La ley de memoria histórica andaluza, relegada por el PSOE y sentenciada por PP y Vox

Uno de los puntos que ha puesto en común tanto al PP como de Vox es la eliminación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Acabar con esta norma “totalitarista” era una de las condiciones de la formación extremista para apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla. La norma es más avanzada sobre el papel que la ley estatal de José Luis Rodríguez Zapatero, pero los colectivos memorialistas consideran que en la práctica ha estado relegada por el Gobierno de Susana Díaz. De cualquier manera, será liquidada mientras los familiares de las víctimas ven cada vez más lejana la posibilidad de verdad, justicia y reparación.

Cuando le ley fue aprobada, el 15 de marzo de 2017, no levantó grandes polémicas. PSOE, Podemos e IU la respaldaron, mientras que PP y Ciudadanos se abstuvieron. Hubo un consenso mayor que con la Ley estatal de Memoria Histórica de 2007. La derecha se ha propuesto tumbar por “revanchista” una ley española que por primera vez reconocía los delitos del franquismo como “crímenes de lesa humanidad” o establecía la creación de una comisión de la verdad en uno de los lugares de España donde la represión franquista fue más fuerte. Un tercio de los 150.000 desaparecidos se encuentran en territorio andaluz, repartidos en unas 700 fosas comunes.

Los aspectos más importantes de la ley

La ley andaluza, a punto de ser derogada y sustituida por "una ley de concordia", dio un paso importante para las víctimas al considerar como deber del Estado la apertura de fosas comunes y la recuperación de los cuerpos de los desaparecidos forzados. Se obligaba a la Junta a personarse en las exhumaciones y los familiares ya no podían realizar más por cuenta propia. Aunque la búsqueda de desaparecidos no llegó a ponerse en marcha, la Junta tenía previsto destinar 5 millones de euros a esta medida en el periodo 2019-2022.

La norma también estableció como víctimas a las mujeres vejadas, a los esclavos del franquismo, a las víctimas del colectivo LGTBI, a los bebés robados. Los crímenes que se cometieron contra estas personas fueron reconocidos de lesa humanidad y, por tanto, “imprescriptibles”, tal y como establece el Derecho Internacional. Asimismo también contemplaba pedir la derogación de normas que contravienen este principio, en alusión a la ley de Amnistía de 1977. La eliminación de esta norma es una de las demandas clásicas de las víctimas del franquismo porque consideran que causa impunidad.

Además, establecía una comisión de la verdad y un Instituto Público de la Memoria como archivo documental. También se reforzaba el estudio de la Guerra Civil y el Franquismo en las aulas de primaria y secundaria. En cuanto a la simbología franquista, la ley contemplaba sanciones para aquellos que se resistieran a eliminar los vestigios y homenajes fascistas de la época.

Eliminarán una ley que no había llegado a dar resultados

La ley no se ha aplicado porque “no está reglamentada ni tampoco está presupuestada”, lamenta Paqui Maqueda, presidenta de Nuestra Memoria y miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA). La falta de dotación presupuestaria ha evitado que se pueda llevar a cabo la apertura de fosas comunes. “Después de 36 años de gobierno del PSOE la gente sigue en las cunetas. Blas Infante está enterrado en una de las mayores fosas de Sevilla, Lorca sigue perdido en uno de los barrancos...”, resume a modo de crítica.

Pero la peor parte no es tanto la simbólica como la cotidiana. Aquella que afecta a las familias que llevan años buscando a sus familiares y recuperaron sus esperanzas con la ley de memoria andaluza. Silvia Álvarez psicóloga y presidenta de la Asociación Foro por la Memoria del Bajo Guadalquivir conoce bien a muchas de estas familias. “Nunca se les ha tomado como víctimas y siempre se les ha puesto en duda. Les han dicho siempre que olvidaran la política y se han acostumbrado a agachar la cabeza, pero llevan el trauma durante toda su vida”, indica.

La activista recuerda un caso especial, el de J., una mujer de 80 años a cuyo padre asesinaron en el muro del cementerio de Sevilla y que había empezado a confiar en su exhumación. Como tantos otras personas, probablemente fallezca sin haber podido recuperar el cuerpo de sus seres queridos. "Muchas veces se menosprecia la memoria histórica como si fuera un asunto meramente político, pero estas personas necesitan recuperar los cuerpos de sus familiares para poder superar el duelo de su muerte. Da igual los años que pasen", explica.

Tampoco se ha producido a tiempo el desarrollo reglamentario que obligara a los alcaldes a retirar la simbología franquista. Todavía no se han ejecutado las sanciones establecidas en la ley para aquellos consistorios que, una vez vencido el plazo establecido por la ley de 18 meses, no han eliminado estos símbolos. Por ejemplo, sigue habiendo 40 colegios con nombres relacionados con el franquismo.

Asimismo, uno de las humillaciones más flagrantes para las víctimas es que Queipo de Llano, cabecilla del golpe militar y responsable de una brutal represión en Andalucía, siga enterrado con honores en la basílica de La Macarena, en Sevilla. A pesar de que la ley de memoria histórica es contraria a que sus restos descansen en este lugar de acceso público, continúan allí. Los colectivos memorialistas denuncian la connivencia del Gobierno de Andalucía con el Ayuntamiento de Sevilla y las autoridades de la basílica, contrarios a trasladar sus restos.

Otro de los cambios que no se verán, al menos en el corto-medio plazo, son los educativos. Estos ocasionaron los mayores encontronazos con PP y Ciudadanos en el momento de su aprobación. “El avance de Vox y el PP puede llegar a ser una tragedia, pero el PSOE no debería haber dejado tantas asignaturas pendientes”, concluye Maqueda.