Morir en aislamiento

BARCELONA.- Gina tenía 20 años y perseguía un sueño. Dice su hermana que ella quería viajar a París, estudiar fotografía y aprender francés: “Le encantaba el arte. Le gustaba cantar y bailar -bueno, cantar no lo hacía muy bien,  pero lo intentaba-”, recuerda ante cerca de un centenar de personas que se concentran en la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Pero el sueño de Gina, como el de tantas otras personas presas, murió entre rejas. El pasado 5 de agosto Gina Katherine Gómez no pudo más y se suicidó en la prisión de Brians I, después de entrar por segunda vez en seis meses en régimen de aislamiento. Micro en mano y ante decenas de personas, la hermana de esta joven exclama: “por ella y por todos los que hoy ya no están, ni un minuto más de silencio”.

Andrés García Berrio, abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos Irídia, asegura que el DERT (Departamento Especial de Régimen Cerrado por sus siglas en catalán) es un mecanismo que puede llegar a romper emocionalmente a una persona de forma irreparable. “No tiene ningún sentido que en pleno siglo XXI haya personas encerradas 21 horas al día durante meses o incluso años”, denuncia el letrado. En 2015, de hecho, Amnistía Internacional ya denunciaba que el régimen de incomunicación “facilita la práctica de la tortura y los malos tratos y atenta contra los derechos básicos del detenido”. Por ese motivo, familiares de personas presas y entidades por los derechos humanos se concentraron el pasado martes bajo el lema “No más muertes en prisión”.

Las autolesiones se duplican

La prisión rompe. Rompe por fuera y rompe por dentro. Según datos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, autoridad competente en materia penitenciaria en Catalunya, los casos de autolesiones por parte de personas presas se han incrementado durante la última década hasta duplicarse. Así, en 2008 se registraron 164 casos de lesiones autoinflingidas en las cárceles catalanas, mientras que en agosto de 2018 la cifra ya ascendía a 368 desde enero, superando el total del año anterior. En muchas ocasiones, las autolesiones se producen mientras los presos se encuentran en régimen de aislamiento y a veces son el preludio de crisis más graves que terminan en suicidio.

Uno de los casos que consiguió salir a la luz fue el de Raquel, una mujer que pasó los últimos siete meses de su vida encerrada durante 21 horas al día y que, tras varias autolesiones y después de alertar al psiquiatra de sus intenciones, se quitó la vida el 11 de abril de 2015. Una extensa investigación llevada a cabo por el anuario Media.cat detallaba que, pese a los múltiples avisos de Raquel, los informes psiquiátricos determinaron que no había indicios suficientes para aplicar el protocolo establecido ante riesgo de suicidio.

Muertes desconocidas

En los datos que publica el Departamento de Justicia de la Generalitat hay siete causas con las que se clasifican las muertes de personas presas, entre las cuales aparecen el sida y los accidentes. De las siete causas, las más comunes en la última década han sido, en primer lugar, las muertes por “otras enfermedades” (cualquier otra enfermedad que no esté relacionada con el VIH), seguida por las muertes por causa “desconocida” y, en tercer lugar, la sobredosis. Este año, de las 25 muertes en prisión registradas hasta septiembre, casi la mitad se han catalogado como defunciones por causa desconocida.

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como reglas Nelson Mandela, exigen que “toda muerte, desaparición o lesión grave de una persona privada de libertad sea comunicada a una autoridad competente e independiente que esté capacitada para investigar de manera imparcial y efectiva las circunstancias y las causas de estos casos”. En ese sentido las entidades y familiares de personas presas denuncian la opacidad, el silencio y la vulneración de derechos que hay en prisión y aseguran que “en las cárceles se producen abusos de poder que no se investigan de la forma adecuada”.

'Cosas que pasan' en prisión

Juana Bárbara Orraca es la madre de Lewis, un joven de 29 años que ingresó en la prisión de Brians I el año pasado. Bárbara visitó a su hijo un sábado y notó en él unas enormes ganas de reponerse de ese episodio en la cárcel y de salir reforzado: “Lo que más le gustaba a él en la vida era vivir”, explica. Ese mismo sábado por la noche, durante un registro en la celda de Lewis, los funcionarios encontraron una piedra de hachís. Bárbara cuenta que en algún momento, durante el registro, los uniformados rompieron una foto del hijo de Lewis y que este se enfadó. Como consecuencia, lo mandaron de nuevo a la celda de aislamiento donde ya había pasado una semana. “Cinco días más tarde llamaron a la expareja de Lewis para decirle que se había ahorcado entre las cuatro y las seis de la tarde”, explica Bárbara.

Al día siguiente la familia de Lewis fue al centro penitenciario para buscar respuestas y la primera que tuvieron por parte de un funcionario, cuenta Bárbara, es que “son cosas que pasan”. Esa fue la única explicación que dieron ante el suicidio de una persona que cinco días antes había manifestado sus ganas de recuperarse. Un año después de esa terrible llamada de teléfono, la madre del joven todavía tiene muchas preguntas que no han sido contestadas. ¿Hay alguna foto del momento en el que encontraron el cuerpo? ¿Qué pasó ese día? ¿Había manifestado Lewis tener alguna necesidad? ¿Qué funcionarios estaban a su cargo en el momento de su muerte? ¿Salió ese día al patio? Pero Bárbara no se rinde: “Si hace falta, me encadenaré a la Estatua de la Libertad, porque no habrá nada en el mundo que me pare, son muchas muertes ya”.

Justicia paso a paso

Para Andrés García Berrio, del Centro Irídia, las dudas que asaltan a las familias de las personas que han muerto en prisión son, cuando menos, razonables. “Si tú pides una explicación a la persona que ha estado custodiando a tu hijo y lo que te dan son respuestas difusas y contradictorias, lo normal es que surja la duda de si la muerte se ha producido por suicido o si ha podido haber otra causa”, explica el abogado. En el caso de Gina, la familia pidió una segunda autopsia después de que las autoridades pertinentes se negaran a permitir el acceso al expediente médico, al expediente disciplinario y a las cámaras de seguridad. “En este caso, se nos denegó todo”, explica Andrés García. De momento el cadáver de esta joven sigue congelado a la espera de poder esclarecer las circunstancias de la muerte.

Según explica el abogado experto en derechos humanos, lo primordial para que haya justicia es conocer la verdad: “Es importante saber qué pasó en los días o semanas previas a la muerte de una persona presa”. En segundo lugar, explica el abogado, “hay que determinar si hubo negligencias personales o a nivel sistémico y, en ese caso, se exigirán responsabilidades”. Por último –concluye el letrado-, “se exige una garantía de no repetición que trabaje para minimizar las muertes y, en concreto, para acabar con el régimen de aislamiento”. Al final de la concentración en el centro de Barcelona, los concentrados anunciaron en un manifiesto su intención de “impulsar una lucha que cuestione un sistema penitenciario obsoleto que daña profundamente a las personas y, como consecuencia, a la sociedad”.