minoría”, como ha defendido Pep Buades SJ, autor del informe, en comparecencia ante los medios.

Otro de los puntos relevantes del estudio es la detección del aumento del número de personas que solicita protección internacional en un CIE. Un fenómeno que algunos explican aludiendo al “abuso de la solicitud como medio para dilatar el internamiento y, así, la devolución” pero que, desde la ONG argumentan que es fruto de la falta de opciones para personas con perfil de refugiadas, de solicitar asilo en el momento de su desembarco o durante las primeras 72 horas de detención policial.

“Los CIE buscan el internamiento para la expulsión en unas condiciones incompatibles con los Derechos Humanos”, denunciaba José Luis Segovia, vicario para Desarrollo Humano Integral e Innovación, durante la presentación en la Sede del Defensor del Pueblo en Madrid. Un mensaje que, junto con la petición del cierre de estos centros, de nuevo, ha vuelto a reflejarse en el documento, en el que se ha señalado que el “internamiento fue herramienta de la lucha contra la inmigración irregular en la Frontera Sur marítima”, aunque detallan que es una medida “de cara a la opinión pública” puesto que “no tiene efecto disuasorio” y recomiendan “una política migratoria que flexibilice la obtención de visado de residencia y trabajo, siquiera dentro de un plazo prudencial para buscar empleo e iniciar el proceso de integración cultural”, para prevenir la irregularidad.