Víctor Lapuente: “La corrupción se previene, no se combate”

Víctor Lapuente, profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), lleva años estudiando uno de los problemas que más preocupa a los españoles: la corrupción. Junto a Carl Dahlström, catedrático de su misma universidad, ha escrito el libro ‘Organizando el Leviatán’ (Deusto,2018), en el que analizan qué factores hacen que unos países sean más corruptos que otros.

Su estudio está lleno de datos, ejemplos y referencias. Aunque Marbella o el caso Gürtel aparecen en sus páginas, Lapuente y Dahlström ponen la lupa en casos individuales para demostrar que no lo son. Durante sus más de 330 páginas se esfuerzan por demostrar que poner la carrera de los funcionarios al servicio de la clase política hace que fallen los controles que vigilan que no se produzcan cohechos y expolios a las arcas públicas: “La corrupción es un trabajo en equipo”.

— Si España tuviera que pasar un examen de corrupción, ¿en qué nivel estaría?

— Los expertos distinguen entre corrupción política y administrativa. Esta última se da cuando los ciudadanos tenemos que pagar mordidas a la administración, es decir, a la Policía, a los profesores en los colegios o cuando usamos la sanidad. Es un problema muy frecuente en todo el mundo, especialmente en el este de Europa, pero también en el sur de Italia o Grecia, pero aquí no. Tenemos poca experiencia directa con estos casos, pero sí tenemos bastante más con la corrupción política, que es la que se da en las cúpulas de las administraciones públicas. Los poderes económicos intentan obtener contratos o favores de los políticos. En los indicadores internacionales no estamos muy bien.

— Empecemos por la parte positiva, ¿por qué en España no hay casi corrupción administrativa? ¿Tiene que ver con un Estado del Bienestar bastante desarrollado?

— Tiene que ver con un Estado del Bienestar bastante desarrollado y con una tradición de la burocracia meritocrática en su base. Aún con toda la rigidez y los problemas de las oposiciones, ha funcionado de una manera limitadora con la corrupción. Otro factor son unos salarios en el sector público decentes que hacen que sea más difícil sobornar a un empleado público. Hemos hecho algunas cosas bien históricamente.

— En su libro hablan de que una parte de la corrupción política tiene que ver con cómo está diseñado el sistema, con que políticos y funcionarios tienen intereses comunes, ¿por qué ocurre y cómo se puede cambiar?

— Es una teoría con la que llevamos trabajando desde hace bastante tiempo. A su manera, ya la expusieron Max Weber y otros expertos, que ya advertían de que hay que separar política y administración. No tanto porque los políticos tomen decisiones y los funcionarios las ejecuten, sino porque es una visión muy decimonónica. Hoy en día las grandes decisiones políticas tienen unos componentes técnicos de gran complejidad y, por tanto, los políticos necesitan que los funcionarios se involucren. Hoy en día los estados toman grandes decisiones porque controlan directamente la mitad del PIB e indirectamente la otra mitad, con lo cual, las posibilidades de corrupción son enormes. Si miramos todos los casos de corrupción que hay no tienen nada que ver con los de hace décadas, cuando pagabas directamente a un político. Ahora la corrupción es un trabajo en equipo. Requiere de funcionarios que miren para otro lado, connivencia entre miembros del partido, del sector público y el privado… Tiene que haber unos mismos intereses para que eso funcione y la mejor manera de evitarlo es poner a trabajar a gente con intereses distintos. Si la carrera política de los funcionarios depende del político de turno, van a mirar hacia otro lado. Eso es lo que ha ocurrido en España. El caso de Ana Garrido [una extrabajadora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en España no se lo estamos poniendo muy fácil a los agentes del sector privado para que se pasen a la política que denunció el caso Gürtel y Premio Anticorrupción 2018] es de libro.

— Hace poco hemos visto que el Gobierno integraba a Soraya Sáenz de Santamaría en el Consejo de Estado, ¿esto qué lectura tiene desde la perspectiva de los intereses?

