Cerca de 100 colectivos se “moverán” en todo el Estado: “La próxima crisis no la pagamos”

Varias de las organizaciones sociales más importantes del país vienen preparando desde el pasado mes de mayo una gran movilización en todo el Estado. Critican que durante los diez años posteriores a la crisis la ciudadanía ha ido pagando “las facturas de un sistema injusto” y lanzan una advertencia: “la próxima crisis a la que nos abocan los poderes no la vamos a pagar”. Bajo el lema, “si no nos movemos nada cambia” más de 90 organizaciones de todo el Estado han convocado acciones descentralizadas el próximo 24 de octubre y una manifestación conjunta a nivel estatal que el 27 de octubre partirá a las 18.00 de la tarde de Atocha y culminará en la Puerta del Sol (Madrid).

Entre los colectivos organizadores de esta movilización se encuentran la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ecologistas en Acción, ATTAC España y No+Precariedad. Sus portavoces han explicado este miércoles los motivos para salir a la calle y han defendido la necesidad de aunar sus causas. “La propuesta surgió mucho antes de la moción de censura y, después, consideramos necesario seguir adelante hasta que veamos satisfechas nuestras demandas”, ha manifestado Cuca Hernández, coordinadora de ATTAC España.

Según ha confirmado la organización, la movilización se va a expandir al menos en Asturias, Cataluña, Castilla y León, Euskadi, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Andalucía. Les apoyan sindicatos no mayoritarios como CGT y CNT, además de Podemos, Izquierda Unida y el PCE. Al ser preguntados sobre el resultado de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado que han realizado estas fuerzas políticas con el Gobierno, los colectivos coinciden: “es un paso importante, pero insuficiente”.

El pacto entre Podemos y el Gobierno contempla la subida de la paga de los pensionistas con arreglo al IPC para 2019, más un 3% las más bajas. La Coordinadora Estatal de pensionistas se posiciona en contra de “la temporalidad del acuerdo”, según ha explicado este miércoles uno de los portavoces, Leopoldo Pelayo. Si no se eliminan las reformas de 2011 y 2013 se volverá de nuevo a “la subida del 0,25” cuando “sabemos que la inflación se sitúa en el 2,3%”, ha explicado.

Por otro lado, el portavoz de la PAH Paco Morote ha criticado que el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la formación morada no incluya medidas para movilizar la vivienda vacía, “cuando existen 3,5 millones de casas vacías que potencian la subida de los precios del alquiler a ritmos cercanos a la épica de la burbuja”.

Además, ha recordado que la plataforma ha llevado al Congreso de los Diputadas la propuesta conocida como “ley de vivienda de la PAH”, pero que ya se ha enfrentado a la primera prórroga pedida por PP y Ciudadanos. En este sentido, ha advertido que se siguen produciendo 183 desahucios al día y que en el Congreso se está tramitando la ley de crédito hipotecario de Luis De Guindos que desempolvaría cientos de miles de ejecuciones hipotecarias que ahora mismo están paralizadas. “Debemos movilizarnos para que los poderes económicos sepan que no estamos dispuestos a retroceder”, ha indicado.

Ejes de la movilización: derechos, redistribución, ecologismo y vida digna

El primer punto de la movilización será “la conquista de derechos”. Los diversos colectivos no se conforman con recuperar “los derechos perdidos por el austericidio” de la crisis, sino que exigen avanzar en la conquista. Por eso, apuestan por derogar las reformas laborales y blindar en la Constitución los derechos de servicios públicos, la educación laica y gratuita y el derecho a la vivienda. En este sentido, María Peinado de Red Estudiantes y de No+precariedad ha llamado a acabar con los trabajos mal remunerados, el sexismo en las aulas y la subida de alquileres que los jóvenes no pueden pagar. “Creemos que la juventud ha entendido la precariedad como algo normal: que lo normal es pagar 2.000 euros de matrícula en una universidad pública, que hay que trabajar para costearla y que hay que pagar por trabajar con una asignatura de prácticas que te cuesta 200 euros”, ha lamentado.

Segundo, la movilización apuesta por “redistribuir la riqueza”. En este punto, Hernández ha manifestado que “los derechos se tienen que financiar” y para ello hay que eliminar las amnistías fiscales, la evasión y los paraísos fiscales, además de unos impuestos progresivos y solidarios. “Se ha dado un paso interesante en los nuevos presupuestos, pero no es suficiente”, ha lamentado. “Falta apoyo a los técnicos de Hacienda, sanciones firmes a bancos y despachos que facilitan la evasión fiscal, una banca pública al servicio de la ciudadanía, auditoria de la deuda y eliminación del 135 de la Constitución, que prioriza los derechos de los acreedores sobre la ciudadanía, además de un impuesto a las transacciones financiaras”, ha resumido.

En tercer lugar, se pedirá “recuperar el planeta”. La portavoz de Ecologistas en Acción María Botella ha detallado los puntos más importantes de la protesta ecologista. “Estamos saliendo de la crisis, pero si miramos a nuestro alrededor es fácil darse cuenta de que las condiciones de la vida no han mejorado y que no hay una mayor protección del medioambiente, más bien al contrario”, ha criticado. Las demandas son un nuevo modelo energético, basado en el ahorro y en la eficiencia; el abandono de las fósiles y la nuclear; el fin del impuesto al sol; la eliminación de la pobreza energética; la supresión de los grandes proyectos mineros, que "destruyen el entorno"; el fin de las grandes obras de infraestructura como embales o aeropuertos; la apuesta por el tren convencional para todos en lugar del AVE para unos pocos; el rechazo a las macrogranjas y la contaminación; además del impulso al mundo rural vivo y al empleo digno.

Por último, la movilización defiende “una vida digna”, es decir armonía y respeto por la naturaleza, Renta Básica, la derogación de la Ley Mordaza, un sistema de justicia imparcial y no patriarcal, así como unas políticas migratorias que permitan la libre circulación de las personas y que garanticen los derechos de las personas migrantes. También apuestan por la conciliación y la constitucionalización del “derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo”.