Raquel Montón (Greenpeace): «La ‘ley mordaza’ nos obligará a replantear nuestras formas de protesta»

El juzgado de lo penal número 11 de Valencia ha condenado a Greenpeace y a 16 activistas de la organización a pagar 19.512 euros por irrumpir en la central nuclear de Cofrentes el 15 de febrero de 2011 y pintar en una de sus torres las palabras "Peligro nuclear". Iberdrola, propietaria al 100% de la central valenciana, solicitaba indemnizaciones por valor de 357.371 euros y penas de hasta dos años y ocho meses de cárcel para los activistas y para el fotógrafo independiente Pedro Armestre (finalmente absuelto de todos los cargos). "La sentencia no es firme y se abre un plazo de diez días en el que cualquiera de la partes podrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial", aclara Greenpeace en su página web.

Raquel Montón es la portavoz de la campaña antinuclear de Greenpeace.

— ¿Es una sentencia justa?

— Estamos valorándola. Pero lo que la sentencia demuestra incontestablemente es el carácter pacífico de la protesta [entre las acusaciones desestimadas estaba la de haber cortado la barriga de uno de los operarios de la central].  Se nos acusaba de tres delitos, pero  al final nos han exonerado del de lesiones y desórdenes públicos. La sentencia es por daños a la valla y por la pintada de la torre de refrigeración. Por supuesto, es mucho más proporcionada a la exageración que nos pedían.

— La verdad es que 357.000 euros por una valla rota y una pintada suena un poco excesivo.

— Nos pedían esa cantidad porque cuando entramos activaron la alerta de emergencia, que solo se activa en casos de peligro radiactivo. Paralizaron a todo el personal de la central.

— ¿En algún momento os planteasteis la posibilidad de tener que pagar 357.371 euros por una pintada? ¿Qué porcentaje supondría ese dinero sobre vuestro presupuesto anual en España?

— Hubiera sido tremendo. Nosotros no recibimos subvenciones. Nos financiamos exclusivamente de las cuotas de los socios. Son unos 100.000 y pagan entre 6 y 7 euros al mes. Echa cuentas de lo que nos hubiera supuesto.

— Los condenados alegaron durante el juicio que no habían sido convocados por Greenpeace. Que actuaron a título individual. ¿Mantenéis esa versión tras la sentencia?

— Son acciones de protesta avaladas y refrendadas por Greenpeace. Pero los activistas actúan de forma voluntaria e independiente. Greenpeace aplaude estas acciones [de hecho, Greenpeace les aportó asistencia letrada].

— ¿Vais a recurrir la sentencia como organización o serán los demandados los que lo hagan a título individual?

— Lo estamos estudiando.

— Muchos movimientos sociales están denunciando que se ha endurecido la presión ciudadana. ¿La denuncia por la pintada de Cofrentes se puede interpretar en esa línea? ¿Se siente Greenpeace más perseguido que hace unos años?

— Sí. Y el hecho de que el último día de este juicio coincidiera con la aprobación de la Ley Mordaza no deja de ser simbólico. Esta vez hemos tenido el amparo de los jueces. Pero cuando se empiece a aplicar la ley, las sentencias por este tipo de acciones van a depender de lo que diga un policía.

— Al final, aunque no parece muy dura la sentencia, las multas recaen sobre los activistas: gente para que la acción va a significar un dinero. ¿Realmente se consigue asustar a los ciudadanos para que se queden en casa y no se movilicen?

— Claro que se consigue. Pero el deber de proteger el medio ambiente es un mandato constitucional. No vamos a dejar de hacerlo. La protesta pacífica es un derecho. Está claro que sí está funcionando la persecución de la protesta pacífica a través de multas intimidatorias. Pero no nos vamos a dejar intimidar. Eso sí, la Ley Mordaza nos obliga a replantear nuestras formas de protesta.