— Creo que en España, como en todos los países, tiene que haber buenas salidas para los políticos. Si no hay buenas salidas, no vamos a tener buenas entradas. En España se habla mucho de las puertas giratorias, pero yo creo que un problema que tenemos es la fácil traslación que se produce entre altos funcionarios y políticos, que también acaban yendo luego a empresas privadas. Creo que en España no se lo estamos poniendo muy fácil a los agentes del sector privado para que se pasen a la política y sí hay más facilidad entre los funcionarios. Deberíamos equilibrar esas opciones porque si no nos vamos a quedar en una política monopolizada por altos funcionarios. Creo que eso le resta representatividad.

— Se supone que el Gobierno del PSOE ha subido el listón respecto a la corrupción, ya han dimitido dos ministros, ¿pero esto es realmente un buen mecanismo anticorrupción? Después de algunos casos, los currículums de los políticos se examinan con lupa...

— Creo que el problema que tenemos en España es poner demasiado el foco en los políticos. La corrupción no es solo una cuestión de los partidos, sino de las instituciones. Si fuera un problema solo de los partidos habría unas formaciones corruptas y otras no. Sin embargo, la corrupción se da en todos los partidos. Con lo cual, cuando llegan al poder, los partidos tienen una gran capacidad para nombrar a los cargos y se genera esa colonización de la administración.

Solo estamos mirando la capa superficial, que son los políticos, y no el resto del sector público. Es normal, los políticos dan titulares, pero no creo que sea la forma más efectiva de luchar contra la corrupción.

— La corrupción preocupa a los españoles. Se ve en cada encuesta del CIS. ¿Esa alarma social que crean los casos se corresponde con lo que se ha hecho después a nivel legislativo para evitar que se repitan?

— La experiencia de otros países nos ha enseñado que no solo se lucha contra la corrupción, sino también prevenirla. Las medidas en España han sido incrementar los castigos o poner más medios para perseguir a los corruptos. En otros países ponen medidas para prevenir. Eso se hace con pesos y contrapesos en la administración como los que sugerimos en el libro: funcionarios que no dependan de sus superiores políticos, pero también otras medidas. La corrupción se previene, no se combate. A posteriori es demasiado tarde. El daño ya se ha causado. Además algunas agencias anticorrupción acaban siendo capturadas por empresas corruptoras.

— ¿Y cómo puede afectar a la prevención de la corrupción esta práctica tan endogámica por la que algunos cargos políticos han trabajado toda la vida en los partidos antes de saltar a un cargo público?

Es otro de los problemas que tenemos derivados de la alta colonización política de la Administración. En otros países, los partidos son formas de agregar las preferencias políticas y buscadores de políticas, es decir, gente que quiere políticas educativas, de seguridad, etc. Pero además de buscadores de políticas hay buscadores de cargos. Los partidos han funcionado bastante bien como agencias de colocación.

— Comentemos uno de  sus casos favoritos: Marbella, ¿cree que podría volver a pasar lo mismo en otro ayuntamiento ?

Creo que ahora sería más difícil. Antes se pensaba, no solo en España sino en todo el mundo, que la corrupción casi no tenía efectos negativos o que incluso podía tener efectos positivos para el municipio, que de alguna manera engrasaba las ruedas del gobierno, la expresión grease the wheel. Pero ahora los expertos se han dado cuenta que realmente es sand the wheels, es decir, 'arenas en la rueda' y que dificulta el crecimiento económico.

Se ha notado de una manera muy palpable en el caso español. Creo que ese tipo de excesos que se produjeron en Marbella serían difíciles de repetir en la actualidad. Pero aún hacen falta mecanismos institucionales que prohíban a los alcaldes construir paraadministraciones donde puedan ser los dueños del cortijo. Quedan demasiadas administraciones en España donde potencialmente podría darse otro caso porque no existen los controles.