La historia tras la primera foto que documentó la muerte de un migrante en el Estrecho

El 2 de noviembre de 1988, coincidiendo con el Día de los Difuntos, el Diario de Cádiz publicaba la imagen que ilustraba la primera muerte documentada de una persona migrante en el Estrecho de Gibraltar. La primera de las 6.714 personas que, se estima, han desaparecido o muerto en esta parte del mar Mediterráneo.

La foto, captada por el periodista Ildefonso Sena, muestra el cuerpo sin vida, varado en la arena de la playa gaditana de los Lances, de un joven marroquí de Nador, que había pagado 35.000 pesetas para cruzar el Estrecho. Un sueño truncado en un naufragio que dejó un muerto, 18 desaparecidos y cuatro detenidos.

Barcos pesqueros, nodrizas, pateras, embarcaciones neumáticas, cayucos, llantas de camiones, tablas de windsurf o motos acuáticas han sido los medios que, ante la falta de vías legales, 235.568 personas, han utilizado para cruzar los 14 kilómetros de mar que separan la orilla africana de la europea.

Tres décadas que la ONG Andalucía Acoge y la Fundación Por Causa, han querido documentar a través del informe “Recorrido migratorio: 30 años de muertes en el Estrecho”.

En él desglosan por años los “hechos históricos que han marcado la realidad migratoria”, en ese lugar de la geografía española, que desde Europa es nombrada como “frontera sur”, pero que quienes han de atravesarla, ya sea por motivos laborales, por razones políticas y sociales, huyendo de guerras, persecuciones o fuertes vulneraciones de los derechos humanos, la ubican en el norte.

La primera Ley de Extranjería de 1985, que en el informe se presenta como “restrictiva, que hacía casi imposible la entrada y permanencia legal de la persona inmigrante al dificultar todo el proceso de obtención y renovación de permisos de estancia y trabajo”, marcó la hoja de ruta de las políticas migratorias en los últimos años y que se modificó en 2009 “con puntos polémicos como el aumento del periodo máximo de internamiento de los sin papeles de 40 a 60 días o la limitación para los mayores de 65 años de la reagrupación familiar”. Aunque también se valora los “logros”, como “dar protección hasta sentencia a las mujeres extranjeras en situación irregular que denuncien ser víctimas de violencia de género o mejoras en otros aspectos del reagrupamiento familiar”.

A comienzos de los 90 fue cuando esas medidas represivas que llegan hasta nuestros días, empezaron a hacerse tangibles, con la construcción “de las primeras vallas fronterizas terrestres de la Unión Europea con África en Ceuta y Melilla” o con la apertura en 1992 del Centro de Internamiento de Extranjeros en Tarifa, “inicialmente proyectado como Centro de Acogida” pero que un año más tarde se cierra “por malas condiciones y denuncias constantes”.

Aunque el documento se centra en el Estrecho, también señala datos y fechas que aluden a otros puntos geográficos relevantes. Como la tragedia del Tarajal en Ceuta en el año 2014 o la llegada de dos jóvenes saharauis en la primera patera a las Islas Canarias en agosto de 1994, abriendo así una nueva ruta de entrada a Europa que se consolidaría en los siguientes años, pero que empieza a cerrarse en 2006, con la aprobación del “Plan África”. Una medida que ha servido de referente para otros tratados fronterizos europeos, como el de UE-Turquía en 2016 o el de UE-Libia en la actualidad.

Han pasado 30 años de aquella dramática imagen y poco ha cambiado esta historia en la que, como como concluyen los autores del informe, “se repite, la arbitrariedad y el parcheo son el eje transversal en las políticas migratorias, la ausencia de recursos de acogida se mantiene, la muerte sigue acompañando a la inmigración”.

Como ejemplo, basta hablar con Helena Maleno, periodista y activista del colectivo Caminando Fronteras, que recuerda que desde “hace tres días una patera con 54 personas está desaparecida”.

Para ella, este periodo ha estado marcado por “el discurso de los gobiernos” que “han normalizado el mensaje entre la población de que el control del territorio está por encima del derecho a la vida y es normal que las personas se ahoguen en el mar”. Una retórica de la que, señala, “también se han alimentado las redes criminales y las empresas que controlan el negocio de las fronteras”. Por eso, “es obligación de la sociedad civil decirle a los gobiernos que debe ser protegido el derecho a la vida y así revertir todo ese discurso racista que se ha hecho de las fronteras”.

Un empeño que no cesa, a pesar de vivir en primera persona la criminalización de quienes ayudan a salvar vidas, al ser procesada en Marruecos por sus avisos a Salvamento Marítimo para evitar naufragios en el mar de las personas en tránsito.